Etiqueta: PVEM

  • Exigen juicio político contra Luis Munguía, alcalde del PVEM en Puerto Vallarta, por presunta corrupción

    Exigen juicio político contra Luis Munguía, alcalde del PVEM en Puerto Vallarta, por presunta corrupción

    La denuncia presentada ante el Congreso de Jalisco señala posibles desvíos de recursos, conflictos de interés y violaciones sistemáticas a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

    La crisis política en Puerto Vallarta escaló luego de que la regidora independiente Melissa Madero presentara una solicitud formal de juicio político contra el alcalde Luis Ernesto Munguía, emanado del Partido Verde, a quien acusa de presuntos actos de corrupción, irregularidades administrativas y posibles desvíos de recursos públicos.

    De acuerdo con la edil, la denuncia interpuesta ante el Congreso de Jalisco incluye señalamientos relacionados con conflictos de interés y otras conductas que podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales. Madero sostuvo que existen elementos suficientes para investigar el manejo de los recursos municipales y determinar posibles afectaciones al patrimonio público.

    Puerto Vallarta ya no puede seguir gobernado entre opacidad, silencio y dinero público que nadie sabe dónde terminó”, afirmó la regidora al dar a conocer la acción legal emprendida contra el presidente municipal. Asimismo, señaló que actualmente colabora con autoridades estatales y federales en la recopilación de información vinculada con presuntos actos de corrupción dentro de la administración local.

    Según explicó, las indagatorias abarcan información relacionada no solo con el alcalde, sino también con funcionarios municipales, regidores, organismos descentralizados y diversas áreas del Ayuntamiento, entre ellas Comunicación Social, el DIF Municipal, el Consejo Municipal del Deporte, Cultura, gerencias y asesores involucrados en el manejo de recursos públicos.

    La funcionaria aseguró que la solicitud de juicio político representa apenas el primer paso de una serie de acciones encaminadas a esclarecer el destino de los recursos municipales. En su denuncia, acusa presuntas violaciones graves y sistemáticas a las obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, pilares fundamentales para el ejercicio de un gobierno responsable.

    El señalamiento surge además en un contexto de creciente inconformidad ciudadana por problemas que afectan a Puerto Vallarta, como el deterioro de la infraestructura urbana, deficiencias en la recolección de basura, fallas en el suministro de agua potable y el mal estado de calles y vialidades, situaciones que han generado cuestionamientos sobre la gestión del gobierno municipal y el uso de los recursos públicos.

  • “Ley Mordaza” de Ricardo Gallardo desata persecución contra periodistas en San Luis Potosí

    “Ley Mordaza” de Ricardo Gallardo desata persecución contra periodistas en San Luis Potosí

    Dos comunicadoras ya fueron encarceladas y al menos nueve periodistas, activistas y críticos del gobierno potosino aparecen en carpetas de investigación tras reformas impulsadas por el gobierno de Ricardo Gallardo.

    En San Luis Potosí, criticar al gobernador Ricardo Gallardo ya parece delito. Lo que comenzó con un video difundido en redes sociales —en el que supuestos integrantes del crimen organizado acusaban al mandatario del PVEM de tener vínculos con el CJNG— terminó convirtiéndose en una auténtica cacería contra periodistas, activistas y voces incómodas para el gobierno estatal.

    Luego de que Gallardo negara las acusaciones y asegurara que el video había sido creado con inteligencia artificial, el Congreso local, dominado por aliados del Partido Verde, aprobó en 2025 una polémica reforma al Código Penal conocida ya como la “Ley Serrano”. Bajo el argumento de combatir contenidos falsos generados con IA, la norma abrió la puerta para perseguir penalmente a comunicadores y críticos del gobierno. Y no tardaron en usarla.

    La semana pasada fueron detenidas Eréndira Reyes, administradora de la página San Wicho Times, y su hija Alejandra Hermosillo. Ambas permanecen en prisión preventiva acusadas de “uso indebido de inteligencia artificial”. Mientras tanto, otras nueve personas —entre periodistas, activistas y defensores de derechos humanos— aparecen señaladas en documentos filtrados de la Fiscalía estatal. Curiosamente, todos tienen algo en común: han cuestionado públicamente a Ricardo Gallardo y a su administración.

    Diversas organizaciones nacionales e internacionales ya encendieron las alarmas. El Comité para la Protección de los Periodistas calificó el caso como uno de los precedentes más peligrosos contra la libertad de expresión en México. Artículo 19 también denunció el uso del sistema penal como mecanismo de intimidación. Y es que mientras el gobernador insiste en victimizarse, en San Luis Potosí crece el miedo entre reporteros que ahora deben pensar dos veces antes de publicar información incómoda para el poder estatal.

