Daniel Noboa atraviesa cuestionamientos internacionales después de que la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, señalara durante una visita a Ecuador que la presidencia parece “más efectiva” atacando a organizaciones de sociedad civil y partidos opositores que combatiendo al crimen organizado.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, declaró que “Ecuador atraviesa restricciones serias al Estado de Derecho, a la democracia, con ataques a organizaciones de sociedad civil, violaciones a derechos humanos registradas en la política de seguridad implementada por Daniel Noboa”.
Desde el 8 de enero de 2024 hasta agosto de 2026, el gobierno de Ecuador ha decretado 20 estados de excepción con despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado. Pese a la militarización sostenida, Ecuador se mantiene como uno de los países más violentos de América Latina, la inseguridad continúa afectando a los cerca de 18 millones de habitantes del país.
Críticos sostienen que no existe una estrategia integral de seguridad detrás de estos operativos.
Desde el 19 de septiembre de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico dispuso a entidades bancarias el congelamiento de cuentas de varias organizaciones sociales, entre ellas la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, además de otras organizaciones indígenas y ambientalistas.
El congelamiento de cuentas se produjo tras la participación de estos grupos en protestas contra el incremento del precio del diésel y posturas críticas hacia la política económica de Daniel Noboa.
De cara a las Elecciones Seccionales de 2027, distintos políticos han denunciado presión institucional: Revolución Ciudadana y el Movimiento Amigo fueron suspendidos por la Función Electoral y la Fiscalía; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece recluido en la Cárcel del Encuentro; el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral; y un intento de eliminar del registro electoral al movimiento Unidad Popular, impulsado, según denuncias, por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, no prosperó tras la resistencia social y una defensa legal del movimiento.
A esto se suman las dificultades que enfrentaron organizaciones como Izquierda Democrática, SUMA y RETO para realizar sus elecciones primarias e inscribir alianzas y candidaturas rumbo a los comicios de 2027.
Estos señalamientos se producen en medio de un clima de desaprobación ciudadana hacia Noboa, que sectores críticos vinculan tanto a la persistencia de la violencia como a las medidas adoptadas contra organizaciones sociales y políticas opositoras.
