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Etiqueta: Secretaría Anticorrupción

  • Anticorrupción detecta posibles daños al erario por 957 mdp en Birmex y Migración

    Anticorrupción detecta posibles daños al erario por 957 mdp en Birmex y Migración

    Auditorías señalaron compras de medicamentos sin respaldo documental, posibles sobreprecios y fallas en el reporte de ingresos migratorios; las observaciones pueden seguir en proceso de aclaración.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectó posibles irregularidades por 957.1 millones de pesos en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y el Instituto Nacional de Migración (INM), relacionadas con compras de medicamentos y fallas en la supervisión de ingresos por servicios migratorios, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025.

    En Birmex, las auditorías realizadas durante 2024 y 2025 identificaron un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos. Entre los hallazgos figuran expedientes de compras consolidadas sin documentación que las respalde y posibles contrataciones indebidas de bienes y servicios por 192.8 millones de pesos. Además, la empresa fue la única cuyos estados financieros de 2024 no pudieron dictaminarse, debido a que el auditor externo no recibió la información contable y presupuestal necesaria.

    Otra auditoría revisó 25 procedimientos de compra y detectó un posible sobreprecio de 65.6 millones de pesos en dos claves de medicamentos adquiridas a Farmacéuticos Maypo, sin que se presentara la cotización correspondiente. También señaló que nueve empresas recibieron adjudicaciones por 49 mil 738 millones de pesos para 423 claves de medicamentos, pese a no entregar documentación legal y administrativa obligatoria. El órgano fiscalizador advirtió posibles riesgos de desabasto por diferencias en las cantidades requeridas.

    En el INM, la SABG identificó 537.6 millones de pesos en ingresos que no fueron reportados o se enteraron fuera de tiempo, derivados de servicios migratorios a viajeros por vía aérea. De los recursos relacionados con la revisión, se reportó la recuperación de 284.1 millones de pesos para la Tesorería de la Federación, mientras que otros 399.6 millones en créditos fiscales fueron enviados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para su cobro.

    La dependencia atribuyó las anomalías a deficiencias en los controles internos, supervisión insuficiente y falta de capacitación. Asimismo, recomendó mejorar el seguimiento de contratos y pagos, establecer conciliaciones mensuales de ingresos y reforzar los mecanismos de control. La SABG aclaró que las observaciones pueden continuar en proceso de solventación y que, si no se justifican, podrían turnarse a las áreas de investigación y derivar en sanciones administrativas.

  • Secretaría Anticorrupción sanciona a 55 funcionarios y aplica multas por 102 mdp

    Secretaría Anticorrupción sanciona a 55 funcionarios y aplica multas por 102 mdp

    Las sanciones alcanzaron a 19 dependencias federales e incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y castigos económicos por irregularidades en el servicio público.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) sancionó a 55 servidores públicos y una empresa por diversas irregularidades detectadas en 19 dependencias de la Administración Pública Federal, con multas que en conjunto ascienden a 102 millones de pesos.

    Entre los casos más graves, 13 funcionarios fueron destituidos e inhabilitados por 10 años por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de que la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro acreditara infracciones graves en el ejercicio de sus funciones.

    En Pemex, la SABG documentó cinco casos y sancionó a tres trabajadores con 10 años de inhabilitación y multas por 677 mil, 616 mil y 600 mil pesos. Los expedientes incluyen cobros irregulares de gasolina, mantener vigente un registro vehicular para continuar recibiendo la prestación y simular contrataciones para obtener beneficios económicos.

    En la CFE, uno de los funcionarios fue inhabilitado durante una década y multado con 72 mil pesos por solicitar 500 pesos a usuarios de Álamos, Sonora, para evitar reportar irregularidades en el consumo de electricidad. Mientras tanto, en el IMSS, dos trabajadoras recibieron una sanción de 10 años y una multa conjunta de 10.1 millones de pesos por modificar precios de tóner y favorecer a una empresa con un contrato.

    Los castigos también alcanzaron a Alimentación para el Bienestar, donde tres funcionarios acumularon multas por 90 millones de pesos por reportar compras de alimentos que no fueron entregados; al Banco del Bienestar, por 214 mil pesos; así como a Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Financiera para el Bienestar, con sanciones por ausentarse del trabajo y disponer indebidamente de recursos, respectivamente.

  • Ofrecen en Telegram 12.9 millones de datos personales presuntamente robados

    Ofrecen en Telegram 12.9 millones de datos personales presuntamente robados

    La Secretaría Anticorrupción detectó bases con nombres, teléfonos, domicilios, RFC y datos bancarios que serían de clientes de empresas y bancos.

    Más de 12.9 millones de registros con datos personales presuntamente sustraídos de distintos call centers son comercializados en Telegram, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), tras detectar la oferta mediante labores de monitoreo en la plataforma.

