El exgobernador enfrenta cargos por peculado y abuso de autoridad tras un contrato que comprometía miles de millones sin que se construyera la planta.
El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, en un caso que exhibe el manejo irregular de recursos públicos a través del proyecto energético Next Energy.
La resolución fue dictada por un juez del Sistema de Justicia Acusatorio tras una audiencia que se prolongó por casi 24 horas. El exmandatario, también exsenador y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), enfrentará el proceso en calidad de coautor con dolo, según las autoridades.
El caso gira en torno a la contratación de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, la cual nunca fue construida pese a los compromisos financieros adquiridos. De acuerdo con la investigación, el contrato obligaba al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, generando una carga superior a 35 mil millones de pesos, garantizados con participaciones federales.
Además, el gobierno estatal habría destinado mil 300 millones de pesos como inversión inicial, mientras que la institución financiera involucrada realizó una quita parcial por una obra que jamás se concretó, lo que refuerza las sospechas de daño al erario.
La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que este esquema representó un riesgo financiero grave para Baja California, al comprometer recursos públicos por décadas sin resultados tangibles. El caso se ha convertido en uno de los más relevantes en materia de combate a la corrupción en la entidad.
La audiencia continuará para definir la medida cautelar que enfrentará Bonilla, en medio de un proceso que podría marcar un precedente sobre la rendición de cuentas de exfuncionarios y el uso indebido de recursos públicos.
