Familiares y colectivos de derechos humanos acudieron al penal para conocer la situación jurídica de los manifestantes, mientras continúan las denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza policial.
La Fiscalía de Jalisco trasladó al complejo penitenciario de Puente Grande a siete de los 39 detenidos durante la protesta del domingo en Guadalajara, donde cientos de personas exigieron agua limpia ante las denuncias por la mala calidad del suministro en sus hogares.
Entre los detenidos se encuentra Samuel Morales Navarro, de 24 años, repartidor de Rappi, quien trabaja para cubrir el tratamiento oncológico de su madre. Su detención ha generado cuestionamientos, luego de que videos difundidos en redes sociales documentaran la presunta detención arbitraria del joven durante la movilización.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, a seis de los siete hombres se les busca imputar el delito de lesiones dolosas agravadas, por presuntamente agredir a personas que desempeñan funciones de seguridad pública. Al séptimo se le pretende atribuir el delito de desobediencia o resistencia de particulares.
Aunque 32 de los 39 detenidos fueron liberados durante el lunes, la dependencia informó que todos continúan bajo investigación por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. La situación jurídica de los siete hombres que permanecen privados de la libertad deberá determinarse conforme avance el proceso.
Tras las detenciones, algunas de las personas liberadas presentaban golpes visibles y denunciaron uso excesivo de la fuerza por parte de los policías durante la manifestación. Estos señalamientos se sumaron a las críticas por la actuación de los cuerpos de seguridad frente a quienes reclamaban acceso a agua de calidad.
Ante el traslado de los siete hombres a Puente Grande, sus familiares y colectivos de defensa de los derechos humanos acudieron al complejo penitenciario para mantenerse al tanto de su situación legal. Mientras tanto, las investigaciones continúan en un caso que comenzó con las exigencias ciudadanas por el agua en Guadalajara y derivó en decenas de detenciones.