    La dependencia explicó que localizó el pasado 22 de septiembre una publicación en la que un usuario ofrecía diversas bases de datos. La información incluiría nombres completos, correos electrónicos, números telefónicos, fechas de nacimiento, RFC, domicilios y datos bancarios de clientes de diferentes empresas, entre ellas tiendas departamentales, comercios en línea e instituciones financieras.

    Como parte del monitoreo, la SABG obtuvo una muestra de 13 mil registros correspondientes a 13 bases de datos atribuidas a distintas personas morales. Entre las marcas y entidades identificadas aparecen Amazon, American Express, Afirme, Banamex, BBVA, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Liverpool, Sears, Soriana y Sam’s Club, además de otras empresas.

    La Secretaría informó que analizará la información obtenida y abrirá investigaciones de oficio para determinar si existe responsabilidad por el manejo o presunta sustracción de las bases de datos. El procedimiento se realizará dentro de sus facultades para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

    La dependencia reiteró que mantendrá las acciones para proteger los datos personales y los derechos de quienes entregan su información a empresas y terceros. En caso de que proceda un procedimiento administrativo, aseguró que actuará conforme a la legislación vigente y en defensa del interés público.

  • Aeroméxico confirma filtración de datos de 15 millones de clientes

    Aeroméxico confirma filtración de datos de 15 millones de clientes

    La aerolínea señaló que los datos expuestos incluyen nombres, teléfonos, correos y, en algunos casos, fechas de nacimiento, pero no información financiera ni contraseñas.

    Aeroméxico confirmó la exposición de datos personales de sus clientes luego de que una presunta base con más de 15 millones de registros fuera difundida en Telegram. La información comprometida incluye nombres, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos, de acuerdo con los hallazgos preliminares de la compañía.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación de oficio tras detectar la presunta filtración. Como parte de las indagatorias se obtuvo una muestra de más de 100 mil registros, en la que fueron localizados datos personales de funcionarios y figuras públicas.

    Aeroméxico indicó que los primeros análisis apuntan a que la información podría haber sido sustraída durante un incidente de ciberseguridad ocurrido en octubre de 2025, relacionado con una campaña internacional de ataques que afectó a empresas de distintos sectores. La compañía precisó que el acceso no autorizado ocurrió en una plataforma de gestión de información de clientes operada por un proveedor externo.

    La aerolínea aseguró que activó sus protocolos de respuesta y reforzó las medidas de contención junto con el proveedor involucrado. También sostuvo que el incidente no afectó sus operaciones, infraestructura tecnológica ni servicios, por lo que los vuelos continúan con normalidad.

    Hasta el momento, Aeroméxico señaló que no ha identificado exposición de cuentas bancarias, tarjetas de pago, contraseñas ni información sobre itinerarios de vuelos. Como medida preventiva, recomendó a sus clientes desconfiar de correos, llamadas o mensajes que soliciten datos personales y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

  • 53 funcionarios han sido vinculados a proceso por corrupción durante el gobierno de Sheinbaum

    53 funcionarios han sido vinculados a proceso por corrupción durante el gobierno de Sheinbaum

    La Secretaría Anticorrupción reportó 517 denuncias contra servidores públicos y más de 4 mil sanciones administrativas en los primeros dos años de la administración federal.

    En los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, un total de 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por delitos relacionados con corrupción, informó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro.

    Durante la conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que la dependencia ha presentado 517 denuncias contra servidores públicos, derivadas de investigaciones por posibles actos ilícitos. Entre los delitos detectados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.

    En materia administrativa, 4 mil 193 servidores públicos han sido sancionados: 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves. Entre las irregularidades identificadas están la autorización de pagos indebidos, compras injustificadas, pagos por bienes o servicios no entregados, sustracción de información, falsificación de documentos y casos de hostigamiento o acoso sexual.

    Buenrostro agregó que mil 737 servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); de ellos, 87 ya fueron notificados de una sanción y mil 650 expedientes continúan en proceso. Además, 286 personas morales han recibido sanciones, con multas que en conjunto representan 147.3 millones de pesos.

    La secretaria también informó que las acciones de prevención y vigilancia permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos. De ese monto, 29 mil millones corresponden a mejoras en procesos de compra; 42.2 mil millones, al seguimiento de contratos; 4.8 mil millones, a sanciones, y 7.8 mil millones, a medidas de eficiencia en la organización gubernamental.

  • Secretaría Anticorrupción suma 105 denuncias penales contra funcionarios

    Secretaría Anticorrupción suma 105 denuncias penales contra funcionarios

    La Secretaría Anticorrupción también reportó más de 4 mil servidores públicos sancionados y 99 empresas inhabilitadas para contratar con el Estado.

