El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) registró el pasado 14 de enero de 2026 la vivienda de la periodista Hannah Natanson, reportera del Washington Post, en Virginia, en el marco de una investigación sobre la presunta filtración de información clasificada relacionada con un contratista del gobierno. La medida ha generado preocupación hacia la libertad de prensa, pues expertos califican el operativo como inusual y potencialmente lesivo para las garantías del periodismo.
Según el propio Washington Post y autoridades, el allanamiento se produjo en el contexto de una investigación judicial a Aurelio Perez-Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de retener de forma ilegal documentos clasificados del gobierno. El FBI ejecutó una orden judicial y confiscó varios dispositivos electrónicos de la vivienda de Natanson, incluidos su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, aunque tanto ella como el periódico no figuran como sujetos formales de la investigación.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, defendió la operación señalando que la periodista habría estado “obteniendo y reportando información clasificada y filtrada ilegalmente” de un contratista del Pentágono, justificando la acción como necesaria para proteger la seguridad nacional. Las autoridades dijeron que la orden fue emitida a solicitud del Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia y el FBI.
Sin embargo, el allanamiento ocurre mientras Natanson cubre temas sensibles como la reestructuración del empleo federal bajo la administración de Donald Trump, y tras un reportaje basado en comunicaciones con empleados federales. El operativo ha generado reacciones tanto dentro del gremio periodístico como entre defensores de las libertades civiles.
Representantes como Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, han señalado que las búsquedas físicas de dispositivos personales y domicilios de periodistas son medidas altamente invasivas que pueden poner en riesgo la confidencialidad de las fuentes y la capacidad de los medios para informar sin intimidación.
El incidente fue descrito internamente en el Washington Post como extraordinario y agresivo, y plantea serias preguntas sobre las protecciones constitucionales del periodismo en Estados Unidos. Grupos como el Knight First Amendment Institute han pedido explicaciones públicas detalladas sobre la base legal del registro, subrayando que tales acciones pueden tener un efecto de enfriamiento sobre informantes y fuentes que temen represalias.
El operativo contra la periodista del Washington Post se inscribe en un contexto de creciente hostilidad hacia la prensa, donde se han intensificado discursos, acciones legales y presiones directas contra periodistas críticos. En Argentina, el presidente Javier Milei ha sido señalado por la organización Amnistía Internacional como un agresor recurrente contra la libertad de expresión: en los primeros 180 días de su gestión, la organización documentó ataques verbales y judiciales contra más de 20 periodistas y figuras culturales, mediante insultos públicos y denuncias legales.
También, un informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expuso que el poder político fue el principal agresor contra periodistas durante 2024, llevando a cabo ataques físicos, ciberacoso, discursos estigmatizantes, violencia simbólica y restricciones al acceso a la información, de los cuales 56 de los ataques fueron protagonizados por Milei.
En Italia, el deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico también ha quedado en evidencia. En octubre pasado, el veterano periodista de investigación Sigfrido Ranucci, conductor del programa Report de la RAI, fue víctima de un ataque con explosivos contra su automóvil. Aunque no hubo heridos, el atentado se vio como una agresión directa a un modelo de periodismo crítico cada vez más debilitado, y puso en el centro del debate los intentos del gobierno de Giorgia Meloni por deslegitimar a la prensa incómoda y reforzar el control político sobre los medios públicos.
A su vez, Italia sigue siendo uno de los países europeos con mayor número de periodistas amenazados: más de 250 cuentan con protección policial y otros viven con escolta permanente.
En Estados Unidos, el episodio del FBI ocurre en una etapa marcada por tensiones abiertas entre Trump y los medios. En años recientes, se ha impedido el acceso de periodistas a ruedas de prensa de la Casa Blanca por el uso de términos considerados “no autorizados”, se han reducido fondos a medios públicos como mecanismo de presión editorial y se ha recurrido a demandas por difamación como forma de intimidación. Desde la campaña de reelección de Donald Trump en 2020, además, se documentó la creación de más de mil 200 micrositios digitales destinados a difundir mensajes favorables al gobierno, consolidando estrategias de desinformación y control de la narrativa pública.
Los ataques verbales directos también se han normalizado. Trump ha insultado públicamente a periodistas, como ocurrió con una corresponsal de Bloomberg, y ha reiterado el término “fake news” para desacreditar preguntas incómodas. En varias ocasiones, incluso ha solicitado retirar licencias de transmisión a cadenas como ABC, a las que acusa de difundir información falsa.
No pasa inadvertido que estos casos ocurren en contextos políticos dominados por gobiernos de derecha, donde el discurso de confrontación con la prensa crítica se ha vuelto cada vez más frecuente. Estos patrones reflejan una tendencia que debilita y condiciona el periodismo, donde el descrédito, la judicialización y la presión institucional se convierten en herramientas de control político.
