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En México hemos llegado a un punto donde la realidad política parece escrita como guion de película: declaraciones públicas, acusaciones cruzadas, expedientes en cortes de Estados Unidos, nombres que se repiten, personajes que se victimizan y una sociedad que, por momentos, finge sorpresa ante lo que todos han sabido durante años.

Si algo tiene el sistema americano es que cree en la palabra rendida ante una autoridad. Cuando un político, un testigo, un acusado o un operador declara ante fiscales, agencias o tribunales, esas palabras no se quedan en el aire. Se integran a carpetas, investigaciones, acuerdos de cooperación, acusaciones formales y procesos judiciales. Por eso no es casualidad que muchos casos de narcotráfico terminen revelando no solamente rutas, cargamentos y capos, sino también redes de protección, omisión y complicidad política.

El problema no nació ayer. Tampoco se puede reducir a Trump, a López Obrador, a Claudia Sheinbaum o a cualquier figura del momento. La raíz viene de más atrás: de los años en que se permitió que el crimen organizado creciera hasta volverse una estructura social, económica y política. México no solo enfrenta narcotráfico; enfrenta una permeabilidad criminal que entró por los negocios, las policías, los gobiernos locales, las campañas, los restaurantes, los conciertos, los permisos, las aduanas, los puertos y hasta las fiestas familiares.

Seamos realistas: cualquier autoridad policiaca en México sabe dónde comen, dónde duermen, dónde se pasean, qué negocios tienen, con quién conviven y quiénes son los amigos visibles de muchos operadores criminales. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. La diferencia es que allá, muchas veces, esperan el momento procesal para detenerlos; en México, demasiadas veces, parece que se espera el momento político para no tocarlos.

No hace falta ser agente del FBI, de la DEA o de la FGR para entender ciertas señales. En Culiacán, en Veracruz, en Cancún o en cualquier ciudad donde el dinero ilícito se exhibe sin pudor, la sociedad ve lo que la autoridad dice no ver: deportivos imposibles de justificar, fiestas de cientos de miles de pesos, grupos musicales carísimos, invitados sospechosos, consumo abierto de drogas, escoltas improvisados, ropa de firma usada como uniforme de poder y una cultura que romantiza al delincuente como si fuera personaje de corrido.

Entonces la pregunta no es si se sabe. La pregunta es: ¿por qué los dejan?

¿Por qué siguen viviendo con impunidad? ¿Por qué siguen operando negocios? ¿Por qué siguen apareciendo en eventos públicos? ¿Por qué un político no teme tomarse una fotografía con alguien de reputación criminal, sabiendo que esa imagen puede terminar mañana en manos de sus opositores, de periodistas o de agencias estadounidenses?

Ahí está la falla central: México no necesita más diagnósticos; necesita voluntad real. Porque cuando una gobernadora declara públicamente que antes había gobiernos que se coludían con el narco pero “lo controlaban”, el país debería detenerse a pensar en la gravedad de esa frase. ¿Desde cuándo aceptar una colusión “controlada” puede presentarse como orden? ¿Dónde quedó la autoridad? ¿Dónde quedó el respeto a la ley? ¿Dónde quedó la frontera entre gobernar y administrar criminales?

Estados Unidos tampoco actúa siempre de la forma correcta. Su presión, sus intereses y sus tiempos no siempre coinciden con la soberanía ni con la justicia mexicana. Pero México tampoco puede esconderse detrás del discurso nacionalista para no limpiar su propia casa. Si las cortes estadounidenses han logrado sentencias contra exfuncionarios mexicanos de altísimo nivel, el mensaje es brutal: lo que México no quiso, no pudo o no se atrevió a procesar, terminó procesándose afuera.

El caso de Genaro García Luna es el símbolo más duro de esa contradicción. Un hombre que fue presentado como arquitecto de la seguridad mexicana terminó condenado en Estados Unidos por proteger al Cártel de Sinaloa. No se trató de un rumor de sobremesa, sino de un juicio, una condena y una sentencia superior a 38 años. Ese caso no solo mancha a una persona; obliga a revisar una época completa, una estrategia completa y una clase política que hoy prefiere mirar hacia otro lado.

Y mientras tanto, la vida cotidiana sigue atrapada entre miedo e impunidad. La extorsión crece, los homicidios no se castigan en su mayoría, los desaparecidos se acumulan y los periodistas siguen pagando con amenazas o con la vida el costo de contar lo que muchos prefieren ocultar.

La ficción está en pretender que nadie sabe. La realidad está en que todos saben demasiado.

Sinaloa, por ejemplo, no puede explicarse solamente como un problema de seguridad. Es una cultura de tolerancia construida durante décadas. Un estado marcado por vínculos históricos con el narcotráfico, donde ciertos usos, fiestas, lenguajes, símbolos y formas de presumir riqueza funcionan como señales sociales. No todos son criminales, por supuesto, y sería injusto generalizar. Pero tampoco se puede negar que hay códigos visibles que han normalizado la cercanía con el dinero sucio.

Lo mismo ocurre en muchas regiones de México. El crimen no crece solo porque haya delincuentes; crece porque encuentra quien le venda, quien le rente, quien le cante, quien le lave, quien le avise, quien le cobre, quien le perdone, quien lo invite y quien lo salude de abrazo en un evento público.

Ahí empieza la verdadera permeabilidad: en el mexicano que permite, tolera, presume, calla o se beneficia. En el empresario que acepta dinero sin preguntar. En el político que busca estructura electoral. En el policía que cobra cuota. En el funcionario que firma permisos. En el ciudadano que admira al delincuente porque “le fue bien”.

Por eso esta historia no es de un solo partido ni de un solo sexenio. Es una película larga, con demasiados capítulos, demasiados actores y demasiados silencios. Una película donde todos acusan a todos, pero pocos aceptan que el problema se volvió nacional porque durante años se le permitió entrar a la vida pública, privada y cultural del país.

México no necesita otra temporada de Pulp Ficción política. Necesita dejar de actuar sorprendido y empezar a desmontar, desde la raíz, la estructura social que protege al crimen.

Porque el narco no solamente se combate con operativos.

Se combate dejando de admirarlo.

Se combate dejando de invitarlo.

Se combate dejando de justificarlo.

Se combate cuando la autoridad deja de fingir que no ve lo que todos vemos.