Canacar, Fematrac y HAMOTAC convocaron a suspender actividades desde el lunes 26 de octubre; exigen frenar la inseguridad carretera y modificar el estímulo fiscal al pago de peajes.
El autotransporte de carga en México anunció un paro nacional por tiempo indefinido a partir del lunes 26 de octubre, ante la falta de respuestas de las autoridades frente a la inseguridad en carreteras, las extorsiones, el cobro de piso, el deterioro de autopistas y las presiones económicas que afectan al sector.
Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), confirmó la convocatoria junto con la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac) y la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC). Los organismos estiman que podrían sumarse alrededor de un millón de unidades, de un parque vehicular nacional de aproximadamente dos millones.
Entre las principales demandas está modificar el paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda. Los transportistas solicitaron al Poder Legislativo elevar a 420 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al estímulo fiscal por el pago de peajes. También exigen que el beneficio se extienda a todos los transportistas, sin importar su nivel de facturación, para reducir costos y proteger empleos.
El gremio sostuvo que agotó las vías de diálogo y buscó reuniones con legisladores y autoridades de los tres niveles de gobierno, sin obtener soluciones satisfactorias. Por ello, pidió la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar la propuesta fiscal y atender las condiciones de riesgo que enfrentan quienes trasladan mercancías por el país.
Los representantes del sector advirtieron que una suspensión prolongada podría afectar el suministro de productos e incluso de combustibles, con consecuencias para el comercio, el consumo y la economía de las familias mexicanas. Aseguraron que la movilización no busca perjudicar a la población, sino presionar para obtener respuestas concretas ante los problemas que comprometen la operación de miles de empresas.
Las organizaciones afirmaron que respaldan el Plan México y el proyecto de nación del gobierno federal, pero insistieron en que necesitan condiciones de seguridad y reglas fiscales que permitan mantener sus unidades en circulación y preservar las fuentes de trabajo.
