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  • Carlitos Parias, periodista mexicano, cumple 300 días detenido por ICE

    Carlitos Parias, periodista mexicano, cumple 300 días detenido por ICE

    Carlitos Ricardo Parias permanece retenido en California pese a que un juez desestimó definitivamente los cargos en su contra; denuncia condiciones insalubres y abandono médico.

    El periodista mexicano Carlitos Ricardo Parias cumple 300 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un caso que se ha convertido en la detención más prolongada de un comunicador registrada en ese país, de acuerdo con The Intercept.

    Originario de Puebla, Parias permanece en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, mientras continúan los trámites para su deportación. El comunicador denunció que fue herido de bala durante su arresto y que, pese a haber sido sometido a una cirugía, no recibe la atención médica necesaria para recuperarse.

    Pero la situación no termina ahí. Según el periodista y lo documentado por The Intercept, permanece en una celda en condiciones insalubres, infestada de cucarachas, mientras que el agua que recibe para beber presuntamente contiene gusanos. Todo esto ocurre mientras continúa privado de su libertad, aun cuando un juez desestimó de manera definitiva los cargos penales que enfrentaba por una acusación de agresión contra un agente federal.

    El caso resulta especialmente grave porque, en lugar de esclarecer las irregularidades denunciadas, las autoridades migratorias mantienen detenido a Parias mientras avanzan con su deportación. La situación vuelve a poner bajo la lupa las condiciones en las que ICE mantiene a personas bajo custodia y el trato que reciben quienes permanecen detenidos durante procesos migratorios prolongados.

    El episodio ocurre además en medio de denuncias sobre espionaje contra activistas. Una investigación de The Intercept reveló que ICE infiltró a un agente encubierto en reuniones y protestas del movimiento Sunrise, organización crítica de las políticas migratorias. El agente incluso se ofreció para fabricar herramientas destinadas a acciones de protesta. Mientras Washington presume mano dura contra la migración, casos como el de Parias exhiben el costo humano de esa política.

  • ICE gastará 20 mdd en guantes que emiten descargas eléctricas

    ICE gastará 20 mdd en guantes que emiten descargas eléctricas

    El gobierno de Donald Trump busca incorporar dispositivos capaces de aplicar descargas eléctricas a agentes migratorios, en medio de cuestionamientos por el uso de la fuerza durante las redadas.

    La administración de Donald Trump prepara una nueva herramienta para sus operativos migratorios: guantes capaces de emitir descargas eléctricas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contempla destinar entre 10 y 20 millones de dólares para adquirir estos dispositivos, de acuerdo con un aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    Los equipos, conocidos como CTG 5 G.L.O.V.E., son comercializados como dispositivos de “desescalada” para las fuerzas del orden. Sin embargo, su funcionamiento permite aplicar una descarga de hasta 380 voltios y provocar una contracción muscular que dificulte el movimiento de la persona. El DHS prevé que los equipos sean entregados antes del 31 de marzo de 2027.

    La propuesta llega mientras ICE enfrenta fuertes críticas por sus tácticas de arresto y la administración Trump mantiene la presión para incrementar las detenciones de migrantes. El gobierno sostiene que los guantes servirían para reducir enfrentamientos, pero organizaciones defensoras de los derechos civiles cuestionan que una agencia migratoria disponga ahora de otra herramienta para ejercer fuerza física.

    El propio fabricante establece límites para su utilización: no deben emplearse como castigo ni contra niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidades graves, además de advertir que no deben activarse únicamente ante desafíos verbales. Los usuarios, además, deben contar con certificación y recertificarse cada dos años.

    La controversia no es menor. Dispositivos similares ya han sido utilizados en cárceles de Estados Unidos y existen antecedentes de incidentes en los que funcionarios penitenciarios fueron acusados de golpear y aplicar descargas eléctricas a un recluso. Para organizaciones civiles, la medida resulta especialmente preocupante ante los cuestionamientos que ICE ya enfrenta por el uso de la fuerza.

    Así, mientras la administración Trump habla de “desescalada”, prepara una herramienta que, literalmente, lleva la descarga eléctrica puesta en la mano del agente.

