Un informe revela que la mayoría de las víctimas no tenía vínculos con pandillas, mientras crecen las denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos.
Al menos 500 personas han muerto en cárceles de El Salvador desde la implementación del régimen de excepción en 2022, impulsado por el presidente Nayib Bukele, según un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario.
El reporte advierte que el 90% de las víctimas no tenía perfil de pertenecer a pandillas, lo que pone en duda uno de los principales argumentos del gobierno para justificar las detenciones masivas en el marco de su estrategia de seguridad.
Además, la organización señala que la cifra real podría ser mucho mayor, alcanzando hasta 2 mil fallecimientos bajo custodia estatal, en un contexto marcado por denuncias de abuso, negligencia médica y condiciones inhumanas en prisión.
El régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años, ha permitido la captura de decenas de miles de personas sin procesos ordinarios, lo que ha sido cuestionado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
En este sentido, una comisión de expertos de la ONU acusó recientemente al gobierno salvadoreño de posibles crímenes de lesa humanidad, al considerar que existen patrones sistemáticos de violaciones graves en el sistema penitenciario.
Testimonios de familiares refuerzan estas denuncias, como el caso de un joven detenido en 2022 que murió meses después en prisión, con signos de presunta tortura, lo que ha intensificado la preocupación global sobre el impacto humanitario de la política de seguridad de Bukele.