    La polémica llega además en medio de las tensiones rumbo a las elecciones de 2027. Ricardo Gallardo enfrenta fuertes críticas por impulsar políticamente a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como posible sucesora en el gobierno estatal, algo que contradice incluso el discurso nacional contra el nepotismo promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Para muchos periodistas locales, el endurecimiento contra medios críticos forma parte de una estrategia para blindar políticamente al grupo que controla el estado.

    Mientras el gobierno potosino asegura que “no hay persecución”, las detenciones, las carpetas de investigación y las amenazas judiciales cuentan otra historia. En un país donde ejercer el periodismo ya implica riesgos por la violencia criminal, ahora también hay gobiernos locales que parecen decididos a utilizar las leyes como herramienta para silenciar críticas. Y en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo está demostrando que la piel delgada puede convertirse rápidamente en política de Estado.

    Con información de Beatriz Guillén y Ernesto Núñez para El País.

  • Reforma electoral genera un amplio debate sobre la anulación de elecciones por injerencia extranjera

    Reforma electoral genera un amplio debate sobre la anulación de elecciones por injerencia extranjera

    La discusión sobre la reforma que busca anular elecciones por injerencia extranjera reveló preocupaciones sobre su ambigüedad y posibles efectos en la democracia.

    El debate sobre una reforma que anularía elecciones por injerencia extranjera se volvió un tema candente en el Congreso. Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y ahora diputada de Morena, expresó serias preocupaciones sobre la falta de precisión en su redacción. La normativa, en su opinión, carece de claridad en su contenido y alcance.

    Durante la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, otros legisladores, como el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, también decidieron abstenerse de apoyar la iniciativa. A pesar de estas dudas, el dictamen avanzó con el apoyo de 28 votos favorables provenientes de Morena, el PT y el PVEM, mientras que 9 legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se expresaron en contra.

    Sánchez Cordero hizo hincapié en que la norma abierta podría interpretarse de diversas maneras, lo cual podría afectar la certeza jurídica. “Estamos ante una norma que puede llenarse con cualquier supuesto”, advirtió. La diputada Annia Gómez, del PAN, también cuestionó la redacción del artículo 78 TER, señalando los riesgos de considerar como causal de nulidad acciones que pongan en duda la soberanía nacional.

    La preocupación por la falta de claridad en la reforma continuó con la intervención de la diputada Iraís Reyes por Movimiento Ciudadano. Ella planteó escenarios en los que informes de organismos internacionales podrían considerarse una injerencia, lo cual podría llevar a anular elecciones. “¡Qué peligroso!”, exclamó, subrayando los riesgos que esto conlleva.

    Desde el PT, la diputada Lilia Aguilar Gil pidió a la oposición no permitir que su país sea utilizado por intereses ajenos, recordando que la intervención extranjera es un tema sensible. La legisladora afirmó que México no debería ser un peón en juegos políticos extranjeros.

    Por otro lado, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, por Morena, defendió la reforma. Ella argumentó que es fundamental proteger la democracia y evitar influencias externas que podrían alterar la voluntad del pueblo mexicano. Castillo Lozano llamó a fortalecer las instituciones y cerrar cualquier espacio para actores externos que busquen vulnerar los procesos democráticos del país.

    Más tarde, en la Comisión de Reforma Político-Electoral, se aprobaron cambios secundarios a la Ley General de Medios de Impugnación. Mientras la mayoría celebró el avance, la oposición expresó su preocupación por la falta de medidas contra la influencia del crimen organizado en campañas electorales. 

    El debate sigue abierto y el futuro de la reforma plantea preguntas sobre su impacto en la democracia mexicana. Las inquietudes acerca de su ambigüedad y sus posibles consecuencias continúan generando discusión entre los legisladores y la sociedad.

  • Propuesta para aumentar penas por maltrato animal en Veracruz

    Propuesta para aumentar penas por maltrato animal en Veracruz

    El PVEM busca endurecer las sanciones con hasta seis años de prisión y multas cuantiosas.

    Los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz han presentado una iniciativa que busca aumentar las penas por maltrato animal. Esta propuesta, impulsada por el diputado Marcelo Ruiz Sánchez, plantea sanciones más severas para quienes cometen este tipo de delitos, incluyendo la sustracción, el abuso sexual y el abandono de animales.

