La aseguradora alcanzó a realizar un primer pago antes de detectar irregularidades en el expediente de un supuesto homicidio culposo. Entre los detenidos hay cuatro trabajadores de la Fiscalía estatal y un exfuncionario.
Cinco personas, entre ellas cuatro servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y un exfuncionario, fueron detenidas por su presunta participación en un fraude millonario contra una aseguradora, mediante documentos falsos que daban por muerta a una persona que seguía con vida.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los implicados habrían alterado expedientes para simular un homicidio culposo derivado de un accidente de tránsito y utilizar esa documentación para gestionar el cobro de una póliza de seguro. La Fiscalía estatal informó que el caso fue investigado en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La compañía aseguradora realizó un primer pago por una suma considerable, pero detectó inconsistencias e irregularidades en la carpeta de investigación, por lo que presentó una denuncia formal. Las indagatorias derivaron en órdenes de aprehensión por presuntos delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, así como ejercicio ilícito del servicio público.
Los detenidos fueron identificados como Edilberto “N”, agente del Ministerio Público; Jesús “N”, perito criminalista; Oscar David “N”, perito médico forense; y Arturo “N”, agente de la Policía de Investigación, todos trabajadores de la FGE. También fue aprehendido Diego “N”, perito químico y exfuncionario de la misma institución.
Las capturas se realizaron en distintos puntos: dos en Puruándiro, una en Lázaro Cárdenas y otra en Morelia. La quinta detención, correspondiente al exfuncionario, ocurrió en Guanajuato, con apoyo de la Fiscalía General de esa entidad.
Los cinco imputados quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que determinará su situación jurídica. Hasta el momento, las acusaciones corresponden a señalamientos ministeriales y será el proceso judicial el que establezca las responsabilidades correspondientes.
