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  • Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez en Estados Unidos

    Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez en Estados Unidos

    El gobierno de Estados Unidos solicitó al Departamento de Justicia gestionar la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, argumentando que su investidura como jefa de Estado la protege ante tribunales estadounidenses.

    La administración de Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) promover la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de que sea excluida de una demanda civil que enfrenta en una corte federal de Florida por presuntos delitos relacionados con el régimen chavista. La petición se basa en que Washington la reconoce oficialmente como jefa de Estado desde el pasado 5 de marzo, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

    La solicitud quedó asentada en una carta enviada el 11 de julio por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, al fiscal general adjunto Brett Shumate. En el documento se pide presentar, “a la mayor brevedad”, una sugerencia formal de inmunidad ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, al considerar que el proceso judicial tiene importantes implicaciones para la política exterior estadounidense.

    La demanda civil en Florida señalaba a Delcy Rodríguez por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas atribuidos al chavismo. Sin embargo, tras el reconocimiento diplomático otorgado por Washington, la funcionaria quedó fuera del fallo emitido el 15 de julio, en el que un juez ordenó una indemnización de 314 millones de dólares contra Nicolás Maduro y otros exfuncionarios venezolanos.

    De acuerdo con la administración Trump, el reconocimiento oficial de Rodríguez como presidenta interina modifica su situación jurídica y le concede la protección que el derecho internacional otorga a los jefes de Estado en funciones. La petición también responde a una solicitud presentada previamente por la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, que pidió certificar formalmente dicha inmunidad.

    Mientras avanza el proceso legal, Estados Unidos ha fortalecido su relación con el gobierno interino encabezado por Rodríguez, en paralelo a los llamados de María Corina Machado para impulsar una transición democrática en Venezuela. Al mismo tiempo, la administración venezolana enfrenta la reconstrucción del país tras los terremotos registrados el 24 de junio, una emergencia para la que el Fondo Monetario Internacional liberó 346 millones de dólares, mientras el saldo oficial supera los 5 mil fallecidos.

  • Noboa abre Ecuador a tropas extranjeras y les garantiza inmunidad ante la ley

    Noboa abre Ecuador a tropas extranjeras y les garantiza inmunidad ante la ley

    En medio de una crisis de seguridad que no ha logrado contener, el presidente ecuatoriano amplió las facultades de fuerzas extranjeras y abrió la puerta a una mayor injerencia de Estados Unidos en asuntos internos del país.

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un nuevo decreto con el que declara otro conflicto armado interno, amplía la cooperación militar internacional y concede inmunidad a efectivos extranjeros que participen en operaciones de seguridad dentro del territorio ecuatoriano. La decisión llega en un contexto marcado por el aumento de homicidios, el avance del crimen organizado y los cuestionamientos a la estrategia de seguridad de su gobierno.

    La medida fue anunciada después de la visita de Noboa a Washington, donde sostuvo reuniones con funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el asesor de seguridad nacional Stephen Miller. Según la Presidencia ecuatoriana, ambas partes acordaron profundizar la coordinación para combatir al narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales transnacionales.

    Sin embargo, el Decreto 424 ha generado controversia debido a que permite la participación de personal militar de países cooperantes con garantías de inmunidad sustentadas en acuerdos internacionales. En los hechos, esta disposición beneficiaría principalmente a fuerzas vinculadas con Estados Unidos e Israel, naciones con las que Ecuador mantiene convenios de cooperación en materia de defensa. Para críticos de la medida, se trata de una cesión de soberanía que podría limitar la rendición de cuentas de elementos extranjeros que operen en territorio ecuatoriano.

    El decreto también solicita a la Asamblea Nacional conceder amnistías para quienes participen en acciones de defensa del Estado y faculta al Ejecutivo para otorgar indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles involucrados en operativos contra grupos criminales. Estas disposiciones han sido interpretadas por diversos sectores como un intento de ampliar la protección legal de las fuerzas de seguridad en medio de una estrategia que no ha logrado frenar la ola de violencia.

    La decisión contrasta con declaraciones recientes del propio gobierno. Apenas el pasado 1 de junio, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que ya no serían necesarios estados de excepción porque existía una nueva estrategia basada en operaciones ordinarias. No obstante, el 16 de junio Noboa volvió a decretar esta medida extraordinaria por 60 días en diez provincias y tres cantones, reconociendo implícitamente que la crisis persiste.

    Las cifras reflejan la magnitud del problema. Entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026 se contabilizaron 879 homicidios en las zonas más violentas del país. A ello se suma el reciente tiroteo registrado en el aeropuerto de Guayaquil, donde tres personas murieron en un presunto ajuste de cuentas entre grupos criminales. Mientras la inseguridad continúa escalando, la respuesta de Noboa apunta a una mayor militarización y a la intervención de fuerzas extranjeras, una apuesta que ha abierto un intenso debate sobre sus consecuencias para la soberanía y los derechos ciudadanos en Ecuador.