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  • Vinculan a proceso a exasesor de Morena en Guanajuato por presunta violencia familiar

    Vinculan a proceso a exasesor de Morena en Guanajuato por presunta violencia familiar

    El político seguirá su proceso en libertad, pero tiene prohibido acercarse a la víctima; Morena ya turnó el caso a su Comisión de Honestidad y Justicia.

    Un juez de Control vinculó a proceso a Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, exedil y exasesor legislativo de Morena en Guanajuato, por el presunto delito de violencia familiar en agravio de su esposa, la regidora Celia Carolina Valadez Beltrán. Aunque enfrentará el proceso en libertad, el juzgador le impuso medidas cautelares para proteger a la víctima.

    De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), el imputado no podrá acercarse al domicilio de la regidora ni a su centro de trabajo, ubicado en la Presidencia Municipal de Guanajuato. La investigación señala que el pasado 30 de junio Aguayo Arredondo habría golpeado a su esposa dentro de un vehículo, presuntamente frente a su hijo menor de edad.

    La agresión ocurrió en la colonia La Venada y fue presenciada por varios testigos, quienes alertaron a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal detuvieron al político, quien, según el reporte oficial, también intentó agredir a los agentes durante su aseguramiento. El caso se hizo público el 7 de julio, lo que provocó una fuerte reacción política y social.

    Tras conocerse los hechos, el secretario general de Morena en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, informó que el expediente fue enviado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, instancia que determinará si el exfuncionario pierde de manera temporal o definitiva sus derechos como militante. Además, reiteró el respaldo del partido a la regidora y condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres.

    El caso ocurre meses después de que el Congreso de Guanajuato endureciera las sanciones por violencia familiar. Desde marzo de este año, el Código Penal estatal contempla penas de hasta 12 años de prisión cuando se acreditan circunstancias agravadas, con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas y combatir este delito.