  • Trump ofrece hasta 3 mil millones de dólares a estados que respalden redadas contra migrantes

    Trump ofrece hasta 3 mil millones de dólares a estados que respalden redadas contra migrantes

    El nuevo programa del Departamento de Justicia condiciona millonarias subvenciones a que estados y municipios colaboren con el ICE en la detención de personas migrantes, reforzando la política migratoria de Donald Trump.

    La administración del presidente Donald Trump pondrá sobre la mesa hasta 3 mil millones de dólares en subvenciones para los estados y municipios que acepten colaborar con las autoridades federales en la aplicación de su política migratoria. De acuerdo con una investigación de The Washington Post, el programa busca incentivar la participación de policías locales en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    El plan, impulsado por el Departamento de Justicia, establece que los gobiernos estatales y municipales deberán integrarse plenamente al programa 287(g), un mecanismo que permite a las corporaciones policiacas locales trabajar de manera coordinada con agentes migratorios para identificar, detener y procesar a personas que se encuentren en situación migratoria irregular y que además enfrenten algún delito bajo las leyes federales, estatales o locales.

    Los recursos podrán utilizarse para contratar y capacitar policías, adquirir drones, cámaras corporales, sistemas de vigilancia e incluso construir centros temporales de detención. A cambio, las jurisdicciones deberán comprometerse a respaldar las acciones migratorias del gobierno federal y, en algunos casos, reembolsar gastos derivados de intervenciones de las autoridades federales.

    El programa, denominado Programa para Superar los Déficits Relacionados con la Inmigración a Nivel Nacional, fue creado mediante la ley One Big Beautiful Bill y tendrá recursos disponibles hasta septiembre de 2028. Llama la atención que el esquema fue bautizado informalmente como “Programa Biden”, en una referencia irónica al expresidente Joe Biden, pese a que ahora será utilizado para fortalecer la estrategia migratoria de Trump.

    La iniciativa forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la Casa Blanca. Según el documento citado por el diario estadounidense, el objetivo es aumentar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para reforzar las detenciones de migrantes y ampliar la capacidad operativa de las agencias encargadas del control fronterizo y la seguridad interior.

    Al presentar el programa, el fiscal general adjunto Stanley Woodward aseguró que el gobierno busca evitar que se repitan los “desastres fronterizos” que atribuye a la administración Biden y sostuvo que el Departamento de Justicia está comprometido con restaurar el “orden” mediante una mayor coordinación con las autoridades locales en materia migratoria.

  • Testigos desmienten al ICE: agente no estuvo en riesgo al matar a mexicano en Houston

    Testigos desmienten al ICE: agente no estuvo en riesgo al matar a mexicano en Houston

    Los acompañantes de Lorenzo Salgado Araujo declararon ante un tribunal federal que el migrante no intentó atropellar a ningún agente y acusaron al gobierno de difundir una versión falsa sobre el operativo.

    La versión oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida el pasado 7 de julio en Houston, comenzó a ser cuestionada en los tribunales. Dos testigos que viajaban con la víctima declararon bajo protesta de decir verdad que el agente que disparó nunca estuvo en peligro de ser atropellado, contradiciendo la explicación presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que justificó el uso de la fuerza como un acto de defensa propia.

    Los acompañantes, José Trinidad Rojas Pliego y Daniel Tirado Pantoja, presentaron sus testimonios ante un tribunal federal como parte de solicitudes de hábeas corpus, con las que buscan recuperar su libertad tras haber sido detenidos durante el operativo migratorio. Ambos afirmaron que los agentes del ICE se encontraban a los costados de la camioneta y nunca frente o detrás del vehículo, por lo que rechazaron la versión gubernamental de que Salgado Araujo intentó embestir a un oficial.

    De acuerdo con sus declaraciones, el vehículo donde viajaban comenzó a ser perseguido por unidades del ICE, que incluso habrían impactado la camioneta durante la persecución. Los testigos aseguraron que, al momento de los disparos, el vehículo ya estaba detenido y en modo de estacionamiento, además de que Lorenzo Salgado no representaba un riesgo para los agentes. Uno de ellos calificó la narrativa oficial como “una mentira”, mientras que el otro sostuvo que los disparos ocurrieron cuando la unidad ya no estaba en movimiento.

