Jesús Gabriel Pérez Rodríguez enfrentará proceso penal por asociación delictuosa y peculado; la FGR lo ubica dentro del esquema que habría desviado más de 5 mil millones de pesos mediante empresas fachada.
Un juez federal vinculó a proceso a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez por su presunta participación en los delitos de asociación delictuosa y peculado, al considerar suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR). Además, le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.
De acuerdo con las investigaciones federales, Pérez Rodríguez habría formado parte de la estructura de corrupción que operó durante la gestión del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, señalada por el desvío de más de 5 mil millones de pesos que originalmente estaban destinados al mantenimiento y construcción de infraestructura en los centros penitenciarios federales.
La FGR sostiene que el imputado integra un grupo de 60 personas contra quienes se giraron órdenes de aprehensión por su presunta participación en una compleja red financiera. Dentro de este esquema, las autoridades investigan operaciones para ocultar el origen de los recursos mediante facturas falsas, empresas fachada y movimientos financieros, relacionados con el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont. Según la indagatoria, las operaciones bajo investigación ascienden a 2 mil 950 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señala que esta presunta organización fue diseñada para lavar recursos de origen ilícito, utilizando una estructura integrada por servidores públicos, personas físicas y empresas que simulaban operaciones comerciales. El objetivo, sostiene la dependencia, era encubrir el destino de los recursos públicos desviados durante la administración de García Luna.
La FGR recordó que Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue detenido en 2025; sin embargo, tras diversos recursos legales promovidos por su defensa, se ordenó la reposición parcial de la audiencia inicial. Una vez desahogado nuevamente el procedimiento, el Ministerio Público presentó elementos suficientes para obtener su vinculación a proceso, mantener la prisión preventiva y continuar las investigaciones sobre uno de los presuntos esquemas de corrupción y lavado de dinero más relevantes relacionados con el sexenio de Felipe Calderón.
