De acuerdo con una investigación de Zona Free, la primera gran obra estatal en Chihuahua capital fue adjudicada a una constructora propiedad de un destacado patrocinador panista y exdirigente de la CMIC; el proyecto será financiado con deuda pública.
La administración de la gobernadora Maru Campos volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de adjudicar un contrato por 176 millones 277 mil pesos a una empresa propiedad de Julio César Mercado Rodríguez, empresario identificado como uno de los principales patrocinadores del PAN en Chihuahua y hasta hace unas semanas presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de acuerdo con una investigación de Zona Free.
La obra corresponde a la construcción de un paso vehicular elevado en la intersección de las avenidas Fuerza Aérea Mexicana y Palestina, en la capital del estado. Se trata de la primera gran infraestructura impulsada por el gobierno estatal en Chihuahua durante el actual sexenio y será financiada mediante un crédito de largo plazo que forma parte de un endeudamiento superior a 3 mil millones de pesos autorizado para la administración estatal.
La empresa beneficiada, Merp Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., recibió oficialmente el contrato el pasado 5 de junio tras el proceso de licitación encabezado por el Comité Central de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la adjudicación ha despertado cuestionamientos debido a la cercanía política y empresarial de su propietario con el partido gobernante en la entidad.
El caso adquiere mayor relevancia porque no es la primera ocasión en que Mercado Rodríguez obtiene contratos de gran magnitud financiados con recursos públicos. Apenas en diciembre de 2025, una empresa de su propiedad fue favorecida con otro contrato cercano a los 395 millones de pesos para construir una gaza vehicular en Chihuahua capital. En aquel momento, diversas voces señalaron posibles riesgos de conflicto de interés, ya que el empresario formaba parte de organismos con influencia en procesos relacionados con la obra pública.
Además, durante la licitación más reciente, cuatro empresas participantes fueron descalificadas por distintos motivos, situación que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento. Aunque la adjudicación se realizó dentro del marco legal establecido, el hecho de que el contrato terminara en manos de un personaje estrechamente vinculado al entorno panista ha reavivado las críticas sobre la concentración de obra pública entre grupos empresariales cercanos al poder.
Mientras el gobierno estatal defiende el proyecto como una inversión para mejorar la movilidad en la capital, sectores críticos advierten que la combinación de deuda pública, contratos millonarios y beneficiarios políticamente cercanos al PAN exige una vigilancia especial por parte de la ciudadanía y los órganos fiscalizadores. La discusión, sostienen, no es únicamente sobre infraestructura, sino sobre la transparencia con la que se administran los recursos de las y los chihuahuenses.
Con información de Zona Free.
