El presidente de Brasil defendió el debido proceso y aseguró que cualquier funcionario debe responder ante la justicia si se acredita que cometió un delito.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, marcó distancia con el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, quien enfrenta señalamientos relacionados con un presunto caso de corrupción, y sostuvo que, si se demuestra su responsabilidad en algún delito, deberá responder ante la justicia.
Durante una entrevista en el podcast “Desce a letra show”, Lula afirmó que toda persona que cometa un delito debe ser juzgada con garantías y derecho a la defensa, independientemente de su cargo. “Si cometió un delito tiene que pagar”, sostuvo el mandatario, al señalar que el mismo principio debe aplicarse a cualquier integrante de las instituciones brasileñas.
Las declaraciones ocurren mientras el Supremo Tribunal Federal (STF) analiza si debe abrir una investigación contra Moraes por sus presuntos vínculos con Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, quien permanece detenido por un caso de fraude bancario. El episodio ha generado una crisis interna dentro del máximo tribunal brasileño.
Lula también rechazó los señalamientos de sectores opositores que buscan vincularlo con Moraes. El mandatario recordó que él no designó al magistrado en el Supremo, pues fue el entonces presidente Michel Temer quien lo nombró en 2017. Con ello, buscó aclarar que su relación con el juez no implica responsabilidad sobre sus decisiones.
El presidente brasileño atribuyó parte de las críticas contra Moraes a resoluciones adoptadas por el Supremo, entre ellas procesos contra integrantes del entorno del expresidente Jair Bolsonaro. Lula mencionó además las investigaciones por el asesinato de la concejala Marielle Franco, ocurrido en 2018, como uno de los asuntos que han generado confrontación política.
Finalmente, Lula recordó que Bolsonaro fue quien designó al juez André Mendonça para el Supremo y señaló que este también ha sido mencionado en cuestionamientos relacionados con el llamado “Caso Master”. El mandatario insistió en que las acusaciones deben ser investigadas y cualquier eventual responsabilidad deberá determinarse mediante un proceso judicial.
