El fallo determinó que SEMA carecía de facultades para autorizar el proyecto inmobiliario por su vínculo con un humedal costero y manglar.
Un juez federal dejó sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo al complejo inmobiliario Alux 33, al determinar que la dependencia estatal invadió atribuciones que corresponden a la Federación.
La resolución del Juzgado Noveno de Distrito, dentro del amparo 959/2025-G-1, estableció que el proyecto está relacionado con un humedal costero y ecosistema de manglar, por lo que su impacto ambiental debía ser evaluado por autoridades federales y no por la SEMA.
El fallo se sustenta en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que reserva a la Federación la evaluación de obras en humedales, ecosistemas costeros, manglares y cuerpos de agua conectados con el mar. La legislación de Quintana Roo, además, limita las facultades estatales a proyectos que no sean competencia federal.
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue rechazar el argumento de que la ausencia de vegetación de manglar dentro del predio al momento de otorgarse el permiso justificaba la intervención estatal. Incluso, la propia SEMA había advertido previamente que el proyecto incumplía la NOM-022-SEMARNAT-2003, relacionada con la protección de humedales costeros y manglares.
Además, autoridades ambientales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) habían señalado que Alux 33 no era congruente con la legislación aplicable. Posteriormente, la autoridad federal negó la autorización de impacto ambiental para el proyecto.
La abogada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Irma Morales Cruz, señaló que el fallo representa un precedente para futuras actuaciones de SEMA y gobiernos municipales, aunque aclaró que no impone sanciones ni establece medidas contra la dependencia o los desarrolladores. La organización anunció que continuará buscando acciones para hacer valer los límites de las autoridades ambientales estatales.
