Víctor Rodríguez Padilla deberá entregar una pensión alimentaria de 14 mil pesos mensuales, acudir a tratamiento psicológico y mantenerse alejado de su esposa e hijo, quienes lo denunciaron.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, obtuvo la suspensión condicional del proceso penal que enfrenta por violencia familiar contra su esposa, María Felicia Jiménez, y su hijo. Como parte del acuerdo avalado por un juez, deberá pagar 120 mil pesos por reparación del daño, además de cumplir otras medidas.
El plan presentado por su defensa contempla la entrega inmediata del dinero mediante un cheque de caja y una pensión alimentaria mensual de 14 mil pesos. También deberá acudir a sesiones de tratamiento psicológico cada 15 días, firmar periódicamente ante las autoridades y mantener la prohibición de acercarse a las víctimas.
Rodríguez Padilla fue detenido el 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México, luego de las acusaciones en su contra. La suspensión condicional establece obligaciones que deberá cumplir durante el periodo fijado por la autoridad judicial; no equivale a una sentencia condenatoria.
La denuncia tomó relevancia pública el 26 de junio, cuando Felicia Jiménez difundió videos en su canal de YouTube en los que denunció presuntas agresiones dentro de su domicilio y pidió apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. En una de las grabaciones, fechada el 15 de marzo, se observa al exfuncionario presuntamente jalonear y empujar a su esposa frente a un menor de edad.
Cuatro días después de hacer públicas las imágenes, Jiménez formalizó su denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México. En una carta, la académica relató que durante su matrimonio enfrentó descalificaciones, amenazas relacionadas con su empleo y una dinámica desigual de poder. También señaló que su trabajo como docente e investigadora era minimizado y que recibía expresiones ofensivas relacionadas con su condición de migrante.
El caso colocó bajo escrutinio al exfuncionario, quien ocupó la dirección de Pemex, luego de que las acusaciones de violencia familiar trascendieran públicamente. El acuerdo judicial contempla medidas económicas, psicológicas y de protección para las personas denunciantes.
