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    Masacre de Acteal: 28 años sin justicia para 45 indígenas asesinados

    A casi tres décadas, la impunidad y la omisión del Estado mantienen abierta la herida de Acteal, mientras sobrevivientes y defensores construyen “La Otra Justicia”.

    A 28 años de la masacre de Acteal, en la que 45 indígenas tzotziles —incluyendo 18 mujeres y cuatro bebés— fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997, la justicia sigue siendo una deuda pendiente. La organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas, denunció que después del sexenio de Ernesto Zedillo, continuaron represiones, asesinatos y violaciones a defensores de derechos humanos, periodistas y luchadores sociales.

    “Durante 28 años de calvario hemos enfrentado mentiras, burlas y desprecio”, afirmaron. Denunciaron que cambiar jueces o nombrar a un indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha transformado un sistema que califican de caducado y podrido, recordando la liberación de los paramilitares responsables en 2009 por fallas en el proceso judicial.

    Las Abejas han impulsado “La Otra Justicia”, construida desde la memoria colectiva y la organización comunitaria, con apoyo nacional e internacional. Guadalupe Vázquez, sobreviviente, leyó un comunicado durante la misa conmemorativa celebrada este lunes en Acteal, recordando cómo los paramilitares priistas y cardenistas, armados y entrenados por el Ejército, buscaron destruir su lucha por la paz y la justicia verdadera.

    El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló que la impunidad se sostiene en la violencia contrainsurgente y en la falta de sanción a responsables materiales e intelectuales, manteniendo la guerra contra los pueblos indígenas. Subrayó que el Informe de Fondo ante la CIDH, presentado hace 20 años, sigue pendiente.

    El caso judicial revela irregularidades históricas: la PGR obtuvo pruebas ilícitas, y aunque la Primera Sala de la SCJN reconoció estas violaciones y liberó a los acusados, la Segunda Sala negó la responsabilidad patrimonial del Estado, enviando un mensaje de impunidad institucional que afecta a toda la sociedad.

    El obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, en la homilía, insistió en la necesidad de construir paz, mientras jóvenes de la comunidad alertaron sobre el avance del crimen organizado, el reclutamiento y la proliferación de drogas y alcohol.