    Actualmente, quienes maltratan a un animal pueden evitar un juicio y optar por multas menores o medidas sustitutivas. Esta situación permite que muchos responsables no enfrenten la cárcel. La nueva iniciativa busca cambiar esto, estableciendo penas de hasta seis años de prisión y multas que pueden superar los 200 mil pesos.

    Ruiz Sánchez explicó que es necesario asegurar que quienes maltratan a estos seres vulnerables enfrenten las consecuencias de sus acciones. Al aumentar las penas, se pretende que se realicen juicios efectivos y que, si se condena a un culpable, no puedan salir fácilmente a través de recompensas u otras alternativas. “Lo urgente es que haya una verdadera responsabilidad”, enfatizó.

    La propuesta incluye sanciones más elevadas para situaciones específicas. Por ejemplo, si el maltrato resulta en la muerte del animal, la pena podría ser de tres a seis años de prisión. Además, se prevé el decomiso de animales involucrados en estos delitos.

    Dentro de las nuevas consideraciones, se criminaliza el abuso sexual contra animales y se establece que quienes abandonen a sus mascotas enfrentarán de seis meses a dos años de prisión. Ruiz Sánchez también mencionó la sustracción de animales como un delito que, en ocasiones, se utiliza para hacer daño emocional a otras personas. Las sanciones varían según la intención detrás del robo, desde uno a tres años de prisión, hasta cinco si se busca obtener una ganancia económica.

    La fundación de esta propuesta se realiza bajo el reconocimiento de los animales como seres sintientes en la Constitución de Veracruz. Ruiz Sánchez argumentó que, al ser seres sintientes, deben recibir mayores protecciones ante quienes amenazan su bienestar.

    Además, la iniciativa contempla agravantes si los delitos se cometen en presencia de niños, o por parte de servidores públicos. También se consideran situaciones más graves si se utilizan armas, sustancias peligrosas, o si las agresiones se difunden a través de imágenes o videos.

    Finalmente, la propuesta busca facultar a las autoridades de seguridad y justicia para que investiguen estos delitos de oficio, sin necesidad de recibir una denuncia directa de los dueños de los animales. Con estos cambios, el objetivo es fortalecer la protección de los animales y asegurar que se respeten sus derechos en Veracruz.

  • PVEM perfila a Ruth González para San Luis Potosí; asegura que “no es nepotismo”

    PVEM perfila a Ruth González para San Luis Potosí; asegura que “no es nepotismo”

    Karen Castrejón confirmó que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, podría convertirse en la candidata del Partido Verde para las elecciones de 2027 en San Luis Potosí.

    La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, confirmó que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se perfila como la posible candidata del partido para disputar la gubernatura en 2027, escenario que volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre nepotismo y sucesión familiar en cargos públicos.

    A través de redes sociales y tras una conferencia de prensa conjunta con Morena y el PT, Karen Castrejón aseguró que el PVEM busca mantener la alianza rumbo a las próximas elecciones y respaldó la posibilidad de que Ruth González encabece el proyecto político en San Luis Potosí. Según la dirigente, las encuestas colocan a la senadora como uno de los perfiles con mayor respaldo ciudadano en la entidad.

    La líder del Verde defendió que la eventual candidatura no representaría un caso de nepotismo, al argumentar que se trataría de un cargo de elección popular y no de una designación directa dentro de la administración pública. “Estamos en contra del nepotismo entendido como designar a familiares en cargos públicos. Distinto es el caso de los cargos de elección popular, donde el pueblo decide”, sostuvo Castrejón.

    Sin embargo, la postura del PVEM ocurre en medio de la discusión nacional impulsada por Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum sobre limitar prácticas relacionadas con herencias políticas y redes familiares en el poder. Aunque legalmente una candidatura no constituye nepotismo administrativo, especialistas y actores políticos han señalado que los relevos entre familiares directos pueden generar concentración de poder político en determinados grupos o partidos locales.

    Ruth González Silva actualmente ocupa un escaño en el Senado y ha mantenido una fuerte presencia política en San Luis Potosí junto al grupo encabezado por Ricardo Gallardo. Desde el inicio del actual gobierno estatal, la oposición ha cuestionado la influencia del círculo cercano del mandatario en distintas áreas políticas y electorales de la entidad.

    Karen Castrejón reiteró que el PVEM apostará por definir candidaturas mediante encuestas y aseguró que el partido buscará competir nuevamente en coalición con Morena y el PT. No obstante, la posible postulación de la esposa del gobernador ya abrió un nuevo debate sobre los límites entre respaldo popular, continuidad política y concentración familiar del poder rumbo a las elecciones de 2027.