    Los testimonios también describen que, tras recibir los impactos de bala, Lorenzo Salgado Araujo fue sacado de la camioneta, esposado y arrojado al suelo por los agentes. Según Daniel Tirado, antes de perder el conocimiento el mexicano alcanzó a decir: “Ya me mataron”. Ambos denunciaron además un uso excesivo de la fuerza durante su detención.

    El DHS sostiene que el mexicano utilizó su camioneta como un arma e ignoró las órdenes de los agentes, mientras que un fiscal federal señaló que el operativo buscaba originalmente a dos ciudadanos guatemaltecos que viajaban en un vehículo similar. Sin embargo, la ausencia de cámaras corporales, así como la falta de imágenes del operativo, ha intensificado las exigencias de una investigación independiente. La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien vivió durante 35 años en Estados Unidos, trabajaba en la construcción y no tenía antecedentes penales, se suma a una serie de fallecimientos registrados durante los operativos migratorios impulsados por la administración de Donald Trump.

  • Mexicano que murió al huir de ICE en Florida tenía visa de turista vigente

    Mexicano que murió al huir de ICE en Florida tenía visa de turista vigente

    Juan Jairo Coronilla había viajado a Estados Unidos como turista y tenía un boleto de regreso a México, pero falleció tras intentar escapar de un operativo migratorio en Florida.

    La política de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump vuelve a estar bajo escrutinio. Juan Jairo Coronilla Durán, un mexicano de 28 años, murió atropellado el pasado 14 de julio en San Agustín, Florida, mientras huía de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a que contaba con una visa de turista vigente y se encontraba legalmente en Estados Unidos.

    De acuerdo con el Miami Herald y el Colectivo Árbol, organización que brinda apoyo a trabajadores agrícolas y migrantes en Orlando, Coronilla era originario de San Luis de la Paz, Guanajuato, padre de dos hijos y había llegado al país apenas tres semanas antes para vacacionar. Incluso, ya tenía comprado su boleto de regreso a México, programado para el sábado posterior al accidente.

    El representante del colectivo, quien acompaña a la esposa de la víctima, Jessica Alamilla, explicó que Juan Jairo solo llevaba dos días en Florida cuando ocurrió el incidente. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha ofrecido nuevos detalles sobre el operativo ni sobre las circunstancias que llevaron al mexicano a intentar escapar.

    La muerte de Coronilla se suma a una preocupante cadena de casos relacionados con operativos migratorios. En menos de una semana también perdieron la vida el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido por agentes federales en Houston, y el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, fallecido en Maine, ambos tras encuentros con autoridades migratorias.

    Estos hechos han intensificado las críticas contra la estrategia migratoria de Donald Trump, señalada por organizaciones civiles por realizar operativos que alcanzan incluso a personas con documentación legal, permisos de trabajo o visas vigentes. Mientras aumentan las denuncias por el uso de la fuerza y los riesgos durante las redadas del ICE, familiares de las víctimas exigen respuestas y una investigación sobre lo ocurrido.

  • Estados Unidos devuelve cartas a México sobre el ICE; no quieren que se intervenga en su soberanía, dicen

    Estados Unidos devuelve cartas a México sobre el ICE; no quieren que se intervenga en su soberanía, dicen

    Washington evita responder a las denuncias mexicanas por la muerte de connacionales durante operativos migratorios y pide tratar el tema únicamente por la vía diplomática.

    El gobierno de Estados Unidos rechazó atender directamente las exigencias de México sobre los operativos del ICE y devolvió las cartas enviadas por autoridades mexicanas, en medio de las críticas por las redadas migratorias y los casos de mexicanos fallecidos bajo custodia estadounidense.

    La respuesta fue entregada por Michael Kozak, funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, al embajador mexicano Roberto Lazzeri, a quien pidió utilizar los canales diplomáticos tradicionales para expresar las preocupaciones del gobierno de México.

