Por: Frank Alvarado
A pesar de que uso de publicidad oficial para favorecer a medios afines y sigue sin aclarar la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos acusó que la nueva Ley de Derechos de las Audiencias busca censurar a la prensa
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró en un video difundido en sus redes sociales que la nueva Ley de Derechos de las Audiencias representa un intento de censura por parte del Gobierno Federal. Sus declaraciones llegan mientras su administración enfrenta críticas por el uso millonario de recursos públicos en Comunicación Social para favorecer a medios afines y marginar voces críticas, además de que continúa sin ofrecer una explicación definitiva sobre la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense.
Pese a ello, afirmó que “el gobierno va a ser juez y parte” y que decidirá “qué es verdad, qué es mentira, a quién multar y hasta qué medio quitarle la concesión”. Sin embargo, esa interpretación no corresponde al contenido de la iniciativa, la cual únicamente establece que los medios cuenten con un código de ética, un defensor de las audiencias y mecanismos para atender quejas, además de diferenciar entre información, opinión y publicidad.
Durante su mensaje, la mandataria panista también sostuvo que “como son incapaces de convencer, ahora quieren censurar” y llamó a impedir el avance de lo que calificó como “un proyecto autoritario”. No obstante, la propuesta no faculta al Gobierno para revisar, aprobar o censurar contenidos. La intervención de la autoridad se limita a verificar que los concesionarios cumplan con las obligaciones administrativas previstas en la ley.
Las declaraciones de Campos también provocaron críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que la gobernadora denuncie una supuesta censura mientras permanece sin ofrecer una explicación clara sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua. La mandataria ha cambiado en distintas ocasiones su versión sobre el caso: primero dijo desconocer la presencia de esos elementos, después habló de coordinación con autoridades federales y posteriormente aseguró que toda la responsabilidad correspondía a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración.
Hasta ahora, tampoco ha aclarado los alcances del memorándum de colaboración firmado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que permitió cooperación con agencias estadounidenses como el FBI y la DEA.
A las críticas se suman los cuestionamientos por el incremento del gasto en Comunicación Social durante su administración. De acuerdo con cifras oficiales, el presupuesto destinado a ese rubro aumentó considerablemente respecto a lo aprobado originalmente, mientras que la asignación de publicidad oficial puede convertirse en un mecanismo de censura indirecta al favorecer a medios afines y limitar espacios para voces críticas.
