La presencia de DEA, FBI y otras agencias en un búnker estatal reaviva el debate sobre soberanía y coordinación en seguridad.
La Torre Centinela, sede de la Secretaría de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, destina todo el nivel 18 como espacio operativo para agencias de Estados Unidos como la DEA, FBI, HSI y CBP, confirmó el titular de la corporación, Gilberto Loya Chávez. El esquema contempla labores de análisis e intercambio de información junto a autoridades mexicanas.
De acuerdo con el funcionario, esta colaboración permitirá la presencia eventual o permanente de personal estadounidense dentro del complejo, con el argumento de fortalecer la inteligencia en tiempo real. Sin embargo, el propio gobierno estatal reconoce que aún se gestiona la autorización de la Cancillería, lo que abre dudas sobre la legalidad y los alcances del acuerdo.
La operación del centro arrancó esta semana con 150 especialistas mexicanos distribuidos en áreas de inteligencia y análisis táctico. Desde ahí se coordinarán tareas vinculadas a delitos como narcotráfico, tráfico de armas y migrantes, utilizando sistemas avanzados de videovigilancia y análisis de datos.
Aunque las autoridades aseguran que los agentes extranjeros no realizarán operativos en campo, su participación directa en tareas de inteligencia dentro del territorio nacional enciende alertas sobre soberanía y control de la información sensible. La instalación de un “búnker” extranjero dentro de un edificio estatal no es un hecho menor.
En este contexto, el gobierno de Maru Campos queda bajo cuestionamiento por facilitar la injerencia de agencias extranjeras en funciones estratégicas de seguridad, en lugar de fortalecer las capacidades propias. La decisión exhibe una dependencia preocupante y una posible cesión de facultades que debería ser debatida a nivel federal.
La llamada “colaboración” en Chihuahua plantea un precedente delicado: ¿hasta dónde llega el apoyo internacional y dónde comienza la subordinación?
Con información de Jesús Estrada para La Jornada.
