Organizaciones sociales rechazan el alza del diésel y exigen anular decretos del Gobierno; mientras crece la convocatoria a movilizaciones, el Ejecutivo prepara operativos para impedir bloqueos carreteros.
El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira desplegó a las Fuerzas Armadas y la Policía en carreteras de Bolivia ante una nueva jornada de protestas contra sus medidas económicas. La movilización de efectivos ocurre en medio del descontento social por el aumento del precio del diésel y las exigencias de distintos sectores para que el Ejecutivo dé marcha atrás en sus decisiones.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó que las fuerzas de seguridad ocuparon puntos estratégicos y cuentan con una planificación para actuar conforme evolucione la situación. Aunque el Gobierno afirma respetar el derecho a la protesta, rechazó las acciones que impliquen bloquear carreteras, paralizar la producción o cercar ciudades, anticipando una respuesta ante posibles movilizaciones.
El despliegue genera cuestionamientos sobre la manera en que la administración de Paz enfrentará el descontento: en lugar de resolver las demandas económicas y sociales, prepara a sus fuerzas de seguridad para contener las protestas. La presencia militar y policial en las vías coloca bajo tensión el derecho de la población a manifestarse frente a las políticas que afectan su economía.
Organizaciones vinculadas al expresidente Evo Morales ratificaron una marcha hacia La Paz para este martes, con acciones escalonadas desde distintos sectores. Isidro Auca, secretario ejecutivo de Centrales Unidas, señaló que la inconformidad se concentra en el nuevo precio del diésel y la exigencia de anular los decretos cuestionados. Aseguró que las organizaciones agotaron las solicitudes pacíficas sin obtener respuestas del Gobierno.
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó para el jueves 15 de octubre a un ampliado nacional con representantes sindicales de todo el país, a fin de analizar la situación política y económica y definir posibles medidas. Los sectores campesinos también acordaron fortalecer la unidad de sus organizaciones y convocar a una reunión para decidir sus siguientes pasos.
Mientras las protestas toman forma, el Ejecutivo insiste en impedir los bloqueos. El riesgo es que la respuesta estatal derive en una confrontación con los manifestantes, en vez de abrir canales de diálogo para atender sus demandas. La prueba para el Gobierno de Paz será gestionar el conflicto sin convertir la protesta social en un problema de seguridad que justifique la represión.
