Por: Frank Alvarado
Casos como Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Borge y Guillermo Padrés reflejan casos donde exgobernadores huyeron tras acusaciones por corrupción, desvío y crimen organizado.
La reciente orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán por PRD, Silvano Aureoles, y la fuga de éste, quien habría sido apoyada por el crimen organizado, reavivó el debate sobre exmandatarios estatales que han sido acusados de corrupción y vínculos con el crimen organizado que han evadido a la justicia.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Javier Duarte (PRI), exgobernador de Veracruz, quien se dio a la fuga en 2016 tras ser acusado de desvío de recursos y operaciones con dinero de procedencia ilícita. Su administración estuvo marcada por casos como el de los medicamentos falsos a niños con cáncer en hospitales veracruzanos. Fue detenido en Guatemala en 2017 y posteriormente extraditado a México.
Otro ejemplo es César Duarte (PRI),exgobernador de Chihuahua, acusado de peculado y desvío millonario de recursos públicos, como la polémica operación zafiro, donde habría triangulado millones de pesos del erario interestatal mediante contratos simulados. Tras concluir su mandato, salió del país en 2017 y permaneció prófugo varios años hasta su detención en Estados Unidos en el año 2020.
En el caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington (PRI), fue señalado por lavar dinero y recibir sobornos de organizaciones criminales, como el Cártel del Golfo y Los Zetas, a quienes brindó protección. Yarrington huyó del país en 2012 y fue detenido en Italia en 2017, para después ser extraditado a Estados Unidos, donde se le imputaron cargos.
También destaca Roberto Borge (PRI), exgobernador de Quintana Roo, acusado de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y venta irregular de terrenos públicos. Borge intentó huir a Europa en 2017, pero fue detenido en Panamá antes de concretar su escape. Fue extraditado a México.
El PAN no se queda atrás y uno de los casos más señalados es el del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien fue acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Aunque no huyó del país, permaneció prófugo de la justicia durante un periodo antes de entregarse en 2016.
Estos casos exhiben cómo, durante años, gobiernos del PRI y del PAN permitieron y normalizaron prácticas de corrupción a gran escala, casos incluso vinculadas con el crimen organizado, dejando consecuencias profundas en las finanzas públicas y en la seguridad del país.
