El cambio salarial elevó 34% el ingreso de la consejera presidenta Patricia Avendaño y benefició a otros cuatro funcionarios; sus percepciones deberán mantenerse por debajo de las de la Presidenta de México.
Una reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México permitió que funcionarios del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) perciban salarios superiores al de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo que abrió la puerta a incrementos en las remuneraciones de la consejera presidenta, Patricia Avendaño Durán, y otros integrantes del organismo.
Con el nuevo esquema, Patricia Avendaño elevó su ingreso mensual neto en más de 34 mil pesos, hasta alcanzar los 129 mil 71 pesos, lo que representa un aumento de 34 por ciento respecto a su remuneración anterior. El ajuste también benefició a otros cuatro funcionarios, cuyas percepciones quedaron por encima de las de la mandataria capitalina, aunque por debajo de los 134 mil 290 pesos que recibe la presidenta de México.
En contraste, seis de las siete consejerías electorales redujeron su salario mensual neto en apenas 6 mil 708 pesos. La modificación contrasta con el compromiso que Avendaño expresó al asumir el cargo en 2021, cuando aseguró que no incrementaría su sueldo. La consejera presidenta fue consultada por La Jornada sobre los aumentos, pero hasta el momento no había respondido a la solicitud de entrevista.
La reforma constitucional, publicada el 5 de junio en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, modificó el artículo 46 para establecer que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales deben respetar el límite previsto en el artículo 127 de la Constitución federal: ningún servidor público puede ganar más que la persona titular del Ejecutivo federal. El decreto también establece que los gastos derivados de su aplicación deberán cubrirse mediante costos compensados.
El ajuste salarial también tendrá efectos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, cuyos magistrados reciben actualmente hasta 167 mil 232 pesos netos mensuales, mientras que la remuneración de su presidente alcanza los 170 mil 183 pesos. El órgano prevé adecuar sus percepciones a la nueva disposición a partir de 2027.
Además, las restricciones constitucionales prohíben que consejeros y magistrados electorales utilicen recursos públicos para contratar seguros médicos, de vida o pensiones privadas, seguros de separación individualizados y otros beneficios especiales que no estén contemplados en la ley. La reforma busca establecer límites a las remuneraciones y prestaciones de quienes integran los organismos electorales capitalinos.
