La Presidenta reveló la cancelación de seguros, primas y apoyos millonarios que inflaban los ingresos del Poder Judicial en administraciones pasadas.
En medio del debate por los privilegios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las percepciones netas de las y los ministros se redujeron de 206 mil a 134 mil pesos mensuales, tras la nueva conformación del Órgano de Administración Judicial.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria presentó un reporte oficial que detalla cómo, con la llegada de los nuevos integrantes de la Corte, se eliminaron 59 de los 149 apoyos extraordinarios que existían en la integración anterior. Sheinbaum subrayó que estos beneficios no respondían a criterios de austeridad ni de justicia salarial, sino a una estructura de privilegios sostenida por años.
Entre las cancelaciones más relevantes se encuentra el Seguro de Separación Individualizada, que representaba 523 mil pesos, así como el seguro de gastos médicos mayores, valuado en 36 mil pesos. Además, el aguinaldo de los ministros pasó de 585 mil a 377 mil pesos, un ajuste que refleja, dijo, el nuevo enfoque de responsabilidad en el uso de recursos públicos.
El informe también expone la eliminación de la prima de riesgo, que ascendía a 639 mil 917 pesos y ahora es de cero pesos. A ello se suman recortes en medicinas complementarias, que alcanzaban un millón 953 mil pesos; chequeos médicos privados por 35 mil 966 pesos; y el apoyo para alimentos, que en conjunto superaba los 5 millones 341 mil pesos.
Sheinbaum sostuvo que estas medidas confirman que el proceso de transformación también alcanza al Poder Judicial, y reiteró que nadie debe ganar más ni vivir con lujos financiados por el erario, mientras millones de mexicanos enfrentan carencias. El mensaje, dejó claro, es que la austeridad republicana no es discurso, sino política pública.
Hace unos días, apenas iniciado el ciclo fiscal 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se vio envuelta en una vertiginosa controversia administrativa, tras la adquisición de una nueva flota de vehículos blindados.
Hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum, a finales de la semana pasada, tuvo que salir y elevar una crítica airada.
Los ministros acusaron de recibo, por lo que esta mañana, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, tuvo que salir en conferencia de prensa a anunciar la devolución total de las costosas unidades.
Pero analicemos las cosas a fondo: la compra original respondía a protocolos de seguridad estándar para altos funcionarios. No obstante, el análisis de riesgo actual —realizado tras la adquisición— determinó que no existen amenazas activas que justifiquen el despliegue de activos de alta protección. El costo de mantenimiento, combustible y personal especializado de estos vehículos representa una carga millonaria al erario que ahora será cancelada.
Es importante decir que no se trata sólo de un mero movimiento administrativo, sino de una política de “Austeridad Jurisprudencial”. ¿A qué me refiero? A que la devolución de las camionetas lujosas marca un importantísimo presidente en la gestión de recursos del nuevo Poder Judicial, buscando cerrar la brecha de percepción entre los juzgadores y la ciudadanía en un contexto de alta vigilancia social sobre el gasto público.
Históricamente, el auto blindado ha funcionado como un “capelo de cristal” que separa físicamente al funcionario del entorno social. Al renunciar a él, la SCJN busca una rehumanización de la justicia, eliminando los símbolos de estatus y privilegio que alimentan el resentimiento social.
Bien por los ministros, pero no es mérito exclusivo de ellos: tuvo que salir la Presidenta a golpear la mesa y, en cierto sentido, enmendarles la plana.
La ministra afirmó que las resoluciones de la Corte se emitirán con responsabilidad, justicia social e independencia, en diálogo con la industria de la radio y la televisión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será garante del Estado de Derecho y brindará seguridad jurídica mediante resoluciones responsables, apegadas a la ley y con un enfoque de justicia social, afirmó la ministra Yasmín Esquivel Mossa durante un encuentro con el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).
En la reunión, realizada en la Ciudad de México, la ministra subrayó que el máximo tribunal del país mantiene un compromiso firme con la legalidad, la independencia judicial y la protección de los derechos, elementos indispensables para la estabilidad institucional y el desarrollo democrático.
Esquivel Mossa reconoció el papel de las televisoras y radiodifusoras en la vida pública nacional, al destacar su labor para mantener informada a la población con oportunidad, y llamó a los concesionarios a continuar ejerciendo su función con profesionalismo, ética y veracidad, en beneficio de la sociedad.
Durante el diálogo, representantes de la industria expusieron diversas inquietudes relacionadas con el desarrollo del sector, el cual cuenta con una cobertura superior al 95% de la población y registra los niveles más altos de consumo entre los medios de comunicación masiva en México.
