Autoridades reconocieron que los detenidos fueron llevados a Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, mientras la Fiscalía investiga denuncias por presunta tortura y el uso de la fuerza policial.
El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, negó haber ordenado la agresión contra manifestantes que protestaban por la mala calidad del agua el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco. Ante los cuestionamientos, el funcionario respondió con un “yo no fui” y señaló que la investigación apunta a tres mandos policiales posiblemente sujetos a sanciones.
Hernández González aseguró que supervisaba las actuaciones de los policías en una zona distinta de donde ocurrieron las agresiones. Además, afirmó que existen declaraciones de agentes y mandos involucrados, por lo que la responsabilidad deberá determinarse mediante las indagatorias de Asuntos Internos.
La protesta terminó con el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua y detenciones, pese a la presencia de mujeres, personas adultas mayores y menores de edad. Las denuncias también apuntan a presuntos actos de tortura contra personas retenidas durante el operativo.
Por su parte, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, evitó adelantar si se acreditarán delitos y sostuvo que la investigación continúa abierta. En tanto, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, justificó que no se revelara quién dio la orden bajo el argumento de proteger a los posibles responsables ante eventuales represalias.
Sin embargo, los funcionarios reconocieron que las personas detenidas fueron trasladadas a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, antes de ser llevadas a la Fiscalía. Según Hernández González, permanecieron en un espacio contiguo al nuevo C5, entre las calles Montreal y Ontario, porque no había condiciones para trasladarlas en vehículos debido a la cantidad de manifestantes.
La conferencia de seguridad estuvo marcada por los deslindes de los funcionarios, quienes evitaron asumir responsabilidad directa por las decisiones del operativo. Mientras tanto, las investigaciones deberán esclarecer quién ordenó la represión, por qué se retuvo a los manifestantes en Casa Jalisco y si hubo abusos policiales contra quienes exigían respuestas por la calidad del agua.
