Ricardo Thompson Navarro seguirá preso en el Altiplano mientras la FGR lo investiga por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Un juez de distrito ratificó y sumó una segunda medida de prisión preventiva contra Ricardo Thompson Navarro, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto integrante de una red de huachicol fiscal. El empresario, identificado como socio del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, continuará recluido en el penal federal del Altiplano.
La nueva medida se dictó luego de que la defensa de Thompson promoviera un amparo para impugnar la prisión preventiva. El juzgador determinó que la medida está fundamentada y que el juez de control tiene facultades para mantenerlo privado de la libertad ante el riesgo procesal y la gravedad de los delitos que se le imputan.
Thompson ya enfrentaba prisión preventiva oficiosa y justificada, dictada en julio por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, quien lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en delincuencia organizada, contrabando y delitos relacionados con hidrocarburos. La FGR sostiene que la red introducía combustible de contrabando mediante ferrotanques.
Uno de los elementos incorporados a la investigación son los movimientos financieros de Ingemar, empresa relacionada con Thompson. Entre junio de 2024 y julio de 2025, una cuenta de la compañía en Intercam registró flujos superiores a 3 mil millones de pesos, operaciones que la Fiscalía considera incongruentes con su perfil fiscal.
Sin embargo, la defensa sostiene que Thompson y su hijo perdieron el control operativo y financiero de Ingemar desde 2021. Sus abogados señalan a Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo por presuntamente haber reducido la participación accionaria de Thompson del 33 por ciento a menos de uno mediante movimientos internos.
La defensa argumenta que, al quedar marginado de la administración, Thompson Navarro no tenía facultades ni conocimiento de las operaciones millonarias detectadas por las autoridades. Mientras el proceso continúa, el empresario permanecerá en el Altiplano y las acusaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales.
