La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación contra el juzgador, mientras autoridades estatales advirtieron que buscarán que el exfuncionario vuelva a prisión.
Lucio “N”, exdirector del DIF Jalisco, fue liberado este miércoles pese a haber sido vinculado a proceso por el delito de violación, luego de que un juez penal de control determinara su salida de prisión. El gobierno estatal calificó la decisión como irregular y anunció acciones contra el juzgador.
El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que el Consejo de la Judicatura suspendió al juez Luis Ignacio “N”, quien ahora enfrentará un proceso sancionador. Además, la Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación para determinar si incurrió en alguna irregularidad al conceder la libertad.
Zamora señaló que el delito por el que se acusa al exfuncionario amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que consideró injustificada su liberación. El funcionario aseguró que las autoridades ya trabajan para lograr la recaptura de Lucio “N” y sostuvo que no permitirán que posibles actos irregulares dentro del sistema de justicia queden impunes.
El exdirector del DIF fue detenido el fin de semana y posteriormente vinculado a proceso por hechos ocurridos en marzo de 2024. De acuerdo con la investigación ministerial, habría aprovechado su cargo para agredir sexualmente a una compañera de trabajo durante un supuesto curso laboral realizado en Tapalpa.
Según la Fiscalía, el entonces funcionario habría llevado a la víctima a un espacio vacío tras un cambio de sede y presuntamente la agredió. La mujer logró empujarlo y escapar del lugar. Aunque inicialmente se establecieron seis meses de prisión preventiva oficiosa, el exfuncionario permaneció encarcelado apenas unos días antes de obtener su libertad.
Lorenzo Salgado Araujo llevaba más de 35 años viviendo en Estados Unidos y estaba por regularizar su situación migratoria cuando fue abatido durante un operativo del ICE.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se negó a revelar la identidad del agente que disparó y asesinó al migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante un operativo realizado en Houston, Texas. La agencia argumentó que divulgar el nombre del oficial podría poner en riesgo su seguridad y confirmó que tampoco informará si continúa en funciones o si fue separado del cargo.
Lorenzo Salgado Araujo era un trabajador de la construcción que había vivido más de 35 años en Estados Unidos, no tenía antecedentes penales y se encontraba en la etapa final de su proceso para regularizar su estatus migratorio. El mexicano murió tras recibir un disparo durante una intervención de agentes migratorios ocurrida el pasado martes.
De acuerdo con la versión oficial, los agentes interceptaron la camioneta de Salgado porque semanas antes habían observado un vehículo similar en el domicilio de una persona investigada. El ICE sostiene que el mexicano embistió una unidad oficial, lo que obligó al agente a disparar en defensa propia. Sin embargo, tres personas que viajaban con él rechazan esa versión y aseguran que el disparo fue realizado directamente a través de la ventanilla del pasajero, sin que existiera una agresión previa.
La familia del migrante inició los trámites para obtener el cuerpo y realizar una necropsia independiente, al asegurar que no confía en las investigaciones de las autoridades estadounidenses. Además, el abogado Hugo Balderas Ibarra denunció que los agentes sí portaban cámaras corporales, pese a que las autoridades afirmaron lo contrario, y acusó un posible intento de ocultar las grabaciones del operativo.
El caso ha provocado críticas de activistas, organizaciones defensoras de migrantes y legisladores, quienes acusan al ICE de falta de transparencia y de encubrir la actuación del agente involucrado. También denunciaron que, tras el tiroteo, las autoridades confiscaron las pertenencias de Lorenzo Salgado y lo ingresaron al hospital como persona no identificada, pese a que ya conocían su identidad.
La FGE de Chihuahua determinó que la víctima fue responsable del atropellamiento y dejó en libertad al automovilista, una decisión que la familia califica como un nuevo caso de impunidad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, encabezada por la administración de Maru Campos, volvió a quedar bajo cuestionamientos luego de liberar al conductor señalado por atropellar y causar la muerte de Gerardo Pablo G., de 15 años, en el puente internacional Córdova-De las Américas, en Ciudad Juárez. La decisión provocó indignación entre los familiares del menor, quienes acusaron a la autoridad de favorecer al responsable y actuar con total ineficacia en la procuración de justicia.