    La decisión de Washington ocurre después de que México anunciara acciones para exigir explicaciones por 18 connacionales muertos durante redadas o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de reclamar mayor protección consular para los mexicanos que viven en territorio estadounidense.

    Lejos de abrir una investigación conjunta o dar una respuesta pública sobre los casos, el gobierno estadounidense optó por regresar los documentos y limitar la comunicación al protocolo diplomático, una postura que fue vista como una forma de evadir cuestionamientos sobre el actuar de sus autoridades migratorias.

    El embajador Lazzeri ya había sostenido reuniones con funcionarios estadounidenses, incluido personal del ICE, para solicitar claridad sobre los fallecimientos, acceso consular inmediato y mecanismos que eviten nuevas tragedias durante los operativos contra migrantes.

    La respuesta estadounidense se da en un contexto de creciente tensión por la política migratoria impulsada durante la administración de Donald Trump, marcada por redadas, endurecimiento de controles y denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre el trato hacia las comunidades migrantes.

    Mientras México busca proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos, Washington mantiene su postura de que las acciones migratorias son parte de su jurisdicción interna, dejando abierto un nuevo choque diplomático entre ambos países.

  • Super Bowl 60 en medio de tensión migratoria y protesta social

    Super Bowl 60 en medio de tensión migratoria y protesta social

    El ICE desplegará operativos migratorios durante el Super Bowl 60 en California, en medio de protestas por la política de Trump y una creciente tensión social. El evento deportivo más visto del año se convierte en el escenario de control federal con millones de aficionados latinos en la mira.

    En un contexto donde el deporte suele fungir como punto de encuentro social, el Super Bowl 60 se perfila ahora como un espacio atravesado por la política migratoria de Estados Unidos. El servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que llevará a cabo operativos de control durante el partido del próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California , como parte de una estrategia de seguridad federal que no será modificada pese al creciente rechazo ciudadano. 

    De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la presencia del ICE responde a una lógica de protección integral. La decisión ocurre en un momento de alta sensibilidad social, marcado por la represión del gobierno de Donald Trump contra migrantes indocumentados y por recientes enfrentamientos entre fuerzas federales y manifestantes.

    El partido entre los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra no sólo centra la atención deportiva del país, sino que se lleva a cabo en un momento de tensión política, luego de que en Minneapolis dos ciudadanos estadunidenses murieran por disparos de fuerzas federales durante operativos de seguridad. 

    Las autoridades federales insistieron en que quienes se encuentren legalmente en el país y no infrinjan otras leyes no tendrán nada que temer, aunque activistas y organizaciones civiles advierten que la presencia del ICE en eventos masivos funciona como mecanismo de intimidación para las comunidades latinas y migrantes. 

    La NFL estima que cerca de 40 millones de aficionados latinos siguen este deporte en Estados Unidos, mientras que en México se contabilizaron 39.9 millones de seguidores hasta el año pasado, consolidándose como el mayor mercado internacional de la liga. 

    El Super Bowl se mantiene como un evento de alto perfil económico, el Levi’s Stadium cuenta con una capacidad para 68 mil 500 personas, agotó rápidamente los accesos que inicialmente se encontraban entre 950 y 8 mil 500 dólares, mientras que en la reventa los precios más bajos rondan entre los 6 mil dólares.

    Las redadas y operativos federales han provocado choques en el centro de Los Ángeles, con protestas generalizadas, pese a las advertencias del gobierno sobre el riesgo de elevarse a la violencia.

    Así el Super Bowl 60 se orienta a ser mucho más que un duelo deportivo, se convierte en un laboratorio político estadounidense, donde la seguridad nacional, la migración y el espectáculo se enlazan. 

    iEn un país marcado por la confrontación, la pregunta persiste ¿puede el deporte mantenerse al margen cuando las redadas y la política ya ocupan las gradas?

  • Estados Unidos refuerza seguridad para el Mundial entre amenazas tecnológicas y presión migratoria

    Estados Unidos refuerza seguridad para el Mundial entre amenazas tecnológicas y presión migratoria

    Con millones de visitantes en puerta, Estados Unidos despliega un operativo de seguridad histórico para el Mundial, mientras crecen las alertas por drones, ciberataques y refuerzos de medidas migratorias que inquieta a los aficionados internacionales. 