    Entre octubre de 2024 y junio de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) presentó 105 denuncias penales y dio seguimiento a 938 carpetas de investigación por presuntas responsabilidades administrativas de servidores públicos, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

    Entre los casos destaca el pago indebido de 73 millones de pesos a un particular por el supuesto “servicio integral de cultivo de frijol”. La dependencia presentó una denuncia penal por la probable comisión de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de iniciar un procedimiento por faltas administrativas graves.

    El informe señala que 53 personas fueron vinculadas a proceso derivado de estas investigaciones. De ellas, 13 casos se encuentran en etapa intermedia, cinco en juicio y seis cuentan con sentencia en seguimiento.

    En materia administrativa, el Gobierno federal emitió 14 mil 117 informes de presunta responsabilidad y sancionó a 4 mil 193 servidores públicos. Del total, 3 mil 526 correspondieron a faltas no graves y 667 a faltas graves. Además, fueron sancionados 84 particulares y, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, se impusieron sanciones a 132 empresas proveedoras, de las cuales 99 fueron inhabilitadas para contratar con el Estado.

    Por separado, la SABG identificó a dos servidores públicos que habrían utilizado indebidamente datos personales con fines de lucro, cuyos expedientes fueron turnados a las autoridades correspondientes. La dependencia también corrigió un comunicado previo sobre sanciones a funcionarios, luego de que un juzgado federal ordenara precisar que la inhabilitación de una funcionaria de Banobras permanece suspendida por un juicio de amparo en trámite.

  • Anticorrupción sanciona a 226 funcionarios federales en seis meses

    Anticorrupción sanciona a 226 funcionarios federales en seis meses

    Las medidas incluyen 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones y cinco destituciones; además, 416 expedientes por faltas graves fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 226 servidores públicos federales con cargos de mando durante el primer semestre de 2026 por faltas administrativas no graves, informó la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez.

    Entre enero y junio, las sanciones derivaron de 252 expedientes de investigación. De estos casos, 242 estuvieron relacionados con incumplimiento de funciones, nueve con abuso de cargo y uno con abuso de funciones vinculado con acoso u hostigamiento sexual o laboral.

    El reporte revela que las medidas aplicadas fueron 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y cinco destituciones. Los funcionarios sancionados ocupaban distintos niveles dentro de la administración federal, desde jefaturas de departamento hasta titulares de unidad.

    Además, la Secretaría informó que 416 expedientes por faltas administrativas graves fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia encargada de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes en esos casos.

    Los servidores públicos sancionados incluyen 10 titulares de unidad, ocho directores generales, 45 directores de área, 33 subdirectores y 130 jefes de departamento. La dependencia subrayó que las medidas se determinaron considerando la gravedad y proporcionalidad de cada falta.

    La Secretaría Anticorrupción sostuvo que “violar la ley tiene consecuencias” y aclaró que los funcionarios tienen derecho a impugnar las resoluciones. En caso de que recurran las sanciones, la dependencia afirmó que defenderá jurídicamente las medidas impuestas conforme a la legislación vigente.

  • Puebla destituye e inhabilita a siete servidores públicos por incumplimientos administrativos

    Puebla destituye e inhabilita a siete servidores públicos por incumplimientos administrativos

    Se sancionó a funcionarios de cinco dependencias por omitir declaraciones patrimoniales y, en un caso, por presentar una cédula profesional irregular.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla impuso siete sanciones administrativas que derivaron en destituciones e inhabilitaciones temporales contra servidores públicos de distintas dependencias estatales, como parte de su estrategia para fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 

    La dependencia informó que la mayoría de las sanciones obedecen a la omisión en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, mientras que uno de los casos estuvo relacionado con la violación de los principios de lealtad en el servicio público. Las resoluciones fueron emitidas con apego al debido proceso y garantizando el derecho de audiencia y defensa de los involucrados.

    Entre los casos sancionados destaca el de Ana María N., exservidora pública del ISSSTEP, quien fue destituida e inhabilitada por cinco meses y 12 días tras presentar una cédula profesional que no correspondía a su identidad ni al grado académico requerido durante un procedimiento escalafonario. Asimismo, Carlos N., de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, fue destituido e inhabilitado por seis meses por no presentar su declaración patrimonial de conclusión; mientras que Cristian N., de la Secretaría de Seguridad Pública, recibió destitución e inhabilitación por cuatro meses y 24 días por la misma omisión.

