La boletera fue notificada por presuntas irregularidades y tendrá hasta el 12 de febrero para presentar pruebas; Profeco también avanza en la regulación de la venta y reventa de boletos en México.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor contra Ticketmaster, al imponerle una multa superior a los 5 millones de pesos por falta de claridad en la venta de boletos para el concierto de BTS en México. Así lo informó el titular del organismo, Iván Escalante, quien precisó que la empresa fue notificada el 28 de enero.
El funcionario detalló que la boletera cuenta con un plazo de 10 días hábiles, que vence el 12 de febrero, para presentar pruebas y manifestarse en torno a las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de venta. El caso se originó tras las quejas de consumidores que señalaron información confusa y poco transparente al momento de adquirir los boletos.
Escalante recordó que desde el 26 de enero Profeco había anunciado el inicio de este procedimiento, derivado de la falta de información clara sobre precios, cargos adicionales y condiciones de venta. Asimismo, confirmó que también se abrieron procesos contra plataformas de reventa como StubHub y Viagogo, por posibles prácticas abusivas y desleales.
Durante la Mañanera del Pueblo del 2 de febrero, el procurador advirtió que estas plataformas deberán ajustarse a la regulación nacional, de lo contrario se procederá con acciones legales y administrativas, que podrían incluir sanciones adicionales o restricciones de operación en México.
Paralelamente, Profeco informó que ya se trabaja en la elaboración de lineamientos para regular la venta de boletos de conciertos, festivales y espectáculos.
Estas reglas contemplan la publicación anticipada de mapas y precios, la descripción clara del evento, así como la especificación del costo total del boleto, incluidos todos los cargos. Los lineamientos se elaboran en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y se prevé que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas.
Familiares de Berenice y Miguel, fotoperiodistas muertos durante el colapso de una grúa en el Festival Ceremonia, acusan que OCESA ha maniobrado legalmente para deslindarse del caso; el director ejecutivo, el poderoso empresario Alejandro Soberón, niega que la empresa haya colaborado con la organización del evento.
Por Martha Rojas
Miguel Rojas Hernández perdió la vida durante una cobertura que realizaba en el Festival AXE CEREMONIA. Tenía 26 años, estudiaba en las FES Aragón de la UNAM y su sueño era convertirse en fotoperiodista profesional.
Pero estos sueños y su vida quedaron frustrados la tarde del 5 de abril de 2025, cuando una estructura de 2.5 toneladas, le cayó encima, a él y a otra de sus colegas, Berenice Aguilar.
A casi un año de la tragedia, familiares y amigos de Miguel señalan que la poderosa empresa de espectáculos OCESA así como otros implicados, entre ellos la promotora cultural ECO LIVE y la empresa Servicios de Protección Privada Lobo SA de CV, habrían maniobrado legalmente para evitar el proceso dar carpetazo al caso con un acuerdo reparatorio.
Sin embargo, para los familiares de Miguel la impartición de justicia va más allá de la reparación del daño. Consiste, según expresan sus representantes legales a Los Reporteros MX, de que los responsables asuman públicamente su responsabilidad.
Diana, hermana de Miguel, señala que, en distintas ocasiones la investigación ha sido pospuesta. En primer lugar, porque familiares de Berenice, quien también murió en el lugar, interpusieron un amparo para que la audiencia final se pospusiera hasta que OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo SA de C fueran imputadas e investigadas.
Sin embargo, representantes legales de la familia de Miguel exponen que las audiencias pueden continuar aún si OCESA no ha sido imputada en el caso.
Una diferencia legal que abre la pregunta ¿están encubriendo a alguien?
En entrevista con Los Reporteros MX, la familia de Miguel Rojas desmintió que OCESA haya logrado un acuerdo monetario fuera de los juzgados.
Lo que piden es que el caso continúe sin demoras legales que obstaculicen el avance de la investigación.
Por otra parte, familiares de Berenice Giles piden que no se omita en dicho proceso la probable responsabilidad de la organizadora de eventos más importante en América Latina.
Soberón Kuri, el poderoso empresario detrás de OCESA
El viernes 23 de enero de 2026, la agente del Ministerio Público, Mercedes Karina Granados notificó que OCESA, propiedad de Luis Alejandro Soberón Kuri, y su filial Servicios de Protección Privada Lobo SA de C, fueron imputadas por el caso.
