Etiqueta: purépecha

  • Carlos Torres Piña asume coordinación estatal de la 4T en Michoacán; primer purépecha en el cargo

    Carlos Torres Piña asume coordinación estatal de la 4T en Michoacán; primer purépecha en el cargo

    Carlos Torres Piña, originario de Paracho, en la Meseta Purépecha, encabeza la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Michoacán. Es la primera vez, en esta etapa de organización del movimiento en la entidad, que una persona de raíces purépechas ocupa ese cargo. 

    Hijo de maestros rurales de las comunidades de Zacán y San Francisco Pichátaro, Carlos Torres Piña salió joven de su región para estudiar en Morelia. Su carrera política nació de la izquierda michoacana y del movimiento democrático que más tarde concluyó en la 4T.

    Como secretario de Gobierno en la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, le tocó atender una de las principales demandas históricas de los pueblos indígenas: que el Estado reconozca su derecho a organizarse, gobernarse y administrar directamente sus recursos públicos.

    En noviembre de 2024, Carlos Torres Piña informó que las comunidades con acceso a este modelo pasaron de 11 a 40. Entre ellas pueblos purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes. El esquema permite a las autoridades comunales ejercer esos fondos conforme a sus propias decisiones y formas de organización, en lugar de depender de los ayuntamientos, con los que durante décadas debieron disputar los recursos que les correspondían.

    Michoacán incorporó a su marco jurídico el reconocimiento de las kuarichas, guardias y rondas comunitarias, junto con mecanismos para coordinarlas con las instituciones de seguridad pública, sin desconocer la autoridad de los gobiernos comunales. La reforma constitucional de diciembre de 2024 reforzó ese reconocimiento al establecer que las comunidades con autogobierno tienen el mando de sus propias instituciones de seguridad comunal.

    Estos avances son resultado de luchas históricas de los pueblos indígenas, acompañadas por cambios institucionales durante el gobierno estatal del que Carlos Torres Piña formó parte.

    Carlos Torres Piña mantiene relación con las cuatro regiones purépechas: la Meseta, la Cañada de los Once Pueblos, la Ciénega de Zacapu y la región del Lago de Pátzcuaro. También ha construido vínculos políticos e institucionales con representantes de comunidades otomíes, mazahuas y nahuas.

    El panorama incluye el reconocimiento del pueblo pirinda o matlatzinca, con presencia histórica en Huetamo y otras comunidades de Tierra Caliente, así como los procesos nacionales de reconocimiento de los derechos de la población afromexicana.

    La nueva etapa de la 4T en Michoacán estará marcada por el papel de estos pueblos en las decisiones políticas y por la continuidad de los derechos conquistados tras décadas de organización.

  • Brugada impulsa justicia territorial y entrega 120 viviendas para pueblos indígenas

    Brugada impulsa justicia territorial y entrega 120 viviendas para pueblos indígenas

    La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó este martes 120 viviendas a comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar su permanencia en zonas céntricas y evitar su desplazamiento hacia la periferia. Las familias beneficiadas pertenecen a pueblos otomí, mazahua, purépecha, wixárica, chontal, tzotzil y triqui, que desde hace años mantienen presencia social, cultural y laboral en la capital.

    Las viviendas están ubicadas en cuatro predios del Centro Histórico y la colonia Guerrero: 56 en San Jerónimo, 40 en Isabel la Católica, 16 en Academia y ocho más en la calle Sol. De acuerdo con autoridades capitalinas, los precios, que van de 464 mil a 700 mil pesos, buscan asegurar vivienda social de calidad a bajo costo en zonas donde el mercado inmobiliario suele excluir a quienes tienen menos recursos.

    Brugada anunció que el próximo año se pondrá en marcha un nuevo programa de subsidio habitacional dirigido a jóvenes que buscan rentar, a familias de sectores populares sin acceso a créditos formales y a personas pensionadas afectadas por el aumento de las rentas. La mandataria afirmó que el objetivo es ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda digna y fortalecer las políticas de justicia social.

    Uno de los proyectos destacados es el del predio de Isabel la Católica, que combina departamentos con una planta baja destinada a actividades productivas, para que las y los habitantes puedan vender sus productos sin ocupar la vía pública. Con este modelo, el gobierno busca apoyar la economía familiar y fomentar la convivencia comunitaria.

    El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que la entrega de estas 120 viviendas es parte de una estrategia más amplia que contempla 200 mil acciones de vivienda y que, a partir de 2026, iniciará la construcción de 700 viviendas adicionales para comunidades indígenas. Por su parte, representantes de los colectivos beneficiados destacaron que estos proyectos ayudan a asegurar su derecho a permanecer en la ciudad sin ser desplazados.

