La aeronave, adquirida durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, fue señalada por presuntos actos de corrupción y generó costos millonarios al Estado hondureño.
Una empresa mexicana de vuelos chárter ganó la subasta del avión presidencial de Honduras, una aeronave que durante años estuvo envuelta en acusaciones de corrupción, desvío de recursos y uso irregular. La firma Thebe Ingeniería y Consultoría presentó la única oferta y adquirió el Embraer Legacy 600 por 5.1 millones de dólares, apenas por encima del precio base establecido por las autoridades hondureñas.
De acuerdo con la Secretaría de Defensa de Honduras, la compañía mexicana superó el precio mínimo por alrededor de 37 mil dólares, quedándose con el avión que fue adquirido en 2021 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. La venta forma parte de las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno del presidente Nasry Asfura.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha señalado que la compra del jet se realizó con 14 millones de dólares, parte de ellos provenientes de donativos otorgados por Taiwán que originalmente estaban destinados a fortalecer los sectores de salud y defensa. Además, el organismo denunció que los gastos de operación, mantenimiento y uso elevaron el costo total de la aeronave hasta 37 millones de dólares, recursos obtenidos mediante un impuesto creado para combatir la criminalidad.
Las investigaciones también revelaron que, en 2024, la Dirección de Bienes Nacionales denunció ante la Fiscalía que al menos diez particulares utilizaron el avión para viajes no oficiales y el traslado de mercancías no especificadas, lo que reforzó los cuestionamientos sobre el manejo de la aeronave y el presunto uso indebido de recursos públicos.
La subasta coincide con el próximo regreso a Honduras de Juan Orlando Hernández, previsto para el 26 de julio, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgara un indulto por la condena que enfrentaba por narcotráfico. No obstante, las autoridades hondureñas informaron que el exmandatario deberá responder por un proceso de corrupción distinto al relacionado con la adquisición y operación del avión presidencial.
