En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de Argentina, Javier Milei, presentó una propuesta a Donald Trump, consistente en ofrecer el Puerto de Ushuaia para uso militar y comercial a cambio de no pagar los mil millones de dólares exigidos por Trump para obtener una membresía permanente en la llamada “Junta de Paz”.
La oferta fue descrita por medios argentinos y difundida internacionalmente como parte de los intentos del gobierno de Milei por asegurar la participación de Argentina en esa iniciativa liderada por Washington, aunque sectores opositores en su país calificaron la medida como controversial y discutieron su legitimidad.
La oferta plantea un intercambio donde Argentina ofrecería el control del puerto para operaciones estratégicas a cambio de exonerar la exigencia económica por la adhesión a la Junta de Paz.
La medida fue anunciada a través de una intervención administrativa de 12 meses para el muelle, donde se detectaron irregularidades financieras y desvío de fondos públicos, según el medio Buenos Aires Herald.
La oferta del presidente Milei sucede mientras Argentina enfrenta una crisis económica, donde el deterioro de los ingresos de las familias argentinas aparece como uno de los principales problemas sociales. Un estudio reciente de la consultora Trends reveló un panorama alarmante sobre la situación económica, donde cuatro de cada diez personas no logran cubrir sus gastos mensuales.
Según estimaciones comparativas de salarios mínimos en América Latina, Argentina registra un salario mínimo mensual equivalente a aproximadamente 220–240 dólares estadounidenses, a comparación con México, el salario mínimo general es de 315,04 pesos diarios, lo que equivale a alrededor de 540–545 dólares mensuales.
La propuesta de Milei se inscribe en una política exterior marcada por gestos de alineamiento ideológico y concesiones estratégicas que contrastan con la fragilidad económica interna de Argentina. Mientras el gobierno apuesta por ofrecer infraestructura geopolíticamente sensible como moneda de cambio en escenarios internacionales, el salario mínimo argentino continúa perdiendo poder adquisitivo y distancia frente a otros países de la región, evidenciando una desconexión entre las prioridades diplomáticas del Ejecutivo y las condiciones materiales de su población.
La apertura irrestricta y la subordinación a intereses externos aparecen así como ejes de una gestión que privilegia el posicionamiento simbólico global por encima de la estabilidad social y económica doméstica.