Un vocero de la organizadora señaló que dicha imputación aún no había sido notificada, sin embargo, admitió que forman parte de las investigaciones por la muerte de Miguel y Berenice.
Familiares de los deudos coinciden en que la promotora ha desplegado un ejército legal y monetario para desligarse del caso.
Después de que la muerte de Miguel y Berenice fue confirmada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, OCESA se desentendió del festival y limitó su participación a “difusor de publicidad”.
En una primera fase de la investigación, la Fiscalía General de Justicia habría respaldo la versión, pero luego de algunos meses y ante los señalamientos de encubrimiento, la dependencia optó por imputar a la promotora.
En un primer comunicado la FGJ indicó que las responsables directas del montaje de la grúa, así como de la aplicación del Programa de Protección Civil serían Agencia de los Socios SAPI de CV (Grupo ECO) y Operadora Eclectic S.A de CV.
En total la Fiscalía imputaría a ocho personas físicas y tres morales por el colapso de la estructura en el Ceremonia.
Según acusan familiares de ambas víctimas, OCESA habría desplegado todas sus influencias y recursos para salir bien librada del caso y continuar con sus operaciones.
Y es que, por años, OCESA ha controlado la industria del entretenimiento a través de diversas compañías que van desde la promotoría, la seguridad privada, hasta la publicidad y la venta de boletos.
Alejandro Soberón Kuri fundó OCESA (Operadora de Centro de Espectáculos) cuando tenía 30 años.
Se trata de un empresario, de bajo perfil, que figura como presidente y director general de OCESA y de varias filiales dedicadas a la seguridad privada y la promoción de eventos.
Soberón también es miembro de los consejos de administración de América Móvil, liderado por Carlos Slim; Grupo Financiero Banamex, dirigido por Fernando Chico Pardo, y de asociaciones civiles como Fundación Carlos Slim, Fundación Coca-Cola o Fundación IMSS.
Además, el también novio de la actriz Shasa Sokol es miembro del patronato de instituciones médicas y hasta de organizaciones pro bosque de Chapultepec.
Soberón ha mantenido una participación silenciosa pero influyente en distintas esferas de la vida pública y empresarial. Con el tiempo, OCESA se convirtió en la mayor promotora de espectáculos, pero su fama ha estado acompañada de acusaciones de sobreventa de boletos, negligencias y corrupción.
Además, la empresa sería señalada en Estados Unidos y México por prácticas monopólicas.
La última acusación gira en torno a la preventa de boletos para BTS. ARMY y Jorge Maynez presentaron una denuncia ante PROFECO acusando que la promotora realizó la preventa con precios inflados que violaban el derecho de los consumidores.
En distintas ocasiones han sido los propios consumidores quienes se han quejado de que las preventas organizadas por OCESA muestran precios inflados y que son adquiridos por revendedores que vuelven a sobreinflar y falsificar boletos.
Por su parte Ticketmaster se mantiene alejado de sus contadores con ventas en línea y un servicio impersonal.
Ambas han cancelado eventos sin reembolsar a los consumidores el dinero del boleto.
Se trata de acusaciones que han sido investigadas por la PROFECO y el ya extinto COFECE, pero que de una u otra forma han sido cerradas o dictaminadas en favor de OCESA gracias al poder de sus accionistas.
En total, la PROFECO ha reunido 4 mil 746 denuncias contra la promotora por distintos eventos, pero ninguna ha tenido consecuencias significativas para la empresa que dirige Soberón.
Una de ellas fue la interpuesta por la diputada morenista Laura Pérez Segura, quien exhortó a la PROFECO a investigar y sancionar la presunta relación de OCESA con la mafia de revendedores de boletos.
Pero el poder económico e institucional de la promotora se hace evidente, impidiendo que las averiguaciones progresen.
Profeco anunció que impondrá multas que pueden superar los 4 millones de pesos a Ticketmaster por irregularidades detectadas durante la venta de entradas para los conciertos de BTS programados en la Ciudad de México. La decisión se da en medio de una avalancha de denuncias de fans que acusaron a la plataforma de falta de información clara, así como de fallas operativas que favorecieron la aparición de boletos en reventa a precios desproporcionados.
