De los 563 millones de pesos en spots y guerra sucia en 2006 a los miles de millones en sistemas alternos en 2012: las campañas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto exhiben el peso del dinero en radio y TV. La Reforma Electoral reduce tiempos y promete bajar 25% el costo electoral.
La elección de 2006 se convirtió en un parteaguas con la contratación libre y sin límite real de spots, la campaña de Felipe Calderón Hinojosa convirtió la radio y la televisión en campos de ataque permanente. El PAN reportó 363 millones de pesos en medios de comunicación masivos, a los que se sumaron cerca de 200 millones invertidos por empresas particulares en mensajes a favor o en contra de rivales. Más de 500 millones destinados a influir en la opinión pública.
La atención mediática se enfocó en desacreditar en lugar de analizar la propuesta; la propaganda negativa dominó y evidenció la rapidez de frenar el poder del dinero en pantalla. La respuesta fue la reforma de 2007-2008: prohibición total de compra de tiempos y control estatal de 48 minutos diarios por emisora.
Pero en 2012 el modelo mostró límites, ya que, bajo el sistema de pautado administrado, la campaña de Enrique Peña Nieto no compró spots directamente, pero el gasto se desplazó hacia otras vías. Investigaciones legislativas estimaron gastos totales de hasta 4 mil 500 millones de pesos, muy por encima del límite legal.
El cierre de su campaña en el Estadio Azteca costó 22.8 millones de pesos sólo por transmisión televisiva. Además, se documentaron pagos a comunicadores por alrededor de 32 millones de pesos por comentarios favorables. La propaganda dejó de ser únicamente un anuncio para convertirse en una narrativa financiada.
Por otro lado, Calderón operó a través de un mercado libre y saturación directa, mientras que Peña Nieto refinó el sistema mediante estructuras alternas y posicionamiento mediático indirecto. Dos estilos distintos, un mismo resultado: millones derrochados para dominar el diálogo social.
Frente a este contexto, la reforma electoral de 2026 plantea un ajuste relevante al reducir los tiempos oficiales de 48 a 35 minutos diarios por emisora durante campañas, así como un recorte del 25% al costo total de las elecciones para autoridades y partidos, es decir, menos saturación y menor carga presupuestal.
La disminución de minutos obliga a campañas más estratégicas y menos invasivas, también reduce las posibilidades de que la pantalla se convierta en escenario de agresión permanente. Si en 2006 el problema fue la compra descontrolada y en 2012 la distribución millonaria en sistemas alternos, la nueva reforma apuesta por organizar recursos sin afectar la supervisión estatal.
La reforma 2026 puede marcar un giro hacia campañas menos costosas y más responsables. Después de años en que el dinero determinó la fuerza de la comunicación, el sistema electoral busca ahora bajar el ruido y contener el gasto.