El conductor, identificado como Valentín H. R., de 19 años, había sido puesto a disposición por elementos de la Guardia Nacional por el probable delito de homicidio imprudencial. Sin embargo, apenas 24 horas después, la Fiscalía estatal ordenó su liberación al concluir que el adolescente fue quien provocó el accidente al cruzar por una zona restringida para peatones.
Según la versión oficial, el atropellamiento ocurrió el 5 de julio en un tramo federal donde está prohibido el paso de personas. La dependencia sostuvo que la responsabilidad fue exclusiva de la víctima, argumento que permitió dejar en libertad al automovilista sin imponer medidas cautelares, una resolución que ha sido ampliamente cuestionada por la familia del menor.
Los familiares de Gerardo Pablo denunciaron que la actuación de la Fiscalía de Chihuahua estuvo plagada de irregularidades. Uno de sus tíos aseguró que existen videos de seguridad del Fideicomiso de Puentes Fronterizos que muestran al conductor intentando incorporarse de manera indebida a la fila de vehículos y que, tras impactar al adolescente, continuó su marcha y le pasó el automóvil por encima en un aparente intento por escapar del lugar.
Además, acusaron que agentes ministeriales les advirtieron que el caso sería tratado como una “culpabilidad compartida” y que, aun si rechazaban una compensación económica, el conductor recuperaría su libertad sin enfrentar consecuencias penales. Para la familia, la actuación de la Fiscalía de Maru Campos evidencia una grave falta de eficacia en la investigación, además de alimentar la percepción de impunidad en un caso que exige una revisión exhaustiva y el esclarecimiento de todas las circunstancias que rodearon la muerte del adolescente.
La dirigencia nacional morenista respaldó a María Felicia Jiménez tras denunciar presunta violencia intrafamiliar y aseguró que el caso será atendido sin privilegios ni protección política.
La dirigencia nacional de Morena manifestó su respaldo a María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, luego de que denunciara presuntos actos de violencia intrafamiliar. El partido guinda sostuvo que el caso debe investigarse con apego a la ley y reiteró que en la Cuarta Transformación no habrá espacio para la impunidad, independientemente del cargo o influencia de los involucrados.
Durante una conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que la organización rechaza cualquier forma de violencia, especialmente aquella ejercida contra las mujeres. La dirigente destacó la importancia de que las víctimas denuncien y aseguró que contarán con el respaldo de las instituciones y del gobierno federal para acceder a la justicia.
Montiel subrayó que quedaron atrás los tiempos en los que funcionarios o personajes cercanos al poder podían evadir responsabilidades. En ese sentido, sostuvo que las autoridades deberán actuar conforme a derecho y garantizar que el proceso se lleve a cabo sin privilegios. Asimismo, expresó su confianza en que la denunciante recibirá protección y acompañamiento institucional durante el desarrollo del caso.
La líder morenista también cuestionó el posicionamiento público emitido por Víctor Rodríguez, en el que pidió una investigación objetiva y el respeto a la presunción de inocencia. Para Morena, los señalamientos deben esclarecerse mediante las instancias correspondientes, priorizando siempre la protección de la víctima y el acceso a la justicia.
Por su parte, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y exsecretaria de las Mujeres, reconoció la valentía de María Felicia Jiménez por hacer pública la denuncia y destacó la rápida reacción de las instituciones encargadas de atender estos casos. También informó que se prevé una reunión con autoridades especializadas para dar seguimiento a la situación.
Finalmente, Hernández llamó a todas las fuerzas políticas y a la sociedad a impulsar un cambio cultural que contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres. Reiteró que las víctimas no están solas y enfatizó que cualquier agresor, sin importar su posición o trayectoria, debe enfrentar consecuencias legales. “No sólo debe haber una sanción social, sino también justicia”, concluyó.