Profeco recibió miles de quejas formales y reportes en redes sociales que detallaron, entre otras quejas, la diferencia entre los costos y la falta de certeza en el proceso de compra.
La polémica comenzó cuando los boletos disponibles para tres fechas se agotaron en minutos, mientras millones de usuarios intentaban acceder a la compra en una fila virtual saturada por la enorme demanda global. En redes sociales, se viralizaron testimonios de fans que reportaron accesos bloqueados, cancelaciones repentinas de boletos y fallas técnicas durante la preventa, lo que elevó la frustración colectiva. Ticketmaster atribuyó las dificultades al nivel récord de interés, con gran demanda en la fila virtual simultánea, pero negó que existieran precios dinámicos o cláusulas que justificaran costos especulativos más altos.
Más allá de las sanciones administrativas, que serán económicas pero sin un porcentaje determinado aún, parte del fandomARMY, adoptó medidas propias para presionar y disputar la reventa de boletos. Grupos de fans organizaron campañas en redes sociales en las que exhibieron nombres, teléfonos y perfiles de revendedores, con la intención de alertar a otros aficionados y boicotear las ventas especulativas.
Estos movimientos del ARMY también incluyeron estrategias, como la publicación masiva de hojas de cálculo con datos y guías para identificar intermediarios sospechosos, e incluso la creación de campañas para saturar números personales de revendedores con llamadas y mensajes.
El caso ha trascendido el ámbito del entretenimiento musical y se ha convertido en un debate público sobre transparencia, economía digital y derechos del consumidor, en un momento en el que millones de fans de BTS han participado activamente en manifestaciones de inconformidad, impulsando no solo quejas formales ante Profeco, sino también llamados para que se definan reglas más estrictas sobre la venta y reventa de boletos en México.
Mientras Profeco avanza en su procedimiento sancionador para proteger al consumidor, la movilización digital de ARMY´s ha puesto en evidencia el poder de organización de los fandoms y las tensiones que emergen cuando plataformas tecnológicas, mercado de entretenimiento y derechos de los usuarios chocan.
Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informa cuáles serán las acciones contra la empresa de venta de boletos y las plataformas de reventa.
Pongamos un ejemplo emblemático y muy reciente:
La “Fiebre Púrpura” de BTS no solo llenó estadios virtuales, sino que desnudó las carencias sistémicas del mercado de entretenimiento en México. ¡Y es una auténtica locura! Pues mientras miles de Armys (seguidoras de la banda) quedaban fuera por errores en la fila virtual, plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo ofrecían los mismos accesos con sobreprecios de hasta el 500%.
La Profeco, liderada por Iván Escalante, ha detectado que el problema no es solo la escasez, sino la opacidad estructural. Ticketmaster enfrenta cargos por falta de claridad informativa, mientras que las plataformas de reventa operan en un “limbo jurídico” que el Estado finalmente busca clausurar mediante notificaciones electrónicas y sanciones de hasta cuatro millones de pesos.
El fenómeno escaló a nivel diplomático. La intervención de la presidenta Sheinbaum mediante una carta a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, transforma un problema de consumo en un asunto de Estado, reconociendo al fandom como un actor político y económico relevante.
Aquí es importante decir que existe una mercantilización de la ilusión. Y eso quiere decir que, en la economía del afecto, las empresas de boletos utilizan la escasez artificial e inflan algoritmos para mal excedente del consumidor. En ese sentido, el boleto deja de ser un pase de entrada para convertirse, lamentablemente, en un activo financiero, perniciosamente especulativo.
Hay que decir que el Army de BTS no es solo un club de fans; es una comunidad transnacional organizada que obliga al Estado a intervenir. La “carta diplomática” es el reconocimiento del poder de movilización de las juventudes digitales.
Los gigantes de la reventa tendrán que entender que el bolsillo del consumidor no es, no puede ser, el fondo de ahorro de las plataformas trasnacionales.
Fans del grupo surcoreano BTS, conocidos como ARMYs, realizaron una marcha pacífica para exigir información clara y accesible sobre la venta de boletos de los conciertos programados en el Estadio GNP Seguros, de la agrupación. La marcha avanzó hasta la Oficina de Defensa del Consumidor, en un intento por visibilizar lo que consideran falta de transparencia en los procesos de preventa y venta general.
