Legisladores de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México presentaron dos iniciativas para regular el uso de teléfonos móviles entre niñas, niños y adolescentes con el objetivo de proteger su salud, seguridad y desarrollo, en respuesta a preocupaciones por adicción, distracción y riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos.
La primera propuesta, plantea establecer criterios mínimos de uso en escuelas públicas y privadas, así como campañas de información para madres, padres y docentes sobre los efectos negativos de la exposición prolongada a pantallas y redes sociales.
Los promotores argumentan que, siendo la Ciudad de México una de las urbes con mayor penetración de dispositivos digitales, es urgente que exista un marco normativo que regule cómo y cuándo pueden utilizarse los celulares por parte de menores dentro de espacios educativos.
La segunda iniciativa propone incorporar el tema con la prevención de riesgos digitales como el ciberacoso, la exposición a contenidos violentos o sexualizados y la recopilación de datos personales sin consentimiento. Se busca que las instituciones educativas, en coordinación con la autoridad educativa local, ofrezcan protocolos de uso seguro y sanciones administrativas en caso de incumplimiento por parte de las escuelas.
Los legisladores señalan que, aunque la legislación no debe prohibir el uso de tecnologías, sí debe garantizar un equilibrio entre los beneficios educativos y los riesgos psicosociales, como la adicción, la ansiedad, los problemas de atención y el aislamiento social derivado del uso intensivo de teléfonos inteligentes entre la población menor de edad.
El debate legislativo también ha abierto cuestionamientos sobre la responsabilidad de fabricantes y plataformas digitales, y si corresponde al Estado establecer límites de tiempo o contenido en dispositivos dirigidos a menores.
Las iniciativas fueron turnadas a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación, y se espera que los debates incluyan audiencias públicas con especialistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de sectores educativos antes de que se defina su aprobación en el pleno.