La Secretaría Anticorrupción confirmó inhabilitaciones de hasta 20 años y sanciones superiores a 65 millones de dólares contra exfuncionarios ligados a un contrato firmado con una empresa israelí en 2015.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones y sanciones económicas millonarias contra dos exmandos de la extinta Policía Federal, señalados por el presunto desvío de recursos públicos vinculados a un contrato firmado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la dependencia, las investigaciones encabezadas por la Unidad de Combate a la Impunidad permitieron acreditar faltas administrativas graves relacionadas con el manejo irregular de más de 65 millones de dólares, recursos destinados al cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato suscrito en diciembre de 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD.
Entre las personas sancionadas se encuentra Frida M., ex secretaria general de la Policía Federal, quien recibió una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos, además de una indemnización económica. Asimismo, Damián C., ex titular de la División de Inteligencia de la corporación, fue castigado con 15 años de inhabilitación y otra sanción económica derivada de las irregularidades detectadas.
La Secretaría Anticorrupción precisó que las multas e indemnizaciones impuestas a ambos exfuncionarios superan en conjunto los 65 millones de dólares estadounidenses, cifra que refleja la magnitud del presunto daño ocasionado al erario. Además, señaló que el caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que mantiene abiertas investigaciones penales relacionadas con estos hechos.
En su posicionamiento oficial, la dependencia sostuvo que “quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo”, por lo que reiteró que continuará impulsando acciones para fortalecer la política de cero impunidad y combate a la corrupción dentro de las instituciones públicas.
Finalmente, la autoridad federal hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar posibles actos de corrupción mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, destacando que la vigilancia y protección de los recursos públicos también requiere de la participación social.
Integrantes del Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT) acusaron la falta de avances en la investigación del asesinato de dos activistas triquis y señalaron un aumento de la violencia en la región, sin respuesta efectiva de las autoridades.
A más de un año y medio del asesinato de las activistas triquis Adriana y Virginia Ortiz, ocurrido en noviembre de 2024 en la ciudad de Oaxaca, el caso sigue sin resolverse.
Integrantes del Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT) denunciaron la falta de resultados por parte de la Fiscalía estatal y señalaron omisiones del gobierno encabezado por Salomón Jara, frente al incremento de la violencia en la región.
Tras una movilización que concluyó en el Palacio de Gobierno, el coordinador estatal de MULT, Octavio de Jesús Díaz, indicó que aunque hay tres personas detenidas por el crimen, no se han registrado avances significativos en la investigación. Desde el inicio de la actual administración, al menos ocho mujeres triquis han sido asesinadas sin que los casos hayan sido esclarecidos.
Entre los implicados se encuentra un policía estatal en activo, de quien no se ha dado mayor información ni se han esclarecido las razones de su presunta participación. Señaló además que no existen avances en la identificación de las autoridades intelectuales del doble feminicidio.
De acuerdo con denuncias del propio movimiento, la violencia en comunidades indígenas como los triquis, han ido en aumento con recientes ataques armados sin respuesta de las autoridades. Familiares de las víctimas exigieron justicia, castigo a los responsables y acciones concretas que garanticen la seguridad en la región, al advertir que no permitirán que el caso quede en la impunidad.
La fiscal general acordó revisar protocolos y coordinación con fiscalías estatales ante el alarmante nivel de violencia e impunidad en México.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión de alto nivel con el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Humberto Henderson, para abordar el fortalecimiento de los protocolos de investigación en casos de agresiones contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, desapariciones y feminicidios.
El encuentro se realizó en un contexto marcado por la persistente violencia contra quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos, problemática que la ONU-DH documentó recientemente en el informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, presentado en Guanajuato.
De acuerdo con dicho informe, 376 periodistas, trabajadores de medios y personas defensoras fueron asesinados, desaparecidos o sufrieron atentados en México durante la última década. El oficial de la ONU-DH, Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, detalló que entre enero de 2016 y diciembre de 2025 fueron asesinados 89 periodistas, ocho trabajadores de medios y 181 defensores, además de 29 intentos de homicidio y 69 desapariciones.