Los fans presentaron críticas hacia Ticketmaster, empresa encargada de la boletería, tras la publicación de instrucciones para registrarse en la preventa BTS ARMY Membership, sin que se dieran a conocer previamente precios oficiales ni el mapa del recinto.
Ante los reclamos, Ticketmaster respondió que los mapas del estadio se mostrarían hasta el inicio de la venta, al tratarse de un escenario con diseño 360 grados, y que los precios se revelarían únicamente dentro de la fila virtual, junto con la disponibilidad por zonas. Estas explicaciones no fueron suficientes para el fandom, que decidió acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para solicitar su intervención.
Durante la Mañanera de este lunes, el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, confirmó que la dependencia ya estableció contacto con Ticketmaster, y que fueron alrededor de 4,746 solicitudes formales para exigir que se publique información completa y detallada sobre la venta de boletos.
Como resultado, Profeco enviará un exhorto oficial a Ticketmaster para que transparente todos los aspectos del proceso, incluidos precios, cargos adicionales y el porcentaje de boletos destinados a cada modalidad de venta, tanto preventa como venta general. “Desde el inicio nos pusimos en contacto con el proveedor. Vamos a pedir que se informe con claridad todo lo que están solicitando los fans”, señaló el procurador.
Aunque el caso de BTS detonó la movilización, las inconformidades con Ticketmaster no son nuevas. En redes sociales y ante Profeco se han acumulado denuncias por prácticas similares en otros eventos. Un ejemplo reciente fue el concierto de MONSTA X, donde consumidores señalaron que los precios finales y cargos extra no se informaron desde el inicio del proceso de compra, generando costos mayores a los esperados.
Este debate ya había llegado a instancias judiciales. En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las empresas de venta de boletos en línea están obligadas a proporcionar información clara, precisa y sin ambigüedades en sus contratos digitales, fallo que recobró relevancia ante las recientes denuncias.
A lo largo de los años, Ticketmaster ha enfrentado múltiples controversias: reclamos por políticas de reembolso en eventos como Tecate Pa’l Norte 2025; la vulneración de datos personales y financieros en 2021, que derivó en la primera queja colectiva impulsada por Tec-Check; denuncias por cambios unilaterales en términos y condiciones durante la pandemia; así como acusaciones de clonación de boletos en conciertos como los de Dua Lipa y Bad Bunny en 2022.
A estas críticas se suman prácticas ampliamente cuestionadas por los consumidores, como precios dinámicos, filas virtuales interminables, boletos agotados sin recintos llenos, preventas que absorben la mayoría de las entradas y una reventa descontrolada. Para muchos fans, el dominio de Ticketmaster en el mercado mexicano de conciertos ha convertido la compra de boletos en una experiencia frustrante y poco transparente.
En este contexto, la movilización del fandom ARMY, expone las repetitivas denuncias que se han presentado hacia este monopolio. Los seguidores esperan que la intervención de Profeco no solo resuelva la situación actual, sino que también establezca un precedente para futuras ventas.
Profeco emitió una alerta nacional tras detectar cobros de inscripciones a carreras inexistentes, como la Star Wars Run, caso que dejó decenas de afectados y evidenció cómo los fraudes deportivos se multiplican en redes sociales ante la falta de verificación.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encendió las alertas tras detectar cobros de inscripciones a carreras deportivas inexistentes, luego del caso de la llamada Star Wars Run, que dejó al menos 140 personas afectadas en la Ciudad de México. El organismo advirtió que este tipo de fraudes se ha extendido a otros estados del país mediante plataformas digitales y redes sociales.
La dependencia reiteró sus recomendaciones para prevenir fraudes: verificar los antecedentes de los organizadores, confirmar que los eventos estén respaldados por plataformas reconocidas, revisar permisos oficiales y desconfiar de convocatorias difundidas únicamente en redes sociales. En un país donde el 43% de la población sale a correr de manera regular, Profeco advirtió que el sector se ha convertido en un blanco atractivo para engaños relacionados con eventos deportivos.
De acuerdo con Profeco, la supuesta carrera temática formó parte de una serie de eventos promovidos de manera electrónica que nunca contaron con permisos ni sedes oficiales. La dependencia informó que también se identificaron irregularidades en otras competencias anunciadas en Puebla, Guadalajara, Nuevo León y Querétaro, donde los organizadores habrían cobrado inscripciones sin que las carreras existieran realmente.