Por su parte, el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, agradeció la invitación del presidente de la SCJN y la participación de ministras y ministros. Señaló que para preservar las inversiones y los miles de empleos que genera la industria de la radio y la televisión, es indispensable contar con una Suprema Corte que escuche a todos los sectores y emita sentencias apegadas a Derecho, con plena independencia y certeza jurídica.
El encuentro refrendó la importancia del diálogo institucional entre el Poder Judicial y los sectores productivos, en un contexto donde la certeza legal es clave para el desarrollo económico y la confianza social.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrentó a una encrucijada institucional: ¿puede el Pleno actual corregir o anular lo que las extintas Salas decidieron en el pasado? La respuesta fue un no rotundo. El caso detonante fue el de Juana Hilda González (Caso Wallace), quien tras 19 años en prisión obtuvo su libertad por un amparo de la Primera Sala. La FGR intentó revertir esta libertad, pero la Corte determinó que sus fallos son “Cosa Juzgada”, es decir: verdades legales inamovibles.
Cabe mencionar que la impugnación de la FGR —promovida por el exfiscal Alejandro Gertz Manero— fue analizada mediante una consulta a trámite, en la que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó si procedía un recurso de revisión contra sentencias dictadas por las extintas Salas al ejercer la facultad de atracción en amparos directos.
Aunque se votó por unanimidad que las sentencias no se revisan, quedó una “puerta entreabierta” en el Párrafo 52. Y es que la ministra Lenia Batres sugirió que en el futuro se podría discutir la “Cosa Juzgada Fraudulenta”. Esto significa que si un juicio fue un engaño total (fraude procesal), la historia podría ser distinta. No obstante, siete ministros se opusieron a mencionar esto, pero por un error de procedimiento o tiempos de votación, el texto quedó en el aire.
Algunos especialistas sostienen que la sociedad necesita que las leyes sean predecibles. Y si una sentencia de la Corte pudiera cambiarse años después, el sistema colapsaría en una incertidumbre eterna. La “Cosa Juzgada”, en ese sentido, es el ancla que evita el caos jurídico.
El rechazo de siete ministros al párrafo 52 muestra una resistencia interna contra la posibilidad de abrir juicios pasados.
El evasor fiscal tiene cinco días hábiles para cubrir más de 51 mil millones de pesos, luego de que la Suprema Corte dejó firmes las resoluciones fiscales.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego cuenta con esta semana para liquidar un adeudo fiscal superior a los 51 mil millones de pesos, luego de que las resoluciones que ordenan el cobro quedaron firmes tras ser avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el procedimiento se apega estrictamente a la ley y aclaró que, si existe voluntad de pago, el contribuyente podría solicitar un ajuste en las sentencias, el cual —de acuerdo con la normatividad— podría alcanzar hasta un 39 por ciento, siempre bajo criterios legales y no discrecionales.
Por su parte, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló que la semana pasada se enviaron los requerimientos de cobro a las empresas del dueño de Grupo Salinas, y que el jueves se realizó la notificación formal, por lo que el plazo legal ya está corriendo.
“A partir de que surte efectos la notificación, el Código Fiscal de la Federación establece un plazo de cinco días hábiles, que corresponden a esta semana”, precisó el funcionario, dejando claro que no hay prórrogas automáticas ni tratos especiales.
El caso ha cobrado relevancia pública luego de que la SCJN desechó los recursos legales promovidos por el empresario, confirmando la procedencia del cobro y cerrando la puerta a nuevas impugnaciones. Desde el gobierno federal se ha insistido en que nadie está por encima de la ley y que el combate a la evasión fiscal es una prioridad para fortalecer las finanzas públicas.
La administración federal ha reiterado que los recursos recuperados por este tipo de acciones se destinan principalmente a programas sociales, salud, educación y obras públicas, sin necesidad de incrementar impuestos, sino fortaleciendo la recaudación y combatiendo prácticas irregulares.
El gobierno federal confirmó que el empresario ya fue requerido formalmente para cubrir sus adeudos fiscales, luego de que la Suprema Corte desechó sus recursos legales y dio la razón al SAT.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal ya notificó formalmente a Ricardo Salinas Pliego para que cubra los adeudos fiscales que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó sus recursos legales y ratificó la resolución de un tribunal que falló a favor de la autoridad fiscal.