Este viernes, me reuní con @HumbertoHe57613, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos @ONUDHmexico, para refrendar nuestro compromiso con los derechos humanos y establecer mecanismos para trabajar conjuntamente. Me acompañaron… pic.twitter.com/GdYFVah1gm
El diagnóstico revela fallas estructurales en los mecanismos de protección, ya que 72 víctimas contaban con medidas preventivas al momento de ser asesinadas o desaparecer. Asimismo, 80 víctimas fueron mujeres y al menos 105 defendían causas ambientales, sectores particularmente vulnerables.
Durante la reunión, se subrayó la importancia de una investigación penal eficaz como garantía del derecho a la verdad y la justicia, así como la necesidad de reforzar la coordinación entre la FGR y las fiscalías estatales, eje central del trabajo que impulsa Ernestina Godoy al frente de la institución.
La ONU-DH advirtió que no fortalecer las capacidades del Estado perpetúa la impunidad y mantiene el riesgo para la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en el país.
El pasado domingo 25 de enero (2026), en Salamanca, Guanajuato, un campo de fútbol amateur se convirtió en una espeluznante zona de guerra.
Hubo una masacre que dio como saldo 11 muertos y 10 heridos.
El supuesto móvil, aseguraron las autoridades estatales, habría sido una disputa territorial CJNG vs CSRL.
Lamentablemente, esta clase de ataques no son infrecuentes en la región. Guanajuato, desde hace años, está en garras del crimen organizado. Y es que, días antes (el pasado 20 de enero), en San Miguel de Allende se sufrió un ataque similar donde hubo tres víctimas mortales, incluyendo un menor de edad.
La respuesta de la Fiscalía de Guanajuato, bajo el mando de Gerardo Vázquez Alatriste, activó su maquinaria de relaciones públicas. Hubo operativos rápidos y mediáticos en las localidades de Villagrán y Juventino Rosas (bastiones del CSRL).
El resultado arrojó dos detenidos que fueron presentados como “trofeos”.
Las detenciones, sin embargo, no son fruto de una investigación sólida sino una acción de control de daños ante la presión mediática de las masacres.
¿Y sabe por qué? Porque Gerardo Vázquez Alatriste, el fiscal del estado de Guanajuato, no es un novato. Conoce perfectamente los asuntos judiciales y ministeriales. Lamentablemente, su historial está marcado por la gestión de la impunidad, no de la justicia.
Pero déjeme darle algunos antecedentes de Gerardo Vázquez Alatriste. El actual fiscal de Guanajuato, un personaje muy cercano a la gobernadora panista, Libia, Denisse, fue Fiscal Especial del caso Cardenal Posadas Ocampo. El resultado de su trabajo, como bien se sabe, ha dejado 30 años de impunidad, 100 tomos de papel y cero sentencias firmes por el homicidio.
Como delegado de la FGR, Gerardo Vázquez Alatriste es señalado por haber encubierto el desfalco de 50 millones de pesos en el ISSSTE.
Lo curioso es que Gabriel Cortés, en ese entonces director del ISSSTE, hoy es el actual secretario de salud de Guanajuato.
Lamentablemente, la gobernadora, Libia, Denisse, conocía perfectamente los señalamientos contra su secretario de salud y la negligencia de la obra fiscal, y aún así , ratificó a ambos impuestos clave de seguridad y de salud.
Guanajuato, desafortunadamente, ha perdido su característica definitoria: el uso legítimo y exclusivo de la fuerza. Hoy, el crimen organizado, parece marcar el rumbo de esa entidad mal gobernada por el PAN.
Seamos claros: las detenciones “exprés” tras estas masacres no buscan justicia real, sino calmar la ansiedad pública de manera momentánea. Es una performance de las autoridades de Guanajuato para simular que tiene el control, cuando, en realidad, la estructura criminal sigue intacta.
La gobernadora Libia Denisse debería entender que cuando ocurren masacres en espacios públicos, como sucedió el domingo pasado, en el campo de fútbol, y a plena luz del día, el mensaje es que el Estado queda reducido a un actor secundario. Los cárteles (CJNG y CSRL) ejercen la soberanía de facto sobre el territorio y sobre la vida de los ciudadanos.
El discurso del Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, quien presume que “Nuestro compromiso es la justicia”, genera una suerte de cinismo político. ¿Y sabe por qué? Porque, en tres semanas, Guanajuato lleva 53 asesinatos.