    En la Secretaría de Bienestar, Erika N. fue destituida por no presentar su declaración patrimonial de inicio, en tanto que José Edmundo N. fue destituido e inhabilitado por cinco meses y 12 días por incumplir con la declaración de conclusión. A estas sanciones se suman las de José Ismael N. y Julián Manuel N., del organismo público descentralizado Convenciones y Parques, quienes fueron destituidos e inhabilitados por cinco meses y 12 días, y cinco meses y 19 días, respectivamente, también por omitir su declaración patrimonial de conclusión.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado a cargo de Alejandro Armenta, señaló que estas acciones forman parte de la política estatal para combatir la corrupción, fortalecer la legalidad y garantizar una administración pública transparente. Agregó que las personas sancionadas podrán impugnar las resoluciones por las vías legales correspondientes.

  • Castigan con 777 millones de pesos a exfuncionarios de Segalmex por desvío de recursos

    Castigan con 777 millones de pesos a exfuncionarios de Segalmex por desvío de recursos

    La sanción incluye inhabilitación por 10 años para cuatro exservidores públicos señalados por el uso indebido de recursos destinados a programas alimentarios y de apoyo al campo.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impusieron una sanción histórica de 777.8 millones de pesos e inhabilitación por una década a cuatro exfuncionarios de Segalmex, hoy denominada Alimentación para el Bienestar (AliBien), por irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos federales.

    De acuerdo con las investigaciones, los exservidores públicos María G., René G., Miguel C. y Juan R., quienes desempeñaban funciones en áreas de Planeación, Precios de Garantía, Estímulos y Administración y Finanzas, incurrieron en el uso indebido de recursos durante 2019. Las autoridades determinaron que se destinaron fondos del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos operativos y para financiar el Programa de Fertilizantes, contraviniendo la normatividad vigente.

    La dependencia federal destacó que esta es una de las sanciones económicas más relevantes derivadas de las acciones emprendidas para combatir la corrupción en el servicio público. Además, informó que otros 23 funcionarios federales fueron sancionados por diversas faltas graves y no graves en instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).

    Entre los casos señalados destaca la inhabilitación de un trabajador de la CFE en Torreón por recibir dinero a cambio de eliminar adeudos de energía eléctrica; así como sanciones a empleados del IMSS, Pemex y el INM por conductas que incluyeron uso indebido de bienes públicos, faltas administrativas, falsificación de documentos y comportamientos contrarios a la normatividad institucional.

    La Secretaría Anticorrupción precisó que todas las resoluciones fueron emitidas conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas acreditadas. Asimismo, recordó que las personas sancionadas conservan el derecho de impugnar las resoluciones ante las instancias correspondientes, aunque aseguró que defenderá cada caso con base en las pruebas y procedimientos legales que sustentaron las sanciones.

    Con estas acciones, el Gobierno de México reafirmó su estrategia de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad cometida por servidores públicos a través de los mecanismos oficiales. La dependencia sostuvo que el fortalecimiento de la ética y la legalidad es fundamental para consolidar la confianza de la población en las instituciones del Estado.

  • Exmandos de la Policía Federal reciben hasta 20 años de inhabilitación por desvío millonario

    Exmandos de la Policía Federal reciben hasta 20 años de inhabilitación por desvío millonario

    La Secretaría Anticorrupción confirmó inhabilitaciones de hasta 20 años y sanciones superiores a 65 millones de dólares contra exfuncionarios ligados a un contrato firmado con una empresa israelí en 2015.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones y sanciones económicas millonarias contra dos exmandos de la extinta Policía Federal, señalados por el presunto desvío de recursos públicos vinculados a un contrato firmado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

    De acuerdo con la dependencia, las investigaciones encabezadas por la Unidad de Combate a la Impunidad permitieron acreditar faltas administrativas graves relacionadas con el manejo irregular de más de 65 millones de dólares, recursos destinados al cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato suscrito en diciembre de 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD.

    Entre las personas sancionadas se encuentra Frida M., ex secretaria general de la Policía Federal, quien recibió una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos, además de una indemnización económica. Asimismo, Damián C., ex titular de la División de Inteligencia de la corporación, fue castigado con 15 años de inhabilitación y otra sanción económica derivada de las irregularidades detectadas.

    La Secretaría Anticorrupción precisó que las multas e indemnizaciones impuestas a ambos exfuncionarios superan en conjunto los 65 millones de dólares estadounidenses, cifra que refleja la magnitud del presunto daño ocasionado al erario. Además, señaló que el caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que mantiene abiertas investigaciones penales relacionadas con estos hechos.

    En su posicionamiento oficial, la dependencia sostuvo que “quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo”, por lo que reiteró que continuará impulsando acciones para fortalecer la política de cero impunidad y combate a la corrupción dentro de las instituciones públicas.

    Finalmente, la autoridad federal hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar posibles actos de corrupción mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, destacando que la vigilancia y protección de los recursos públicos también requiere de la participación social.