El proyecto contempla 18 mil 480 espacios en seis estados y prevé concluir las obras en 2028; el anuncio llega tras la muerte de 12 reclusos en el penal El Castillo, en Sinaloa.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Sonora, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 personas privadas de la libertad. La medida se presentó después de las riñas registradas la semana pasada en el penal El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 internos muertos y alrededor de una decena de heridos.
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer proyecto se desarrollará en Sinaloa con recursos federales y tendrá espacio para 2 mil 640 internos. Según Harfuch, contará con tecnología de vigilancia, sistemas de inspección, bloqueo de señales y módulos para clasificar a la población penitenciaria según su perfil y nivel de riesgo. Mientras se construye, el penal de Mazatlán permanece reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de seguridad.
Sheinbaum señaló que los seis centros podrían estar terminados en 2028 y defendió la ampliación de la infraestructura ante el riesgo de sobrepoblación. La mandataria indicó que desde el inicio de su administración han sido detenidas alrededor de 70 mil personas y sostuvo que el hacinamiento representa riesgos tanto para los derechos humanos como para la seguridad. Los nuevos penales serán operados por autoridades federales o estatales, no por empresas privadas.
Harfuch también reportó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026 se realizaron 3 mil 275 traslados penitenciarios. En nueve operativos en Sinaloa, autoridades trasladaron a 636 internos a centros federales. Además, se efectuaron 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios para decomisar objetos y sustancias prohibidas.
Como parte del fortalecimiento del sistema, el funcionario informó la incorporación de mil 192 elementos y la creación de una Unidad de Reacción Penitenciaria. También aseguró que los códigos de emergencia en centros federales disminuyeron 35% respecto de la administración anterior. El gobierno plantea que las nuevas instalaciones incluyan espacios para educación, trabajo, capacitación, salud y deporte, con el objetivo de mejorar el control de los penales y la reinserción social.