La alerta se emitió luego de que corredores acudieron el pasado 10 de enero al Auditorio Nacional para la entrega de kits y la competencia programada, sin que hubiera registro alguno del evento. Posteriormente, Profeco confirmó que se trataba de cobros indebidos y llamó a las personas afectadas a presentar quejas formales para documentar el caso y evitar que más consumidores sean engañados.
Aunque los defraudados alistan una demanda colectiva ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Profeco reconoció que la recuperación del dinero suele ser complicada, ya que este tipo de empresas se crean con fines fraudulentos y desaparecen rápidamente. No obstante, subrayó que las denuncias son clave para generar alertas tempranas y frenar estas prácticas.
La Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta nacional dirigida a la comunidad de corredores tras detectar posibles irregularidades y estafas en eventos deportivos atribuidos a la organización Mundo Runner.
A través de sus canales oficiales, Profeco detalló que la empresa Mundo Runnerpromociona competencias con temáticas de alta demanda, como “Star Wars” y “Merlina”, en diversas entidades del país. El modus operandi consiste en el cobro de inscripciones para eventos que no se llevan a cabo.
De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, el costo por boleto individual asciende a los 700 pesos. La “oferta” incluye un kit compuesto por una medalla y una playera conmemorativa; sin embargo, los afectados señalan que, tras realizar el pago y recibir una confirmación vía correo electrónico, no hay rastro de la logística ni de la entrega de paquetes en los puntos acordados.
La alerta de la Profeco se suma a los comunicados emitidos por autoridades locales. El pasado 22 de diciembre, la administración del Parque Fundidora en Monterrey aclaró que no existe convenio alguno con Mundo Runner ni eventos programados en sus instalaciones. Una situación similar se reportó en Puebla el pasado 2 de enero.
Hasta el momento, la empresa Mundo Runner no ha emitido declaraciones ante las acusaciones, su sitio web oficial ha sido dado de baja y no es accesible al público.
Aunque la inconformidad social es masiva, la Profeco indicó que aún no se formalizan denuncias ante la institución, por lo que exhorta a los consumidores a no realizar pagos ni transferencias a este organizador.
El auge de este tipo de fraudes coincide con el crecimiento exponencial del sector runner en el país. Según un estudio de la firma iMarc, el mercado de equipamiento para running en México alcanzó un valor de 663 millones de dólares en 2024.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan verificar la legitimidad de cualquier competencia antes de comprometer recursos económicos, consultando directamente con las sedes de los eventos.
El operativo nacional dejó denuncias penales, clausuras ambientales y cientos de bombas inmovilizadas por afectar directamente el bolsillo de las y los consumidores.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra estaciones de servicio que incurrieron en la venta de litros incompletos de combustible, una práctica ilegal que perjudica la economía de millones de automovilistas en el país.
Las acciones forman parte del Operativo Extraordinario de Verificación, implementado dentro de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, en el que participaron la Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Durante las inspecciones se revisaron 230 gasolineras en distintas entidades del país.
Como resultado, la Profeco inmovilizó 780 instrumentos de medición que no cumplían con la normatividad, mientras que la ASEA clausuró temporalmente 161 estaciones de servicio por violaciones en materia ambiental y de seguridad operativa.
La autoridad federal subrayó que la venta de litros incompletos constituye un delito, ya que representa un fraude directo contra las y los consumidores. Por ello, las irregularidades más graves detectadas derivaron en denuncias penales ante la FGR.
Aunque el operativo concluyó el pasado 16 de diciembre, la Profeco advirtió que continuarán las verificaciones ordinarias en todo el país y que cualquier estación que incurra en prácticas ilegales será sancionada o denunciada, según corresponda.
Finalmente, la dependencia destacó que, gracias a la estrategia nacional, el precio de la gasolina regular se mantuvo estable y registró una reducción del 4%, al pasar de 24.80 pesos en febrero a 23.82 pesos en diciembre, lo que representa un alivio para la economía familiar.
Usuarios llaman a cancelar suscripción y servicios de la empresa Totalplay.