En Guanajuato, tristemente, la sociedad ya no espera justicia; espera sobrevivir. Las palabras de la fiscalía, avaladas por la gobernadora, se siente como “burlas” o, peor aún, como “ironías macabras”.
En Guanajuato, tristemente, las balas del crimen organizado matan cuerpos, pero la corrupción de la Fiscalía, infelizmente, mata la esperanza.
La Comisión de Justicia de Acción Nacional dio por cumplidas las sanciones a Jacobo Manfredo Bonilla pese a que fueron atendidas fuera de plazo y en otro ámbito jurídico.
El ex diputado local del PAN, Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, evitó cumplir las sanciones internas que le impuso en octubre pasado la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de Acción Nacional por violencia política contra las mujeres en razón de género, cometida contra una ex militante del partido.
Bonilla, quien fue aspirante a la dirigencia del PAN en la Ciudad de México, argumentó ante el órgano jurisdiccional partidista que las sanciones —disculpa pública, prohibición de acercamiento a la víctima y capacitación en perspectiva de género— ya habían sido cumplidas en un procedimiento distinto, resuelto en tribunales del Poder Judicial local.
Aunque la respuesta fue presentada fuera del plazo de 15 días naturales que establecía la resolución interna, la Comisión de Justicia validó el argumento y determinó dar por cumplida la sentencia, declarando el caso como “total y definitivamente concluido”.
Para la víctima, esta determinación carece de un análisis efectivo sobre el cumplimiento real de las medidas impuestas por el propio partido, especialmente al tratarse de una conducta calificada como falta grave en materia de violencia política de género. Señaló que la resolución no garantiza la reparación del daño, la prevención ni la no repetición, además de vulnerar su seguridad jurídica.
La afectada advirtió que, mientras ella se vio obligada a renunciar al PAN, Bonilla podrá continuar con sus actividades partidistas sin restricción, pese a la gravedad de los hechos acreditados.
Jacobo Manfredo Bonilla fue diputado local en dos periodos (2000-2003 y 2006-2009) y debía publicar una disculpa pública a su cargo y acreditar la capacitación correspondiente. No obstante, el pasado 6 de enero alegó que cumplir la sanción interna implicaría ser castigado dos veces por el mismo hecho, argumento que fue aceptado por la Comisión, lo que —según la denunciante— permitió al ex legislador “darle la vuelta” a la resolución partidista.
La Presidenta subrayó que la experiencia de Ernestina Godoy podría marcar un antes y un después en la coordinación federal para garantizar justicia a las víctimas de violencia feminicida.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR) puede significar un reforzamiento decisivo en el combate a la impunidad en los feminicidios, aun cuando la investigación directa de estos delitos corresponde a las fiscalías estatales.
La mandataria consideró que, desde el ámbito federal, se pueden marcar nuevas orientaciones que obliguen a una actuación más rigurosa y con perspectiva de género en todo el país.
Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum destacó que la experiencia de Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un activo clave para fortalecer los mecanismos de investigación y sanción. Subrayó que en los casos de feminicidio —la muerte violenta de una mujer por razón de género— debe existir cero tolerancia a la impunidad, sin excepciones ni dilaciones.
Al ser cuestionada sobre el caso de Liliana Rivera Garza, cuyo feminicida fue visibilizado recientemente por su hermana, la escritora Cristina Rivera Garza, la Presidenta expresó su confianza en que este y otros casos puedan avanzar hacia la justicia bajo el nuevo contexto institucional, con la FGR encabezada por Godoy y el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres.
Sheinbaum explicó que la investigación del feminicidio es altamente especializada, pues las carpetas deben iniciarse desde el reconocimiento de que la agresión está ligada a la condición de género de la víctima. Recordó que las estadísticas muestran que, en la mayoría de los casos, los agresores son personas cercanas. En ese sentido, condenó prácticas de algunas fiscalías estatales que han intentado desvirtuar feminicidios, como ocurrió en un caso de Morelos, donde se culpó a la víctima para encubrir el delito.
Finalmente, reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación, y que la coordinación federal puede ser determinante para cerrar el paso a la impunidad.