Durante la Mañanera del Pueblo desde Ecatepec, Estado de México, la mandataria precisó que el proceso se encuentra en la fase administrativa correspondiente y ahora se espera la respuesta del empresario. “Ya se notificó y estamos esperando su respuesta”, señaló.
Sheinbaum explicó que, conforme a la ley, las empresas involucradas en litigios fiscales deben acercarse al SAT para definir el mecanismo de pago, el cual puede realizarse incluso en parcialidades, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad hacendaria.
En ese contexto, la presidenta rechazó tajantemente las acusaciones de Salinas Pliego, quien ha señalado que las resoluciones judiciales obedecen a una supuesta persecución política. “No hay persecución política ni violación de derechos. Se trata de un requerimiento fiscal derivado de una resolución definitiva de la Corte, que determinó que su amparo no era procedente”, afirmó.
La mandataria subrayó que su gobierno mantendrá una política de respeto al Estado de derecho, en la que nadie esté por encima de la ley, y reiteró que las decisiones del Poder Judicial deben cumplirse sin excepciones, independientemente del perfil económico o político de los contribuyentes involucrados.
El ex mandatario hondureño enfrenta acusaciones de lavado de activos y fraude tras ser liberado en EUA.
La Suprema Corte de Honduras emitió este lunes una orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude en el caso conocido como Pandora II.
El ex mandatario, de 57 años, fue liberado el pasado 1 de diciembre en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años por narcotráfico, tras recibir un indulto presidencial de Donald Trump.
El fiscal general hondureño, Johel Zelaya, informó a través de su cuenta de X que la orden de captura fue firmada por el juez Walter Raúl Miranda Sabio y enviada al jefe de Interpol en Honduras.
“Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández. Nuestra lucha es frontal”, declaró Zelaya, quien fue promovido por el partido Libertad y Refundación (Libre).
La medida se ha tomado mientras Hernández enfrenta procesos judiciales en su país natal por irregularidades financieras vinculadas a su administración y que se investigan desde hace varios años. La orden internacional busca garantizar que pueda ser detenido fuera del territorio hondureño en caso de viajar al extranjero.
Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, ha sido señalado repetidamente por su vinculación con el narcotráfico, además de investigaciones sobre corrupción y desvío de fondos públicos. La acción de la Suprema Corte marca un nuevo capítulo en los esfuerzos de las autoridades hondureñas por llevar ante la justicia a exfuncionarios involucrados en delitos económicos y financieros.
La presidenta de México aseguró que la resolución de la Suprema Corte sobre los impuestos de Ricardo Salinas Pliego será cumplida al pie de la letra, y advirtió sobre los intentos de convertirlo en un tema político.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego, se dará a conocer el procedimiento para el cobro de estos impuestos. La mandataria subrayó la importancia de transparentar los pasos que se seguirán.
Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum reiteró que la resolución judicial, que se extendió por más de 15 años de proceso jurídico, representa el cumplimiento de la ley y el ejercicio del estado de derecho. “La Corte ya tomó una decisión y se tiene que cumplir. Esto es justicia, no política”, puntualizó.
La Presidenta criticó los intentos de politizar el caso, señalando que algunos sectores buscan usar la resolución como arma política. También se refirió a recientes comentarios del PAN sobre la posible postulación de Salinas Pliego, afirmando que este partido impulsa una postura de ultraderecha que remite a las viejas premisas del porfiriato, donde la democracia y las libertades estaban limitadas.
Sheinbaum alertó sobre la relevancia de estas estrategias políticas y recordó que movimientos de ultraderecha en el continente han buscado históricamente restringir la libertad y la democracia, recordando los golpes de Estado en Sudamérica como ejemplo. La mandataria enfatizó que, más allá de la discusión política, el cumplimiento de la ley debe ser claro y transparente para la ciudadanía.
Suprema Corte desembolsará 23.2 mdp en seis ministros que ya no prestan ningún tipo de servicio a la nación
Por Ricardo Sevilla
Tras firmar su renuncia, exministros como Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales (quien concluyó su periodo el 30 de noviembre), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis Alcántara se hicieron acreedores a un haber de retiro que incluye un jugoso aguinaldo cercano al medio millón de pesos.
Pese a que hace unos meses ocho de los 11 exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron su renuncia y dejaron sus funciones, este Fin de Año cobrarán una cuantiosa suma en forma de aguinaldo.
Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis Alcántara recibirán en promedio 445 mil pesos en aguinaldo, según la tabla de remuneraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigente en 2024.
