La nueva propuesta evita modificar la Constitución y apuesta por reducir privilegios y ampliar la participación ciudadana.
La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum entró en una nueva etapa luego de que su iniciativa original fuera rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada. Ante este escenario, se presentó el llamado “Plan B”, una versión más acotada que busca avanzar sin cambios constitucionales profundos.
El proyecto inicial planteaba una transformación estructural del sistema electoral, con modificaciones al Congreso, nuevas reglas de financiamiento político y una reducción del gasto electoral de hasta 25%. Sin embargo, al no prosperar en el Legislativo, se optó por una estrategia distinta enfocada en medidas viables dentro del marco legal vigente.
Entre las principales diferencias, el Plan B elimina los cambios a la integración del Congreso, por lo que ya no se modifica la forma de elegir diputados ni la representación proporcional. En su lugar, la propuesta se concentra en reducir costos y privilegios, especialmente en congresos locales y gobiernos municipales.
Otro cambio relevante es que, mientras la reforma original buscaba una reestructura amplia del sistema político, el nuevo planteamiento prioriza ajustes administrativos, como la reducción de regidores y el control del gasto público en el ámbito local, donde se han señalado altos salarios y duplicidades.
En materia de participación ciudadana, ambas iniciativas coinciden en fortalecerla, pero el Plan B propone mecanismos más específicos, como someter a consulta temas clave, incluido el financiamiento a partidos, además de abrir la posibilidad de ajustar los tiempos de la revocación de mandato.
El debate continúa en el Congreso, donde se definirá si esta nueva propuesta logra consenso. Desde el Ejecutivo, se insiste en que el objetivo central se mantiene: disminuir privilegios políticos y dar mayor voz a la ciudadanía, aunque ahora mediante una ruta legislativa más viable.
