El choque entre trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla marca el accidente más grave del sector en años y obliga al Gobierno español a suspender servicios y agenda oficial.
España vivió su peor tragedia reciente en la red de trenes de alta velocidad, luego de que un descarrilamiento múltiple en Adamuz, Córdoba, dejara al menos 39 personas muertas y 48 heridas, 12 de ellas en estado grave, entre las que se encuentra un menor de edad, según el último balance oficial.
El accidente ocurrió a las 19:39 horas del domingo, cuando el tren Iryo 6189, que cubría la ruta Málaga–Puerta de Atocha, descarriló en sus tres últimos vagones con 317 pasajeros a bordo. Las unidades invadieron la vía contigua e impactaron contra un tren Alvia de Renfe con destino a Huelva, cuyos dos primeros vagones salieron despedidos y cayeron por un terraplén de cuatro metros, provocando escenas de pánico y destrucción.
La colisión se registró en un tramo recto de la línea Madrid-Sevilla, infraestructura renovada recientemente con una inversión de 700 millones de euros, lo que llevó al ministro de Transportes, Óscar Puente, a calificar el hecho como “raro y difícil de explicar”. La empresa Iryo informó que el tren fue fabricado en 2022 y había sido revisado cuatro días antes del siniestro.
El presidente Pedro Sánchez se trasladó a la zona del accidente, suspendió su agenda —incluida una reunión con el líder opositor Alberto Núñez Feijóo— y aseguró que el Gobierno trabaja de manera coordinada con servicios de emergencia y autoridades locales. Los reyes Felipe VI y Letizia expresaron su solidaridad con las víctimas.
El impacto del accidente obligó a suspender el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, afectando a más de 200 trenes y miles de pasajeros. Las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos aumente conforme avancen las investigaciones y la atención médica.
Este hecho es considerado uno de los accidentes ferroviarios más graves en la historia de España, solo detrás de tragedias como Torre del Bierzo (1944) y Santiago de Compostela (2013), y reabre el debate sobre la seguridad del sistema de alta velocidad.
