Un gran jurado en Texas acusó a once personas de tráfico humano tras la muerte de siete migrantes asfixiados dentro de un vagón de tren.
-Mateo Segura
Un gran jurado federal en Del Río, Texas, presentó cargos formales contra 11 personas vinculadas a una red de tráfico de personas, luego de que siete migrantes perdieran la vida al ser encerrados en un contenedor de carga ferroviaria.
Los hechos iniciaron el 9 de mayo, cuando los presuntos traficantes trasladaron a los extranjeros desde Acuña, México, hacia el área de Del Río. Utilizando unas cizallas rojas, los contrabandistas cortaron el candado de un contenedor Conex en un tren de la empresa Union Pacific, introdujeron a las personas y sellaron las puertas desde el exterior.
El contenedor no contaba con ventilación ni sistema de refrigeración, en un día donde las temperaturas exteriores oscilaron entre los 88 y 92 grados Fahrenheit. El tren viajó hacia San Antonio, donde los sujetos abrieron la puerta y, al descubrir a las víctimas en estado crítico, huyeron. Allí abandonaron el cuerpo de un migrante junto a las vías.
El tren continuó su ruta y el 10 de mayo un trabajador ferroviario descubrió a los seis fallecidos restantes en la estación de Laredo. Entre las siete víctimas mortales se identificó a cuatro personas mexicanas y tres hondureñas; una de ellas era un menor de 14 años. La investigación reveló que al menos una de las víctimas envió un mensaje de texto a un familiar pidiendo ayuda.
De acuerdo con el fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, la organización operaba desde abril de 2023 hasta el 12 de mayo de 2026. Cobraban a cada persona o a sus familiares entre 1,500 y 10 mil dólares por el cruce a Estados Unidos.
Entre los acusados hay cuatro ciudadanos de Estados Unidos, además de nacionales de México, Guatemala y Honduras. Una de las acusadas, Mayra Alejandra Huerta, fue arrestada el 12 de mayo, mientras que otros ocho fueron detenidos la semana pasada en el centro y sur de Texas. Dos de los señalados, Karina García y Seferino Huerta-Casillas, se encuentran prófugos.
Los fiscales adjuntos Sarah Spears, Todd Keagle y Ashley Ellis-Dotson están a cargo del caso. Los implicados enfrentan cargos por conspiración y complicidad en el tráfico de inmigrantes ilegales con resultado de muerte. De ser declarados culpables, podrían recibir una condena de cadena perpetua.
