La Fiscalía de Estados Unidos señala que el juzgador habría utilizado su cargo para liberar bajo fianza a un presunto operador del exatleta olímpico, señalado como líder de una red internacional de narcotráfico.
La Fiscalía Federal de Estados Unidos en Los Ángeles, California, confirmó la detención del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, acusado de recibir un soborno millonario para favorecer a integrantes de la organización criminal encabezada por Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense y presunto narcotraficante. El arresto ocurrió el pasado domingo 1 de noviembre en Colombia.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Benítez Alcántara se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México y habría aceptado 2 millones de dólares a cambio de conceder una fianza y ordenar la liberación de quien es señalado como el segundo al mando de la estructura criminal de Wedding.
La acusación sostiene que el juzgador habría utilizado su posición dentro del sistema judicial mexicano para beneficiar al presunto operador, mientras Wedding dirigía una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas.

Ryan Wedding, quien fue incluido en la lista de los Diez Más Buscados del FBI, es señalado por las autoridades estadounidenses como responsable de encabezar una red con operaciones y conexiones en Colombia, México y Estados Unidos. La organización tendría un valor estimado de mil millones de dólares y, según la Fiscalía, sería uno de los principales proveedores de cocaína en Canadá.
La detención de Benítez Alcántara fue anunciada este jueves por la Fiscalía estadounidense mediante sus canales oficiales. El caso coloca bajo escrutinio la presunta participación de un integrante del Poder Judicial mexicano en una operación de alcance internacional vinculada con el narcotráfico.
Hasta el momento, la información difundida por las autoridades estadounidenses se centra en los señalamientos por soborno y abuso del cargo judicial. La acusación deberá seguir su curso ante las instancias correspondientes, sin que las imputaciones representen por sí mismas una sentencia condenatoria.
