Un informe acusa de muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y detenciones sin debido proceso durante la estrategia de seguridad de Bukele.
El Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en El Salvador durante la vigencia del estado de excepción implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022.
La medida, instaurada para combatir a las pandillas y reducir la violencia, ha derivado, según el informe presentado, en asesinatos bajo custodia estatal, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y detenciones arbitrarias. En el marco del estado de excepción, al menos 403 personas han muerto bajo custodia del Estado, incluidos cuatro menores, entre 2022 y agosto de 2025.
El reporte, de 275 páginas, recoge testimonios de más de 1.700 personas y describe prácticas como golpizas, descargas eléctricas, desnudez forzada, privación de alimentos y falta de atención médica en centros penitenciarios. Señala más de 540 casos documentados de desaparición forzada y denuncia que miles de las más de 91.000 personas detenidas fueron encarceladas sin proceso.
Mientras tanto, el Gobierno salvadoreño rechazó las acusaciones, mientras que el procurador general, René Escobar, aseguró que no existe base jurídica ni fáctica para sostener que el Estado promueve violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sin embargo, organizaciones han documentado más de 6.400 denuncias de presuntas víctimas.
En 2025, El Salvador tuvo sólo 85 homicidios, según datos oficiales, mientras que en 2021, antes de la implementación del estado de excepción, fueron 1,147 homicidios. No obstante, el dilema viene de que el proceso tiene tintes autoritarios y que persiste la duda de que el proceso de detención sin regular puede derivar en el encarcelamiento de personas inocentes, que sufrirían los abusos y condiciones precarias.