Ante los llamados de los usuarios, la directora de la compañía, Anabel Cruz, salió en redes sociales a decir que Totalplay es una empresa donde, esencialmente, trabajan mujeres. Sin embargo, los propios usuarios le dijeron que el dueño de la empresa es un personaje misógino.
De hecho, Totalplay ha estado en el centro de varias polémicas recientes, especialmente durante 2024 y 2025. Estas controversias van desde cambios en sus políticas de servicio hasta batallas legales de alto nivel por deudas fiscales.
Aquí le enumero algunas de ellas:
1. La polémica del “Límite de Consumo” (en abril de 2025) Esta ha sido la controversia más ruidosa y reciente. Totalplay anunció una “Política de Uso Justo” que imponía límites de datos a sus paquetes residenciales, algo inusual en servicios de internet fijo en México.
El problema era que si un usuario excedía su límite, se le cobraría un extra (aproximadamente 110 mil pesos por cada 100 GB adicionales).
Eso propició que los usuarios saturaron las redes sociales con quejas, argumentando que el internet “ilimitado” era parte de su contrato original.
De hecho, la PROFECO tuvo que intervenir, advirtiendo que ninguna empresa puede modificar unilateralmente los términos de un contrato vigente. Ante la presión, la empresa tuvo que aclarar que los usuarios podían elegir quedarse en su plan anterior sin estos límites.
2. Batallas legales contra el SAT (ocurrida en 2024) La empresa de Ricardo Salinas Pliego, como bien se sabe, protagonizado un largo conflicto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En marzo de 2024, la Suprema Corte (SCJN), todavía en garras de Norma Piña, otorgó un amparo a Totalplay para evitar el pago de una deuda de 640 millones de pesos. Sin embargo, en agosto de 2024, otros fallos determinaron que la empresa aún debía cubrir créditos fiscales por miles de millones de pesos.
3. “Robo de puertos” y saturación de red En foros de usuarios y redes sociales (como Reddit y X), ha crecido la queja sobre una práctica técnica controvertida:
Usuarios reportan que, al haber saturación en su zona, los técnicos desconectan a clientes existentes para dar de alta a nuevos suscriptores en el mismo “puerto” de la caja de fibra óptica.
Esto genera fallas intermitentes que los usuarios tardan días en reportar y solucionar, solo para que el ciclo se repita.
4. Estilo de comunicación de Salinas Pliego Ricardo Salinas Pliego, que tiene un ánimo beligerante, suele responder de manera agresiva o sarcástica a las quejas de los clientes en redes sociales.
A menudo llama “llorones” o “comunistas” a quienes critican el servicio o los cobros extra.
Esta actitud cerril ha generado campañas de boicot bajo el hashtag #AdiósTotalplay, aunque el empresario sostiene que su servicio sigue siendo el mejor del mercado.
Lamentablemente, no es así.
Varias cosas para analizar.
De entrada, ante el boicot, la dirección liderada por Anabel Cruz intenta utilizar una narrativa de género (“empresa de mujeres”) para blindar a la marca. Sin embargo, hay una total desconexión entre esta imagen y la figura pública del dueño, Ricardo Salinas Pliego, cuyas interacciones en X (antes Twitter) son catalogadas por expertos en derechos humanos como misóginas y violentas.
Un piloto de Magnicharters se encerró en la cabina de un avión, manteniendo a los pasajeros retenidos por una hora tras ser despedido.
Un piloto de la aerolínea Magnicharters provocó pánico al encerrarse en la cabina de un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Este incidente tuvo lugar mientras el vuelo 780, con destino a Cancún, estaba en tierra.
Los pasajeros fueron privados de su libertad durante aproximadamente una hora. Muchos de ellos manifestaron su preocupación y descontento ante la situación. Como resultado, presentaron una denuncia colectiva ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Según declaraciones de empleados de Magnicharters, la acción del piloto se debió a su despido y a la falta de pago de cinco meses de salarios y aguinaldo. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad para manejar la situación.
Los viajeros del vuelo expresaron su angustia mientras esperaban en el avión. Algunos compartieron su experiencia en redes sociales, describiendo la confusión y el miedo que sintieron durante el desafortunado evento.
Este incidente ha generado un fuerte debate sobre las condiciones laborales en la aerolínea, y muchos esperan respuestas y soluciones para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir en el futuro.
