La investigación detectó posibles actos de hostigamiento, dilación procesal y deficiencias administrativas que habrían afectado tanto al personal del juzgado como al acceso a una justicia pronta y eficaz.
El Tribunal de Disciplina Judicial suspendió de manera provisional a una Jueza de Distrito de la región Centro-Bajío, luego de que una investigación identificara presuntas irregularidades relacionadas con dilación procesal, hostigamiento, violencia laboral y la presunta obstrucción de un procedimiento de supervisión. La medida busca garantizar el correcto funcionamiento del órgano jurisdiccional mientras continúan las indagatorias.
Las investigaciones comenzaron a finales de abril, cuando la Coordinación Regional de Visitaduría Centro-Bajío inició un Procedimiento Especial de Evaluación tras recibir diversas quejas contra la juzgadora. Durante las diligencias se realizaron inspecciones físicas, entrevistas al personal, revisión de registros estadísticos, controles de asistencia y análisis de evidencia digital, con el objetivo de verificar el desempeño del juzgado y las condiciones laborales.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, se detectaron retrasos injustificados en la firma de acuerdos y actuaciones judiciales, además de solicitudes para modificar fechas de documentos ya publicados. También se identificaron fallas en la organización del juzgado, como la falta de cobertura de plazas vacantes, situación que habría incrementado la carga de trabajo del personal y provocado casos de ansiedad, pánico, depresión y otras afectaciones emocionales entre las y los trabajadores.
La investigación también señala que, tras una manifestación pacífica realizada por empleados en respaldo de una compañera a quien le fue retirado su nombramiento, la jueza promovió una denuncia penal contra quienes participaron. Según el expediente, esta acción habría generado un ambiente de temor e intimidación entre las y los servidores públicos adscritos al órgano jurisdiccional.
El presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, afirmó que la suspensión tiene como propósito proteger a las personas involucradas, evitar posibles interferencias en la investigación y garantizar el acceso a una justicia pronta y eficaz. Asimismo, advirtió que ningún juzgador puede utilizar su cargo para vulnerar la dignidad del personal o afectar el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que las conductas que contravengan estos principios serán investigadas y, en su caso, sancionadas conforme a la ley.