    La entrega de viviendas contó con la presencia de autoridades del gobierno capitalino y representantes comunitarios, quienes coincidieron en que la vivienda social es un elemento clave para combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a habitar la ciudad en condiciones de igualdad.

  • La Presidenta Claudia Sheinbaum promueve pan de Justicia para el pueblo P’urhépecha

    La Presidenta Claudia Sheinbaum promueve pan de Justicia para el pueblo P’urhépecha

    Con la finalidad de enfrentar y reparar décadas de migración sufrida en Michoacan, desde el pueblo P’urhépecha en Cherán Atzucyurun, la Presidenta, Claudia Sheinbaum, dio banderazo de salida al Plan de Justicia para la región

     El plan tiene como eje central promover la justicia social y ambiental, buscando ofrecer soluciones concretas a los problemas históricos que han afectado a este pueblo originario.

    Este proyecto abarca una amplia gama de acciones que incluyen mejoras en áreas clave como la educación, salud, vivienda, apoyo al campo, seguridad y la revitalización cultural. En este último aspecto, se contempla el rescate de la emblemática tradición de las guitarras de Paracho, así como el fortalecimiento de la lengua purépecha, lo que contribuirá a la preservación y el reconocimiento de su rica herencia cultural.

    Además, una de las iniciativas más destacadas será la implementación del Programa Nacional de Estufas para el Bienestar, el cual tiene como objetivo reducir hasta un 50% el humo en las viviendas de las comunidades, lo que representa una mejora directa en la salud de las familias. Este programa también se enfocará en proteger los bosques sagrados de la región, contribuyendo a la preservación del medio ambiente en un territorio que es vital tanto para la comunidad como para el equilibrio ecológico de la zona.

    El Plan de Justicia contará con una inversión inicial de 500 millones de pesos, los cuales serán gestionados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que trabajará en coordinación con las propias comunidades. Un aspecto clave de este proyecto es que se respetará el derecho de las comunidades a la autodeterminación, asegurando que las decisiones y acciones sean tomadas en conjunto con los pueblos originarios, fortaleciendo así su autonomía.

    Claudia Sheinbaum destacó que este plan es una forma de devolverles a los pueblos indígenas lo que les fue arrebatado durante siglos de injusticias. La presidenta reafirmó su compromiso personal para supervisar el avance de este proyecto, asegurando que se cumpla con los objetivos establecidos y que las comunidades reciban los beneficios que les corresponden por derecho.

    Este esfuerzo tiene un significado histórico, ya que marca un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno federal y los pueblos originarios. Es un paso importante para reconocer y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo un modelo de gobernanza indígena que respete su autonomía y permita un desarrollo sostenible y justo para todas las comunidades involucradas.

    Con este plan, el gobierno de Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con la justicia social y la reparación histórica, abriendo un camino hacia un futuro más inclusivo y equitativo para las comunidades indígenas del país.

  • Traducen leyes sobre tortura y desaparición forzada a seis lenguas indígenas

    Traducen leyes sobre tortura y desaparición forzada a seis lenguas indígenas

    El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil (CEPIADET) tradujo la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en seis variantes lingüísticas: wixárica, purépecha, náhuatl y totonaco de Puebla, así como náhuatl y totonaco de Veracruz. 

    Esta organización civil con sede en Oaxaca tiene como objetivo brindar herramientas suficientes a los hablantes de lenguas indígenas para ejercer sus derechos lingüísticos, en el ámbito de la justicia. 

    Esta labor tardó dos años y fue un reto pues era necesario pensar cómo comunicar. De acuerdo con el presidente de la organización, Tomás López Sarabia, fue fundamental realizar una interpretación no sólo técnica sino intercultural para que se pudieran entender las implicaciones de padecer graves violaciones a los derechos humanos. Y con ello, dotar de herramientas a los más de siete millones de hablantes de una lengua indígena.  

    La traducción de las referidas leyes ayudará a los familiares de personas víctimas de desaparición o tortura para realizar denuncias formales, así como para el entendimiento de los procedimientos, el acercamiento a las instituciones e incluso para emprender y generar espacios para la defensa de sus derechos. 

    El Presidente del Consejo Directivo del Cepiadet explicó la  importancia de las traducciones de estas leyes “desde CEPIADET se tradujeron las dos leyes con la  finalidad de difundir, informar y visibilizar información clave para prevenir y sancionar la tortura y  la desaparición forzada, desde los enfoques de interculturalidad, género, derechos humanos y  antirracismo”.

    Asimismo, con esta iniciativa se busca el respeto y uso de las lenguas indígenas como un derecho humano de las personas, comunidades y Pueblos Indígenas, accediendo así a la  información en sus propias lenguas.