La medida del presidente de Estados Unidos impactaría a países que mantengan vínculos económicos con Teherán, con China como el principal objetivo indirecto de la nueva presión arancelaria.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, una decisión que marca una nueva escalada en su estrategia de presión económica y que podría encarecer de forma significativa las importaciones provenientes de China, principal socio comercial del régimen iraní.
A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que la medida entra en vigor de manera inmediata y será “final y concluyente”, al advertir que cualquier nación que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar el nuevo gravamen en todo intercambio comercial con Estados Unidos. La Casa Blanca evitó ofrecer detalles adicionales sobre la implementación del arancel o los criterios para definir qué se considera “hacer negocios” con Teherán.
El anuncio ocurre en un contexto de tensión creciente en Medio Oriente, mientras Trump ha insinuado incluso acciones militares en respaldo a manifestantes antigubernamentales iraníes, en medio de protestas que han dejado cientos de muertos y un severo bloqueo informativo dentro del país.
De concretarse plenamente, el nuevo esquema podría elevar los aranceles a productos chinos hasta un mínimo del 45%, considerando la tasa base actual. China, que concentra más del 90% del comercio petrolero de Irán, reaccionó de inmediato. Su embajada en Washington condenó la medida y advirtió que tomará acciones para proteger sus intereses, al señalar que las guerras comerciales “no tienen ganadores”.
Datos oficiales indican que solo en los primeros 11 meses de 2025, China exportó a Irán 6 mil 200 millones de dólares e importó 2 mil 850 millones, sin contar el petróleo adquirido mediante intermediarios. Además de China, India, Turquía y Emiratos Árabes Unidos figuran entre los principales socios de Teherán.
Trump ha recurrido de forma recurrente a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles, aunque este uso enfrenta impugnaciones ante la Corte Suprema, cuyo fallo podría obligar al gobierno estadounidense a reembolsar más de 130 mil millones de dólares si se declara ilegal la estrategia.