Los ministros que firmaron su renuncia antes del 30 de octubre de 2024 y renunciaron a participar en la elección de ministros se hicieron acreedores a un Retiro de Haber. Este retiro de haber incluye, además de su sueldo mensual, prestaciones mayores como aguinaldo, seguro de gastos médicos mayores, prima vacacional, pago por riesgo o reembolso de compra de medicamentos.
Además, se les brindó la opción de comprar el vehículo que usaron durante sus funciones.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el haber de retiro para cada ministro se calcula con base en el último salario mensual que percibían. Aunque el tabulador publicado en el Diario Oficial de la Federación estipulaba un sueldo máximo de 206 mil 948 pesos, hubo ministros que se llevaron más de 100 mil pesos adicionales en compensaciones.
Monto que ahora seguirán cobrando en forma de haber de retiro por los próximos dos años. De calcularse individualmente, seis exministros de la SCJN cobrarán mensualmente:
Es decir que, al año, la Corte tendrá que desembolsar unos 23.2 millones de pesos para pagar a seis ministros que no prestan ningún tipo de servicio público. Aunado a ello, cada ministro recibirá en promedio los 445 mil pesos de aguinaldo, dando un total de 2 millones 670 mil pesos en bonificaciones de Fin de Año.
Pensión vitalicia por años
Cabe señalar que el haber de retiro se calcula con base en el salario mensual que percibían los exministros.
Sin embargo, sólo los ministros que completaron los 15 años para los que fueron elegidos tienen acceso al 100% del monto, mientras que aquellos con menos tiempo recibirán una parte proporcional. Luego de dos años, a todos se les reducirá un 20% del monto que ya reciben.
Durante los dos primeros años, exministros como Norma Piña o Javier Laynez Potisek acceden al 64.8% del pago, mientras que Alberto Pérez Dayán o Alfredo Gutiérrez recibirán el 85%.
Sólo el exministro Pardo Rebolledo recibe el 97%, pues fue el único que completó el periodo de 15 años.
Para cubrir las pensiones de estos seis ministros, la Corte tendrá que desembolsar más de 23 millones de pesos, suma que se añade a lo que ya pagaba a 10 ministros que se retiraron antes de 2025, entre ellos Arturo Zaldívar o Luis María Aguilar Morales, quien cobra mensualmente 206 mil 948 pesos.
Es decir, que para los próximos dos años, la Corte tendrá que pagar más de 54 millones de pesos en retiros.
El salario mínimo de un trabajador está fijado en 278 pesos diarios, por lo que las pensiones de los exministros equivalen al trabajo de un día de 194,244 mil mexicanos.
Lamentablemente, los gastos de la Corte no pararán ahí, pues cerca de 800 jueces y magistrados esperan se finiquite su liquidación.
Y mientras ellos esperan, la tasa de impunidad en el país se dispara, pues sólo 14 de cada 100 delitos que se denuncian se resuelven con una sentencia.
El máximo tribunal sancionó al empresario y a Grupo Elektra tras desechar sus recursos con los que buscaba excusar a nueve ministros por presunto conflicto de interés en juicios que suman más de 34 mil millones de pesos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impuso una multa a Grupo Elektra, propiedad del deudor fiscal, y también empresario, Ricardo Salinas Pliego, por intentar entorpecer y retrasar dos juicios fiscales promovidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en conjunto superan los 34 mil 373 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente, la empresa presentó dos recursos para que nueve ministros y ministras se excusaran de conocer los casos por presuntos conflictos de interés, entre ellos Lenia Batres, Loretta Ortiz, Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Yasmín Esquivel, así como los ministros Hugo Aguilar, Arístides Rodrigo Guerrero, Giovanni Figueroa e Irving Espinosa.
Sin embargo, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, desechó ambas solicitudes “sin mayor trámite” y ordenó una sanción económica contra Elektra, cuyo monto no fue revelado. En la notificación judicial se establece que la empresa abusó del proceso judicial con fines dilatorios, por lo que se dispuso que el billete de depósito correspondiente sea remitido a la Tesorería de la Federación para hacer efectiva la multa.
Los juicios fiscales en cuestión corresponden a dos créditos del SAT, uno por 33 mil 306 millones de pesos y otro por mil 431 millones, derivados de impuestos, recargos, multas y actualizaciones que la empresa ha impugnado durante años.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, interpuso un nuevo recurso de reclamación ante la Corte contra un amparo adicional promovido por Elektra. Dicho recurso fue admitido por el ministro Hugo Ortiz Aguilar, y turnado a la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías, quien elaborará el proyecto de sentencia definitiva.
