México cuenta con un marco legal diseñado para prevenir la violencia, garantizar la igualdad y proteger los derechos de las mujeres. Existen cinco leyes que protegen la integridad así como erradicar la violencia y asegurar justicia de las mujeres.
En los últimos años, distintos casos de violencia contra las mujeres en México ha impulsado reformas legales que llevan el nombre de sus víctimas o de quienes han encabezado la lucha por la justicia. Surgieron a partir de historias de agresión, impunidad y movilización social.
Actualmente representan intentos del Estado por reforzar el marco legal frente a problemas como violencia digital, difusión de imágenes de víctimas, ataques con ácido, incumplimiento de pensiones alimenticias y otras formas de violencia de género. Estas normas reflejan cómo las demandas sociales han presionado para que la ley responda a nuevas formas de agresión contra las mujeres.
La primera de ellas es la Ley Olimpia, la cual tipifica como delito la difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento, es decir, protege la intimidad y vida privada frente a la violencia digital, incluye grabaciones, fotos o mensajes sexuales compartidos sin autorización de la víctima. Sanciona el acoso así como el hostigamiento en internet o redes sociales.
La segunda es la Ley Ingrid, sanciona la filtración o difusión de imágenes, videos o información sensible. Prohíbe a servidores públicos que difundan, compartan o comercialicen imágenes, videos, documentos o información relacionada con investigaciones penales, buscando evitar la revictimización y el uso indebido de información, protegiendo su dignidad y la de sus familias.
La Ley Sabina, establece e impulsa medidas para garantizar el pago de pensiones alimenticias, así como sancionar a deudores alimentarios y crea registros de los mismos restringiendo ciertos derechos civiles a quienes incumplen el pago de pensiones alimenticias.
Mientras que la Ley Malena, combate la violencia extrema contra mujeres mediante ataques, es decir, tipifica como delito los ataques con ácido o sustancias químicas tentativas de feminicidio, castigando la violencia física extrema con penas más severas y derecho a recibir medidas de prevención y atención integral en casos de lesiones permanentes.
Por último, la Ley Valeria, busca la sanción del acoso constante, persecución, vigilancia o amenazas reiteradas mediante comunicación con otra persona sin su consentimiento, se tipifica como delito federal castigando con 1 a 4 años de prisión y multas.
Más allá de la creación de nuevas normas, el verdadero reto sigue siendo su aplicación efectiva, la persistencia de la violencia de género evidencia que la ley, por sí sola, no basta sin un sistema de justicia eficaz y una sociedad dispuesta a erradicar estas agresiones.
