En la conferencia matutina de este martes 5 de septiembre, el subsecretario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, informó a los medios de comunicación y a la ciudadania acerca de ocho nuevos casos de jueces de control que han beneficiado a la delincuencia.
Para prevenir que la corrupción siga teniendo lugar en los tribunales, el Gobierno Federal ha impulsado la estrategia “Cero Impunidad”, en donde se ha agregado una sección para informar sobre los jueces que han favorecido delincuentes.
En primer lugar, se habló sobre el juez de control de Guanajuato, José de Jesus Rodríguez Hernández, quien de 118 resoluciones, en 52 ha considerado ilegal realizar detenciones, en 59 resoluciones no vinculó a proceso y en 7 emitió sentencias absolutorias, es decir, estimar que el imputado no es culpable del delito.
Este juez exoneró a una empresa recicladora de materiales, de la obligación de pagar más de mil 500 millones de pesos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación determinaron que la empresa se utiliza como fachada para facturar servicios inexistentes, sin embargo, Rodríguez Hernández dictó auto de no vinculación a proceso por defraudación fiscal, además de que también cuenta con dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Posteriormente, Rodríguez Bucio informó sobre la jueza de control en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien de 23 resoluciones en 4 declaró ilegal la detención, en 13 no vinculo a proceso y en 6 casos emitió sentencias absolutorias. Estas resoluciones, han beneficiado a personas cuyos delitos han estado relacionados con armas y explosivos, ha disminuido sentencias y benefició a cuatro presuntos responsables del delito de desaparición forzada.
Asimismo, Luis Rodríguez hizo mención de otra jueza de control del estado de Hidalgo, Soila Rosa Cárdenas Baena, quien de 43 resoluciones, en 21 casos consideró que la detención fue ilegal, en 17 declaró no vinculación a proceso y emitió cinco resoluciones absolutorias. Estas resoluciones favorecen principalmente a extorsionadores y cuenta con una queja en el CJF.
Otro juez de control que ha ayudado a la delincuencia es Milton Moctezuma Vega del estado de Puebla, quien de 19 resoluciones, en 3 ha declarado como ilegal la detención, en 13 declaró la no vinculación a proceso y declaró 3 sentencias absolutorias. En una de sus sentencias, declaró en favor de tres imputados quienes dispararon a policías federales, pero, señaló que la intención de los delincuentes no era cometer el homicidio en contra de los policías, ya que los impactos de bala fueron en la patrulla y no en el cuerpo de los policías.
El subsecretario informó sobre el juez de control en Veracruz, Gustavo Stivalet, quien de 27 resoluciones en cinco ha declarado ilegal la detención, en 20 casos no vinculó a proceso y emitió dos sentencias absolutorias. Sus resoluciones han favorecido el tráfico absolutorio de personas migrantes.
Por otro lado, el magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal anuló la orden de traslado de Jean Touma “N”, quien se encuentra sentenciado a 94 años de prisión ya que en la década de los 90 fue quien encabezaba una red de pornografía infantil y corrupción de menores. El traslado de Touma era debido a que era considerado como una persona que pone en peligro la estabilidad y seguridad del centro penitenciario local, sin embargo, al magistrado perteneciente a la novena sala Especializada en Materia Penal Oral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, no le resultó de importancia.
Rodríguez Bucio mencionó al juez octavo de distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, para que los escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública fueran reasignados al “quejoso”.
Por último, el secretario Encargado del Despacho del Juzgado Decimoséptimo en Distrito en Veracruz, Andrés Rossell Martínez, otorgó una suspensión provisional a Jorge “N”, exfiscal estatal quien estuvo acusado por secuestro y desaparición forzada, Rossell intentó liberarlo y el juez de control que actualmente lleva el proceso penal, declaró Prisión Preventiva Justificada.