  • Morena, PT y PVEM usarán encuestas y apoyo del gabinete de seguridad rumbo a 2027

    Morena, PT y PVEM usarán encuestas y apoyo del gabinete de seguridad rumbo a 2027

    La coalición oficialista anunció que revisará perfiles, reputación pública y posibles vínulos con irregularidades para evitar candidaturas que dañen la imagen del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

    La coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México anunció que aplicará un “blindaje” interno para definir sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027. Entre las medidas destacan encuestas ciudadanas, revisiones de reputación pública y apoyo de instituciones de seguridad para detectar perfiles cuestionables.

    Durante una conferencia de prensa encabezada por dirigentes nacionales y legisladores de los tres partidos, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, explicó que el objetivo es impedir que personas sin trayectoria ética lleguen a representar a la alianza oficialista. Señaló que buscan perfiles con cercanía con la ciudadanía, honestidad y congruencia con los principios del movimiento.

    La morenista detalló que las encuestas medirán el llamado “saldo positivo de opinión” de cada aspirante, es decir, la percepción ciudadana sobre su desempeño y conducta pública. Además, confirmó que solicitarán información y colaboración de instituciones como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar posibles irregularidades o antecedentes negativos.

    Por su parte, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, respaldó la implementación de filtros más estrictos y advirtió que la coalición no permitirá que funcionarios señalados por presuntas irregularidades permanezcan en sus cargos. Aunque evitó mencionar nombres específicos, sostuvo que el bloque oficialista debe actuar con responsabilidad política y ética.

    Sobre la continuidad de la alianza en estados como San Luis Potosí, Hernández Mora afirmó que cada entidad tendrá un análisis particular y que las decisiones se tomarán en mesas de diálogo entre las dirigencias. También rechazó versiones sobre presuntas fracturas internas y aseguró que, incluso cuando los partidos compiten por separado, mantienen una relación de respeto y coordinación política.

    En tanto, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó que el partido también podrá iniciar revisiones internas de oficio contra aspirantes o funcionarios en activo. Como ejemplo, mencionó el caso del alcalde de Chignahuapan, Puebla, señalado recientemente por un acto de frivolidad, situación que ya fue turnada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para evaluar posibles sanciones y reforzar la exigencia de una conducta ética dentro del movimiento.

  • Beatriz Mojica lidera la carrera por Guerrero

    Beatriz Mojica lidera la carrera por Guerrero

    Una encuesta realizada por enkoll para El universal muestra que la senadora Beatriz Mojica se posiciona como la favorita dentro de Morena para la gubernatura de Guerrero en 2027. Los ciudadanos la ven con buenos ojos y prefieren a una mujer al frente del estado. Morena mantiene una fuerte ventaja sobre otros partidos.

    Beatriz Mojica sueña con gobernar Guerrero. La senadora encabeza las preferencias internas de Morena con un sólido 37 por ciento. Esta cifra le da una ventaja de 10 puntos sobre Félix Salgado Macedonio, que alcanza el 27 por ciento. Esthela Damián ocupa el tercer lugar con el 12 por ciento.

    Los guerrerenses valoran su imagen positiva. Mojica registra el mejor saldo de opinión entre los posibles candidatos, con más 12 puntos. Además, el 55 por ciento de la gente la conoce. En cambio, otros perfiles enfrentan opiniones más negativas.

    Muchas personas en el estado quieren una mujer como gobernadora. El 42 por ciento lo prefiere, frente al 28 por ciento que opta por un hombre. El resto se muestra indiferente. Esta tendencia favorece el perfil de Mojica y abre una puerta de esperanza para muchas familias que buscan cambio y cercanía.

    Morena domina las preferencias partidistas. Si las elecciones fueran hoy, el 63 por ciento votaría por este partido. El PRI se queda lejos, con solo el 13 por ciento. Los demás partidos obtienen porcentajes aún menores.

    En un posible enfrentamiento electoral, Beatriz Mojica alcanza el 63 por ciento de las preferencias efectivas junto a sus aliados del PT y el PVEM. Manuel Añorve, del PRI, llega al 19 por ciento. Gaby Bernal, de Movimiento Ciudadano, registra el 11 por ciento. Estos números pintan un panorama favorable para Mojica.

    La encuesta la realizó Enkoll para El Universal. Los entrevistadores hablaron cara a cara con 1,019 personas con credencial de elector en Guerrero. El trabajo se realizó entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2026. Los resultados tienen un margen de error de más o menos 3.1 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.

