Las investigaciones por el robo de combustible alcanzan a personal ligado a la industria petrogasera y mantienen bajo la lupa a gasolineras en varios municipios, el caso vuelve a exhibir que el huachicol sigue operando en Guanajuato pese a los esfuerzos oficiales.
La Fiscalía General de la República, reveló que investiga a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato por su presunta colaboración con grupos del crimen organizado para perforar ductos y facilitar el robo de combustible. La declaración fue hecha por el delegado Juan Francisco Vera Ayala, quien advirtió que las indagatorias ya están en marcha. El señalamiento exhibe la profundidad de un delito que durante años ha golpeado al estado.
Las indagatorias también alcanzan a cuatro gasolineras ubicadas en Léon y la capital del estado, cuyos propietarios no han logrado acreditar el origen legal de la gasolina y el diésel que comercializaban, además de presentar irregularidades en la documentación requerida para operar.
Tras los operativos, estaciones de servicio de León, Irapuato, Salamanca y la región Laja-Bajío dejaron de funcionar. Sin embargo, el cierre de estos negocios no detiene las investigaciones, puesto que las autoridades buscan determinar el destino del combustible almacenado y deslindar responsabilidades.
El caso representa un nuevo golpe para la administración de Libia Denisse, gobernadora panista de Guanajuato, que sigue enfrentando problemas de seguridad mientras el robo de combustible continúa siendo una de las principales actividades del crimen organizado en la entidad.
La disputa entre los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación por el control del robo de combustible mantiene la presión sobre Guanajuato, donde se ubica la refinería Salamanca, un punto estratégico para este delito. La violencia y la operación de estos grupos continúan siendo uno de los mayores retos para el gobierno estatal.
Guanajuato permanece entre las entidades con mayor incidencia al registrar 15 tomas clandestinas, una cifra que refleja que el huachicol sigue lejos de estar controlado y que la estrategia de seguridad estatal continúa sin ofrecer resultados contundentes.
