Entre las víctimas se encuentran estudiantes, padres de familia y trabajadores; la tragedia reaviva el debate sobre la seguridad en el transporte de gas LP en zonas urbanas densamente pobladas.
La explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, dejó un saldo de ocho personas fallecidas y más de 80 lesionadas, según el último reporte del gobierno capitalino. La onda expansiva alcanzó vehículos y transeúntes, mientras más de 1,300 elementos de emergencia participaron en labores de rescate y atención.
De acuerdo con información recopilada por Milenio, entre las víctimas identificadas están Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante del IPN; Misael Cano Rodríguez, trabajador de la alcaldía que viajaba con sus hijos; y Eduardo Noé García Morales, profesor de la Escuela Preparatoria Oficial 327. Cano Rodríguez, quien sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, falleció en el Instituto Nacional de Rehabilitación; su hijo de 17 años y el pequeño de casi dos años permanecen en estado crítico.
Otras víctimas son Irving Uriel Carrillo Reyes, joven con quemaduras en más del 95% de su cuerpo; Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la UNAM, cuya búsqueda fue apoyada por personal de Protección Civil y compañeros; y Carlos Iván Contreras Salinas, Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros y Juan Antonio Hernández Betancourt. La tragedia ha generado conmoción en redes sociales, donde familiares y amigos expresan su dolor y buscan justicia.
Las autoridades continúan con investigaciones para esclarecer las causas del siniestro. La explosión reabre el debate sobre la regulación y supervisión del transporte de gas LP, cuya operación en zonas densamente pobladas sigue representando un riesgo grave para la ciudadanía.
