La organización Socorro Jurídico Humanitario reveló que, desde marzo de 2022, al menos 554 personas han muerto en centros penales salvadoreños bajo el régimen de excepción decretado por Nayib Bukele.
De acuerdo con la ONG, Socorro Jurídico Humanitario, las muertes deben entenderse como consecuencia directa de la acción estatal, ya que las víctimas fallecieron bajo custodia del gobierno, ya sea por violencia institucional o por negación sistemática de atención médica.
El 94% de los fallecidos no tenía ningún perfil vinculado a las maras, lo que contradice el discurso de Nayib Bukele de que solo afecta a delincuentes. Socorro Jurídico Humanitario sostiene que muchas de estas personas fueron privadas de libertad sin haber sido condenadas en juicio, y que sus muertes ocurrieron en un contexto de impunidad total.
Socorro Jurídico Humanitario advierte que el número real de muertes podría superar los mil decesos Socorro Jurídico Humanitario. Ante estas denuncias, el gobierno de Nayib Bukele ha guardado silencio, sin pronunciarse ni responder a la comunidad internacional.
Lo que se presentó como respuesta a la ola de violencia de marzo de 2022, cuando la Mara Salvatrucha asesinó a 87 personas en un fin de semana, se ha convertido en la plataforma política de Nayib Bukele para sostenerse en el poder mediante una reelección indefinida, pese a las prohibiciones constitucionales.
Se han registrado más de 6.400 denuncias por violaciones a derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y torturas, actualmente una de cada 50 personas en El Salvador está privada de libertad, la tasa de encarcelamiento más alta de la región.
El periodista salvadoreño Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, fue exiliado por sus investigaciones sobre el gobierno, describió un sistema de juicios masivos y secretos en los que se llega a juzgar a más de 900 personas en una sola sala, sin que los acusados accedan a sus expedientes ni conozcan los cargos en su contra.
Según su información, al revisar requerimientos fiscales encontró casos donde el único argumento para mantener detenida a una persona era, literalmente, haber mostrado nerviosismo ante los agentes.
Óscar Martínez denunció que el gobierno destina fondos públicos a construir un aparato mediático propio como medios afines, sobresueldos a periodistas convertidos en voceros oficialistas y una red de operadores digitales financiada con publicidad estatal, que ha ayudado a proyectar la “marca Bukele” hacia otros países de la región, donde dirigentes de derecha buscan replicar el modelo con carácter autoritario.