    Estados Unidos se alista para recibir a millones de personas en el torneo mundialista, en un contexto de alta tensión política y de seguridad. Además de los aficionados locales, se espera el arribo de más de cinco millones de visitantes extranjeros, lo que ha detonado un amplio operativo federal para enfrentar desde posibles incursiones con drones hasta ciberataques coordinados en eventos masivos.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una inversión inicial de 115 millones de dólares exclusivamente en tecnología anti drones, recursos que serán administrados por una nueva oficina especializada en detección de aeronaves no tripuladas. A esto se suma una adicional de 350 millones de dólares por parte de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) para los 11 estados sede del Mundial.

    Las autoridades consideran que la amenaza aérea dejó de ser marginal. La experiencia del conflicto en Ucrania demostró que drones comerciales, incluso de bajo costo, pueden convertirse en armas de alto impacto cuando se combinan con explosivos o sistemas de navegación remota, elevando el riesgo en eventos con multitudes. 

    Las fuerzas armadas, policías locales y gobiernos estatales ya han llevado a cabo ejercicios de simulación de ataques en estadios y fan fest, con el objetivo de perfeccionar respuestas ante escenarios de sabotaje aéreo y digital. Parte de este esfuerzo se financia con recursos gubernamentales por 500 millones de dólares para que agencias locales adquieran equipos de bloqueo y rastreo de drones.

    Expertos en ciberseguridad advierten que la creciente polarización en Estados Unidos podría convertir al Mundial en blanco de “hacktivistas”, con intentos de sabotaje a sistemas de transporte, boletaje  o comunicaciones. 

    Sin embargo, el endurecimiento del tema migratorio agrega una preocupación, puesto que el gobierno estadounidense amplió restricciones de visitas no turísticas a 75 países, entre los que se encuentran Irán, Brasil, Colombia y Egipto, cuyas selecciones participarán en el torneo, lo que ha sembrado dudas sobre el libre tránsito de miles de aficionados. 

    Aunque la FIFA lanzó el “FIFA Pass” para agilizar trámites de visado a quienes ya cuentan con boletos, el temor a inspecciones agresivas, revisiones de redes sociales y posibles detenciones, se mantiene. A ello se suma el antecedente de casi 3 millones de deportaciones  bajo la línea actual migratoria, así como el debate abierto sobre si se permitirán redadas del ICE incluso en las sedes del Mundial.

    En este contexto, crece la percepción de que Donald Trump podría no sólo mantener sino intensificar operativos migratorios, e incluso endurecer la narrativa de seguridad con acciones de fuera que algunos temen deriven en redadas masivas o respuestas extremas ante cualquier incidente. Así, mientras Estados Unidos promete reforzar el mayor evento deportivo del planeta, el Mundial se perfila no sólo como una fiesta de fútbol, sino como una prueba crítica de control, vigilancia y tensiones políticas en uno de los momentos más  marcados por la confrontación del país. 

  • Redadas de ICE impactan economía de Minneapolis

    Redadas de ICE impactan economía de Minneapolis

    Las operaciones federales de ICE han desatado protestas y cierres de comercios locales en Minneapolis, Minnesota mientras las grandes firmas de la región evitan pronunciarse por temor a represalias políticas.

    El incremento de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, Minneapolis ha comenzado a debilitar la estabilidad económica local y a tensar el clima social. Mientras, los pequeños comercios en áreas como Lake Street implementan protocolos de emergencia, las grandes corporaciones del estado mantienen silencio ante la situación en la ciudad que contrasta con su activismo social en años anteriores.

    La situación alcanzó un punto crítico tras la muerte de Renee Good, quien falleció la semana pasada a manos de agentes federales de ICE. Sumado a las detenciones registradas frente al edificio federal Bishop Henry Whipple el pasado 15 de enero, ha provocado manifestaciones masivas.

