Más de 200 víctimas y 50 millones de pesos perdidos evidencian la lentitud, negligencia y contradicciones de las autoridades estatales a lo largo de cinco años.
El fraude cometido por la Integradora Independencia, Sociedad Cooperativa de Consumo de Bienes y Servicios, S de RL de CV, en Querétaro, que ha dejado al menos 200 víctimas y un daño patrimonial cercano a los 50 millones de pesos, exhibe la ineficacia institucional que ha marcado el actuar del gobierno estatal encabezado por Mauricio Kuri.
A más de cinco años de las primeras denuncias, el caso apenas comienza a judicializarse, con órdenes de aprehensión sin cumplir y procesos que avanzan con lentitud. Desde 2020, cuando se interpusieron las primeras denuncias, la Fiscalía de Querétaro clasificó el caso como fraude genérico, pero su actuación ha estado marcada por omisiones.
No sólo permitió que la cooperativa, pese a las acusaciones, continuara operando sin advertencias públicas, sino que incluso avaló mecanismos como acuerdos reparatorios, pero que nunca se cumplieron. Pese a que existía una cláusula que obligaba a judicializar el caso ante incumplimientos, esta no fue aplicada oportunamente, lo que prolongó el daño a los afectados.
Los testimonios de las víctimas reflejan no sólo pérdidas económicas, sino consecuencias humanas profundas: enfermedades, deterioro emocional e incluso fallecimientos asociados a la angustia por la desaparición de sus ahorros. Personas como jubilados y adultos mayores, quienes durante décadas confiaron en la institución, se enfrentaron a negativas sistemáticas para retirar su dinero.
A pesar de que el problema fue expuesto desde la campaña política del panista Mauricio Kuri, y se le insistió ya cuando empezó como gobernador, los afectados denuncian que nunca hubo una respuesta efectiva. La continuidad en la operación de la cooperativa, incluso con licencias municipales vigentes, reveló una cadena de negligencias institucionales. La inacción, acusan, sugiere la posible protección de intereses detrás del esquema fraudulento.
El caso alcanzó niveles críticos cuando, en 2023, la propia fiscalía emitió un dictamen de “no acción penal” argumentando la inexistencia del delito, decisión que contrastó en enero de 2026, cuando se judicializó el expediente y se emitieron 42 órdenes de captura; 24 no han sido cumplimentadas y sólo 10 personas fueron vinculadas a proceso. Mientras tanto, las víctimas continúan esperando respuestas ante la aparente impunidad bajo la administración estatal.
Con información de Demian Chávez de La Jornada.
