La empresa habría declarado ante aduanas cantidades menores de combustible a las realmente transportadas desde Estados Unidos; además, el SAT detectó irregularidades fiscales y aduaneras.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Portacelis Gas and Oil por una presunta defraudación fiscal de 834 millones de pesos, relacionada con el supuesto tráfico ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México.
De acuerdo con la investigación, la empresa habría registrado en pedimentos aduanales y fichas de embarque cantidades menores de diésel respecto al combustible que realmente trasladó mediante ferrocarriles y buquetanques. Este mecanismo habría permitido ocultar parte de los cargamentos y evitar el pago correspondiente de impuestos.
Portacelis fue constituida en Villahermosa, Tabasco, el 6 de agosto de 2024 y obtuvo autorización para importar hasta 52 millones 84 mil litros de diésel, pese a que, según la información citada, no contaba con infraestructura, experiencia ni trayectoria en el sector energético. El permiso fue otorgado tres días antes de que concluyera la administración federal anterior.
El SAT notificó a la empresa en agosto de 2025 la cancelación de sus operaciones tras detectar presuntas irregularidades fiscales y aduaneras. La autoridad también señaló que Portacelis no había presentado declaraciones fiscales desde el inicio de sus operaciones.
La solicitud de investigación incluye a Juan Carlos de la Cruz Murillo, Miguel Ángel Aparicio Vicente y María Guadalupe León Aparicio, identificados como socios o representantes jurídicos de la compañía. Las autoridades también indagan los vínculos comerciales de Portacelis con proveedores estadounidenses relacionados con el traslado de combustible.
Entre ellos aparece Brownsville GTR, empresa texana señalada como una de las principales proveedoras de diésel de Portacelis. Su propietario también estaría relacionado con el arrendamiento de tanques ferroviarios utilizados para transportar combustible, en operaciones que forman parte de investigaciones federales por presunto contrabando.
