Nuevas víctimas de la represión contra manifestantes por agua limpia denunciaron golpes, humillaciones y amenazas dentro de la residencia oficial; alrededor de 10 personas ya acudieron a la FGR para exigir justicia.
A las denuncias que ya habían salido a la luz por presuntos abusos policiales en Casa Jalisco, ahora se suman nuevos testimonios de personas detenidas durante la protesta del 11 de octubre en Guadalajara. Las víctimas relataron agresiones físicas, amenazas de desaparición y negligencia médica dentro de la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, por lo que exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones.
La abogada Adriana Gabriela Arriola Dueñas contó que una policía ahorcó a una manifestante frente a otros detenidos, paramédicos y elementos de seguridad, sin que nadie interviniera. También denunció que fue introducida por la fuerza al inmueble junto con su hija de 19 años y que presenció cómo un hombre fue ingresado desnudo. Durante las aproximadamente 12 horas que permaneció retenida, aseguró, recibieron amenazas de desaparición.
Otro testimonio es el de la médica Daniela Álvarez Cepada, quien narró que una joven sufrió convulsiones y que las policías le impidieron acercarse para auxiliarla. Según su relato, las uniformadas se burlaron de la víctima y minimizaron su estado de salud. Ambas denunciantes coincidieron en que hubo golpes, insultos y humillaciones contra las personas detenidas.
Las víctimas aseguraron que fueron encerradas en un cuarto dentro del perímetro de Casa Jalisco, aunque las autoridades han negado que las detenciones ocurrieran en la residencia oficial. Después fueron trasladadas en un camión negro sin placas a instalaciones de la Fiscalía estatal, donde denunciaron que permanecieron bajo la lluvia, con frío y, en algunos casos, semidesnudas. También señalaron irregularidades para recibir atención médica.
Alrededor de 10 personas ya presentaron denuncias ante la FGR, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso. Un primer informe del organismo señaló que un grupo que provocó disturbios durante la protesta estaba coordinado directamente con autoridades policiales. Las víctimas también cuestionaron la falta de intervención de la comisión estatal de derechos humanos.
El abogado José Francisco Salazar González, defensor de cuatro afectados, consideró que los relatos apuntan a posibles violaciones graves de derechos humanos, incluida violencia de género. Las víctimas exigieron investigar a Pablo Lemus y al secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, y pidieron protección ante el temor de represalias, pues afirmaron que agentes investigadores han acudido a sus domicilios.