    Esta medición refleja el sentir actual de la gente. Beatriz Mojica genera confianza y cercanía entre los guerrerenses. Su liderazgo interno y el apoyo a Morena sugieren que ella podría convertirse en una figura clave para el futuro del estado.

  • Citlalli Hernández ya dialoga con PT y Verde para rearmar la alianza rumbo a 2027

    Citlalli Hernández ya dialoga con PT y Verde para rearmar la alianza rumbo a 2027

    El primer acercamiento fue un “saludo” entre aliados, pero abre la ruta para definir acuerdos formales la próxima semana, tras la renovación de la dirigencia nacional morenista.

    Con miras a las elecciones de 2027, Citlalli Hernández inició el reacomodo político de Morena al encabezar su primer encuentro con las dirigencias del PVEM y el PT, luego de asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones. La reunión, de carácter privado, marca el arranque de una nueva etapa de negociación dentro del bloque oficialista.

    El encuentro, que se prolongó por cerca de tres horas en un hotel como sede neutral, fue descrito por los asistentes como un acercamiento inicial. Karen Castrejón, líder del Partido Verde, minimizó tensiones y aseguró que “no hay asperezas” entre las fuerzas políticas, subrayando que la intención de mantener la alianza sigue firme.

    Por parte del Verde también acudieron Arturo Escobar y Vega y Carlos Puente, mientras que el PT estuvo representado por su dirigente Alberto Anaya, junto con Geovanna Bañuelos y Benjamín Robles. Todos coincidieron en que se trató de una reunión preliminar, sin acuerdos concretos, pero con disposición al diálogo.

    Las dirigencias adelantaron que la primera mesa formal de trabajo para definir la coalición se realizará el próximo martes, una vez que Morena resuelva su renovación interna, proceso clave para ordenar la estrategia electoral.

    En ese contexto, crece la expectativa sobre quién asumirá la presidencia nacional del partido guinda. Todo apunta a Ariadna Montiel, quien recientemente dejó la Secretaría del Bienestar, lo que podría acelerar la consolidación de acuerdos con sus aliados.

    Así, Morena comienza a reconfigurar su bloque político de cara a 2027, buscando evitar fracturas y mantener la cohesión que le ha permitido dominar el escenario electoral en los últimos años.

  • “El narco se metió al gobierno de San Luis Potosí”: Zumaya sobre Ricardo Gallardo

    “El narco se metió al gobierno de San Luis Potosí”: Zumaya sobre Ricardo Gallardo

    El empresario Gerardo Sánchez Zumaya habló con Manuel Pedrero, director de Los Reporteros MX, en donde acusa miedo en la población, denuncia campañas en su contra y asegura que el estado vive una crisis de seguridad y justicia.

    Gerardo Sánchez Sumaya, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, lanzó una grave advertencia sobre la situación del estado al asegurar que el crimen organizado “se metió a las entrañas del gobierno”, generando un clima de miedo entre la población y debilitando la capacidad institucional.

    En entrevista con Manuel Pedrero para Los Reporteros MX, el morenista afirmó que tras recorrer el estado desde 2023, ha identificado un “clamor de justicia” entre la ciudadanía, especialmente por desapariciones, inseguridad y violencia creciente. “La gente tiene miedo, la inseguridad se ha apoderado de las calles”, señaló, al tiempo que sostuvo que no se ha construido una política real de paz.

    Sumaya también lanzó críticas al actual gobierno estatal encabezado por Ricardo Gallardo, al que acusó de haber permitido que la delincuencia avanzara. Aunque reconoció algunas obras, como infraestructura carretera, fue contundente al señalar que la seguridad está reprobada y que el problema de fondo no ha sido atendido.

    En ese contexto, denunció ser blanco de una campaña de desprestigio, con acusaciones que van desde delitos graves hasta señalamientos sin sustento legal. Aseguró que ha enfrentado múltiples denuncias anónimas sin resultados en su contra, y acusó que se han utilizado recursos públicos para financiar ataques mediáticos, con el objetivo de frenar su crecimiento político.

    El aspirante sostuvo que, pese a la ruptura entre Morena y el Partido Verde en la entidad, su partido tiene posibilidades reales de ganar la gubernatura en 2027, siempre que se elijan perfiles cercanos a la gente. Además, criticó el uso de programas sociales con fines políticos, al calificarlos como mecanismos de clientelismo en el estado.

    Finalmente, planteó que su proyecto se basa en tres ejes: seguridad, acceso al agua y justicia social, al advertir que San Luis Potosí enfrenta una crisis hídrica y de gobernabilidad. “Aquí no van a entrar los criminales. San Luis no es tierra de narcos”, sentenció.