    En Richfield, se reportó la detención de dos empleados de Target, ambos ciudadanos estadounidenses, por parte de agentes federales. Ante esto, el legislador estatal Michael Howard ha instado a las empresas a ser más transparentes y a exigir órdenes judiciales antes de permitir el ingreso de autoridades migratorias a sus instalaciones.

    En el corredor comercial de Lake Street, epicentro de la comunidad latina, los negocios han cambiado. Restaurantes cómo Pineda Tacos han colocado letreros de “NO ICE” y operan bajo estrictas medidas de seguridad.

    Dueños de firmas locales han optado por el silencio para evitar atraer la atención de las autoridades, permitiendo a sus trabajadores faltar si se sienten en riesgo.

    Minnesota alberga a 17 de las empresas más importantes del país, incluidas Target, UnitedHealth y General Mills. En 2020 estas firmas se pronunciaron tras la muerte de George Floyd, en esta ocasión han optado por el silencio. Consultadas por agencias de noticias, ninguna de estas compañías, ni otras como 3M, Best Buy o Cargill han emitido declaraciones sobre el impacto de las redadas.

    La Cámara de Comercio Regional de Minneapolis advirtió que la economía local, valuada en 350 mil millones de dólares, ya presenta síntomas de devaluación. Mike Logan, director ejecutivo de la organización, indicó que los efectos negativos se extienden desde las grandes granjas y empresas industriales hasta los emprendedores independientes.

    Mientras el gobierno federal justifica las tácticas de control migratorio, las encuestas sugieren que el 69% de la población prefiere que las agencias den prioridad a la seguridad ciudadana y minimicen los daños físicos durante los arrestos. Por ahora, el panorama en Minneapolis es de una economía en alerta y una sociedad civil que exige respuestas tanto al gobierno como a sus líderes empresariales.

    – A.P.R.

  • Chicago crea comisión inédita para documentar abusos de ICE y CBP

    Chicago crea comisión inédita para documentar abusos de ICE y CBP

    El organismo, impulsado por el gobernador JB Pritzker, busca romper la impunidad federal y dejar un registro histórico de violaciones a derechos humanos contra migrantes.

    Chicago se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en contar con una comisión especializada para investigar abusos cometidos por agentes migratorios, en un contexto marcado por redadas violentas, uso de gases químicos y hostigamiento sistemático contra comunidades migrantes. La Comisión para el Rendimiento de Cuentas de Illinois (IAC) nació como respuesta directa a la impunidad con la que operan el ICE y la CBP.

    Creada por el gobernador JB Pritzker, la comisión es encabezada por el juez federal retirado Rubén Castillo y está integrada por expertos legales y defensores de derechos humanos. Su misión es clara: documentar con pruebas, testimonios y evidencia audiovisual los abusos federales, en especial en Chicago, ciudad señalada por la Casa Blanca como objetivo prioritario de su política antimigrante.

    La primera audiencia pública expuso casos alarmantes: familias atacadas con gas pimienta dentro de sus vehículos, trabajadores agredidos durante detenciones y manifestantes pacíficos reprimidos con sustancias químicas. Castillo fue contundente: “Esto no puede convertirse en la nueva normalidad”.

    La comisionada Susan Gzesh, académica de la Universidad de Chicago, explicó que la IAC busca construir un archivo histórico que permita, en el futuro, enjuiciar a los responsables. También señaló que la comisión enfrenta una batalla contra la desinformación oficial, al documentar casos que el propio Departamento de Seguridad Interna ha negado, pese a evidencia médica y videográfica.

    Uno de los episodios más graves —la agresión con gas pimienta a una familia con una niña de un año— fue presentado pese a que el DHS afirmó que “nunca ocurrió”. Para la comisión, este caso simboliza el nivel de cinismo y negación institucional.

    Expertos médicos invitados advirtieron que el uso de gas lacrimógeno y pimienta constituye fuerza excesiva, sustancias incluso prohibidas en conflictos armados internacionales, pero utilizadas sin regulación contra civiles. La IAC realizará tres audiencias más y emitirá un informe oficial en abril, con la intención de que la verdad documentada rompa la impunidad federal.